Cuando la Legislatura reinicie su actividad esta primera semana de agosto con dos sesiones los días martes y jueves, pondrá en marcha la maquinaria legislativa para la segunda parte del año, en un momento que puede ser clave en varios aspectos para el futuro inmediato de la provincia, porque entre otras cuestiones, debe definirse en qué condiciones irá a votar Chubut en 2023.

De hecho, la situación electoral es uno de los temas centrales que circula en las charlas de los diputados, y es muy probable que haya un intento por avanzar en definiciones ya de entrada, en el mes de agosto. Esta sensación surge a partir de las charlas en off con representantes de varios bloques, ya que no son pocos los que entienden que las cuestiones de cómo se debe votar en 2023 deben dejarse claras lo antes posible.

Claro que no será la única cuestión a resolver y hay otros dos temas que están en el radar de los diputados hace tiempo ya: uno es la llamada Renta Hídrica, presentada por el PJ e impulsada por la región cordillerana, que parece haber llegado a su punto decisivo; la otra cuestión, es el problema con la educación en la provincia, y el discurso del gobernador Mariano Arcioni en la asunción de José María Grazzini como ministro, pidiendo colaboración con el presidente del bloque de la UCR sentado en primera fila.

Pero vamos en orden: la cuestión electoral. De acuerdo al relevamiento realizado desde esta columna, está muy cerca de lograrse el consenso necesario, tanto de parte del oficialismo como desde la UCR, para avanzar en la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos con la eliminación de las PASO.

Se trata de una ley que requiere mayoría simple, es decir que se necesitan mínimamente 14 votos para esta reforma, que –de aprobarse- lo que haría sería volver al sistema tradicional de internas dentro de cada partido para definir candidatos, quitando un turno electoral obligatorio para toda la ciudadanía, como ya hemos explicado en este espacio.

El sistema de las primarias ya ha sido criticado abiertamente por varias figuras, como por ejemplo el presidente del PJ, Carlos Linares, el vicegobernador Ricardo Sastre y también el presidente de la UCR, Damián Biss. El gobernador Mariano Arcioni ha sido prudente en sus declaraciones, pero ha dicho que se definirá lo que quiera la mayoría. El terreno para avanzar en esta reforma está abonado, y se está trabajando ya en la redacción de la reforma.

Mariano Arcioni, Ricardo Sastre, Carlos Linares y Damián Biss.

Y referido a esto, el otro punto que también tiene todo dado para tratarse, se trata de la Ley XVI N° 46, la ex ley 3098 de Corporaciones Municipales, que alcanza a todos los municipios que no tienen Carta Orgánica. De acuerdo a la modificación que hizo la Legislatura al artículo 8° en 2016, se determinó que “el intendente y los concejales serán elegidos directamente por el cuerpo electoral de la corporación municipal y durarán cuatro años en sus funciones. El intendente puede ser reelecto por un segundo mandato consecutivo. Para poder aspirar a una nueva elección deberá dejar transcurrir un período completo de cuatro años. Esta limitante no es aplicable a los concejales.”

Luego se agregó un artículo en el que se determinó que “para los intendentes electos en el año 2015, se considerará que el actual período es el primer mandato”. Lo que vale decir que quienes fueron reelectos en 2019, cumplen su segundo mandato consecutivo.

En este caso –que ya te anticipamos hace un año y medio atrás-, se está trabajando en un consenso de reforma, que dejaría a la nueva ley con una redacción que va a aclarar que se permite una reelección más, es decir, sólo un período y no de manera indefinida, tal como había planteado por el ejemplo el vicegobernador Ricardo Sastre.

Los temas de la eliminación de las PASO y la reelección de los intendentes están en agenda y varios legisladores creen que los tiempos no se pueden dilatar más, por lo que se debería avanzar cuanto antes en agosto. De ocurrir, será interesante ver cómo votan los diputados que responden al intendente de Trelew, Adrián Maderna, ya que esa ciudad está adherida a la ley provincial que fija las primarias, y esto podría modificar las reglas del juego.

EDUCACIÓN

El tema educativo está presente en los discursos de los legisladores de la oposición ya desde 2020, año de la pandemia. Se han votado muchos pedidos de informe y a nivel proyectos, el más concreto fue el presentado por el bloque de la UCR, concretamente autoría de la diputada comodorense Andrea Aguilera, para declarar la emergencia educativa en la provincia.

El apoyo a esta ley no fue descartado por el nuevo ministro de Educación, José María Grazzini, y la verdad es que el oficialismo lo está estudiando. En ese sentido, desde hace meses, circula un borrador -al que tuvo acceso ADNSUR-en despachos legislativos que amplía los alcances del proyecto original, e incluye varios ítems que buscan poner freno a la gran cantidad de paros que hubo en los últimos años, que provocaron una enorme pérdida de días de clase.

En la iniciativa se citan algunos datos indican que “aquellos alumnos que egresan en el sistema educativo provincial en el nivel primario y secundario en 2022, llevan acumulados 309 y 215 días sin clases respectivamente, desde que iniciaron su escolaridad debido a medidas de fuerza del personal de educación, docente y no docente sin contar el año en curso”.

Asegura este borrador que “la merma para los egresados de secundaria ha representado una media de casi 23 días sin clase por año, mientras que para los egresados de nivel primario una media de 30 días sin clase por año desde que iniciaron su escolaridad” y allí se incluye el siguiente dato: “la media nacional de días de paro en educación es de 12 días, con lo que la media histórica de 17 días de Chubut supera en un 41,66% esta media nacional”.

Los autores de este anteproyecto afirman que provincias como San Luis, Mendoza, o La Pampa “registran una media anual de menos de 8 días sin clases, por conflictos docentes, desde 1983 a la fecha” mientras que “Chubut es la Provincia que registra mayor cantidad de días sin clