A menos de una semana de haber asumido en la cartera más difícil del gobierno, el desafío que enfrenta José María Grazzini es gigantesco. Tomó las riendas del área que el mismo gobernador Mariano Arcioni sabe que es el Talón de Aquiles de su gestión, donde más le ha costado encontrar los perfiles de los conductores y que reúne la mayor insatisfacción por parte de la ciudadanía.

La gran cantidad de días de clase perdidos, la caída que se observa –con índices objetivos- en los niveles de aprendizaje de los alumnos, el aumento de niveles de deserción producto de la pandemia, el descrédito del sistema de enseñanza pública, la falta de inversión desde hace mucho tiempo en los edificios de las escuelas, son todos factores que nadie puede negar, aunque tampoco se pueden adjudicar exclusivamente a esta gestión de gobierno.

Las políticas de estado se fijan con el tiempo, y se van notando a través del paso de los años: los chubutenses debemos hacernos una autocrítica de por qué nuestra calidad educativa cayó tan bajo. Es un problema que es fácil atribuirlo exclusivamente a las autoridades –no hay dudas de que el Estado tiene la mayor responsabilidad- pero donde también tienen su cuota parte los docentes junto a sus representantes sindicales, y por supuesto los padres de los alumnos, que no están exentos.

Y lo que está claro, más allá de las culpas y las responsabilidades que se puedan echar unos y otros, es que hay una sola víctima en todo esto, y son los alumnos.

Ya hemos analizado en este espacio cómo una generación completa de chubutenses quedó en desventaja frente a jóvenes de otras partes del país que deberán luego ingresar a las universidades y a un cada vez más exigente mercado laboral, en un mundo donde el conocimiento es el bien más preciado y que marca la diferencia.

En este contexto ultra complejo, con una paritaria salarial estancada, en medio de anuncios de medidas de fuerza por parte de los gremios docentes y con el reinicio de un ciclo lectivo -luego del receso invernal- que está en duda, José “Pepe” Grazzini aceptó “bailar con la más fea”, y después de haber jurado el martes pasado, está aún terminando el diagnóstico y elaborando un plan que será anunciado en sus primeras medidas a partir de esta semana.

El gobernador Arcioni abraza a Grazzini el martes pasado luego de jurar como ministro de Educación.

El ex ministro de Gobierno hasta diciembre pasado, tiene ahora en sus manos al ministerio más grande de todo el estado chubutense: más de 20 mil empleados, más de 700 escuelas distribuidas a lo largo de 224 mil kilómetros cuadrados, que demanda la mitad del presupuesto total de la administración pública pero que nadie sabe bien en qué se gasta.

¿Dónde va a parar la inversión educativa? ¿El Estado le destina poca plata a la educación? ¿O en realidad se gasta mal? Burocracia, sistemas administrativos arcaicos, dobles o triples sueldos, excesos en licencias, abuso en las comisiones de servicios, despilfarro en horas cátedra que no se controlan, son algunos de los temas que –según pudo saber ADNSUR- Grazzini está analizando por estas horas para tratar de ordenar el “elefante blanco”.

TRES ETAPAS

Grazzini sabe que tiene por delante un año y medio de gestión, y por eso quiere dividirlo en tres etapas con diferentes objetivos, por lo que planifica el anuncio de tres planes semestrales. En el primero, tiene la cabeza puesta en llevar a la mesa de negociaciones con los gremios un proyecto para acelerar la recuperación de contenidos, especialmente en materias troncales como Matemáticas y Lengua.

El nuevo ministro apunta especialmente a reforzar los años terminales, previos al ingreso al secundario y a la universidad, donde más se notan las enormes falencias formativas. En declaraciones públicas, ha expresado que se va a sentar en paritarias no solamente a discutir sobre sueldos, sino sobre todos los aspectos de la función de los docentes, y particularmente sobre lo que aprenden los alumnos.

Otro de sus objetivos es concretar los concursos para titularizar cargos de nivel inicial y primaria. No quiere perder tiempo y de la manera más rápida posible, cubrir las vacantes para asegurar la estabilidad laboral. En la cabeza de Grazzini está que nadie trabaja al 100 % cuando está a cargo de un puesto de manera momentánea, y que su compromiso es mayor cuando se siente seguro en el lugar.

Al mismo tiempo, trabaja en la reestructuración de las principales áreas del ministerio, que hasta aquí tenía tres subsecretarías de las cuales estaban en funcionamiento dos, siendo la más importante –un enorme pulpo que tiene intenciones de subdividir- la Subsecretaría de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión.

El viernes Grazzini encabezó una reunión con los equipos técnicos de Educación.

Todavía se estaban evaluando candidatos para reemplazar allí a Claudio Márquez, quien presentó la renuncia de forma indeclinable. Lo que tiene en claro, es que no puede quedar sin cubrir el área vinculada a la infraestructura escolar, denominada Subsecretaría de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares.

A Grazzini le alarma el poco nivel de información en esa área, que fue el punto de quiebre por el que salieron eyectadas dos ministras como Graciela Cigudosa y Florencia Perata. Le sorprende haber encontrado que no haya nadie que esté en una dirección de bienes reales, un inventario, un orden en el sistema. Hay fondos públicos para gastar en obras pequeñas y medianas, más que nada de mantenimiento diario, que requieren una alta logística en todo el territorio. Lo ocurrido con la caldera de la escuela 7719 de El Maitén fue una muestra palpable de la falta de manejo, y sirvió como una alerta que no se puede repetir.

Por lo pronto, hay dos definiciones concretas en la cabeza de Grazzini: una es que Laura Longo continuará en la subsecretaría de Política, Gestión y Evaluación Educativa; y otra es que pondrá en funcionamiento una nueva subsecretaría, que será un área específica que se ocupará de las escuelas técnicas, que hoy dan la impresión de formar parte de un “sistema muerto que funciona por inercia”, según los mismos actores.

AGUJEROS

El gran desafío del Ministerio de Educación es tratar de ser eficiente en el uso de los recursos. Se destinan muchísimos fondos, que equivalen a la mitad del presupuesto total, pero da la impresión de que nunca hay dinero o que no alcanza. El primer diagnóstico de la nueva gestión es que en realidad se gasta mal, a causa de agujeros del sistema, falta de control, burocracia e ineficiencia.

Un caso puntual sobre el que pondrá la lupa son la enorme cantidad de carpetas solicitando las famosas “comisiones de servicio”. Se trata de docentes que piden el pase para ir a trabajar a otro lado, a un lugar diferente al de su cargo de revista. Muchas veces son necesarias y sirven para aportar soluciones. Pero las fuentes consultadas reconocen que en muchas situaciones hay un abuso y no están justificadas en lo más mínimo.

Por poner un ejemplo, alguien que tiene un cargo en una escuela de Lago Blanco, se quiere ir a vivir a Esquel y pide el pase a otra escuela, por lo que -si es autorizado-, el Estado debe buscar un nuevo sueldo para cubrir el lugar que dejó, y seguir pagando el otro salario como si lo estuviera brindando allí, de acuerdo a la versión de las fuentes oficiales.  

La idea es que de aquí en más se autoricen sólo las comisiones de servicio que realmente hacen falta y estén absolutamente justificadas; pero como condición, deberán seguir trabajando en la zona geográfica a la que pertenece su cargo.

Otro tema son las licencias: de acuerdo a esas mismas fuentes oficiales, hay alrededor de 700 casos de usos de licencia hoy en toda la provincia, sobre los que se quiere aplicar un mayor control y analizar caso por caso. El rol de contralor médico es clave en este punto, a la hora de autorizar agentes que no van a trabajar por enfermedad, por cuidado de un familiar o por estrés.

Hay un dato que dice mucho sobre todo lo anterior: hoy existen alrededor de 15.000 personas físicas que son docentes, pero se pagan 17.000 salarios. Hay algo en lo que la política tiene una enorme responsabilidad, y son las famosas “adscripciones”: se permite a un empleado de educación ir a otro sector del estado, muchas veces para cumplir un rol político o directamente no hacer nada. Todos hacen la vista gorda, en un sistema nefasto que viene así desde hace años. Eso los docentes también lo ven y protestan con razón.

Las horas cátedra son para quien está frente al aula. Falta control y muchas no se cumplen.

Las nuevas autoridades educativas quieren volver a la carga con el objetivo de controlar el gran agujero negro de este ministerio, que son las denominadas “horas cátedra”. Se trata de contratos que se pagan a agentes de afuera del sistema que están frente a un aula enseñando, como puede ser por ejemplo un profesional que tiene a cargo un taller en un colegio secundario.

La sensación que viene desde hace tiempo es que en muchos casos el Estado no controla, o mira para otro lado: directores que firman planillas de asistencia por una cantidad de horas mensuales que nadie sabe si se cumplen, pero que de todos modos se pagan y muy bien. No son pocos los que creen que hay un “curro” que nadie quiere controlar y que sirve de negocio a mucha gente que no es del palo de la docencia, pero que todos los meses hace se hace con un plus salarial nada despreciable.

EFICIENCIA

Licencias con pagos de varios sueldos, comisiones de servicio, horas cátedra: la sensación es que si se quisiera aumentar el sueldo de los docentes, hay maneras de aprovechar mejor el gran presupuesto de esa área. No es descolgado recordar que años atrás, la dirigencia de la Atech junto al Frente de Gremios Estatales, habían presentado en la Legislatura un proyecto para aumentar los impuestos provinciales y así recaudar más del sector privado con destino a los sueldos de los trabajadores públicos.

Un desafío de las autoridades provinciales en la mesa de negociación paritaria, a la hora de evaluar de dónde salen los fondos para un aumento salarial, sería demostrar que el mismo sistema de educación puede ser más eficiente en el gasto y dejar de seguir haciendo un mal uso de los recursos.

Una de estas cuestiones fue abordada en la semana en un encuentro entre Grazzini y el ministro de Economía, Oscar Antonena. El tema exclusivo fue el detalle de ingresos y egresos de lo que se conoce como la Fuente 426: se trata de una suma de entre entre 600 y 800 millones de pesos mensuales, conformada por partidas nacionales destinadas a comedores escolares, transporte escolar y obras en escuelas.

Oscar Antonena y José Grazzini se reunieron en la semana para analizar el reparto de las partidas asignadas a educación.

Con frecuencia, parte del monto de la 426 es destinado a salarios, siempre que tengan destino educativo. Por ejemplo, el mes pasado se pagaron $ 198 millones con esa partida a las escuelas transferidas. El desafío es cómo se puede aprovechar aún mejor ese dinero.

A propósito de eficiencia, uno de los objetivos de Grazzini sería dar respuesta al histórico y justo reclamo de los docentes por la demora que llega a ser de 2 años en el trámite de las jubilaciones. Hay conciencia de que se debe agilizar el sistema actual, que es de una enorme burocracia, especialmente lo que tarda el trámite de la certificación de servicios que se debe enviar al Instituto de Seguridad Social y Seguros.

Un dato para tener en cuenta: en la cabeza de las autoridades no deja de estar en carpeta avanzar en una licitación para instalar en etapas en cada una de las escuelas de la provincia, la tecnología que permita controlar el ingreso de los docentes a partir de los datos biométricos. El tema está en agenda para 2023 y seguramente despertará protestas de los gremios docentes.

NEGOCIACION DURA

Por lo pronto, el primer escollo de Grazzini será enfrentar a una dirigencia gremial que lo espera en pie de guerra. El viernes, el titular del Sitraed, Guillermo Spina –un madrynense que conoce a Grazzini de toda la vida- afirmó que la medida de fuerza a la que habían adherido para el lunes y martes no era personal, es decir, no era contra él, sino la consecuencia de un arrastre de la demora de hace meses en la recomposición salarial.

En declaraciones al programa Sin Hilo en Canal 12, Grazzini ya anticipó que no va a llamar a dialogar en medio de medidas de coerción directa, mientras trata de destrabar algunas voluntades vía telefónica. Una de las definiciones que tomó y que es una contraposición a la política tomada hasta aquí por su colega de Gobierno, Cristian Ayala, es que sí se convocará a la mesa al gremio Sadop, que nuclea a los docentes privados.

El gobierno debió convocar el último viernes a una conciliación obligatoria para destrabar la medida convocada para lunes y martes: Atech anunció que no la va a acatar, mientras que Sitraed y el resto de los sindicatos aceptaron bajar su postura momentáneamente y se sentarán a escuchar la propuesta del nuevo ministro.

Da la impresión de que el flamante titular de Educación comenzaría con buen pie con los auxiliares, ya que tiene un diálogo abierto y fluido con el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, quien asistió a su jura, así como también estuvo presente el titular de Luz y Fuerza, Héctor González, y dirigentes de gremios como UDA, AMET, UPCN.

Guillermo Quiroga, Roberto Baradel y Jaime Percyk.

Grazzini ya entabló un ida y vuelta con su par de Nación Jaime Percyk, y tiene llegada al dirigente de Suteba, Roberto Baradel así como a Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes Universitarios, quien lo felicitó por las redes sociales.

Está claro que la postura más dura la tiene Grazzini en la dirigencia de Atech, con cuyos referentes no hay diálogo y le declararon el paro antes que nadie. El ministro confía en su cintura política para ir aflojando posiciones hasta aquí inflexibles, a través de muchas reuniones y la búsqueda de conciliación.

Daniel Murphy (Atech) y Guillermo Spina (Sitraed).

Pero de todos modos, quienes lo conocen dicen que estaría abriendo el paraguas y buscando tener alternativas si los paros no ceden. Por ejemplo, una sería potenciar en las escuelas secundarias el rol del Profesor Orientador de Tutorías (POT), quien junto a los preceptores, podría pasar a ser una figura clave que asegure la apertura de la escuela y el dictado de clases.

Otra vía, el último recurso pero para nada descartado, es avanzar en una ley emergencia educativa, que declare a la educación como un servicio esencial y sumarle el “ítem aula” como un adicional que cobren exclusivamente los docentes que den clases y no hagan paro

Algunos ven la eliminación del item "presentismo" como un supuesto triunfo de la lucha sindical docente que devino en una derrota del sistema, ya que dejó de haber incentivos para dar clase. Lo que existe únicamente es el "castigo" del descuento del día a los maestros que no va a trabajar.

Mañana comenzará el gran desafío en materia escolar, en el reinicio del ciclo lectivo para la segunda mitad del año para todos los alumnos de Chubut: el acatamiento al paro -que mantiene únicamente Atech- será una medida para observar qué panorama le espera al nuevo ministro, si con los chicos en las aulas o con los docentes en pie de guerra.

Por otra parte, el equipo técnico que se conforme y las medidas que se anuncien, también serán claves para ver si descomprimen la situación o si la agravan. Grazzini asumió la responsabilidad de resolver los conflictos del área más compleja del Estado: la formación de nuestros chicos, y su futuro, afrontan un momento decisivo que dependerá de la habilidad que pueda demostrar el nuevo funcionario.

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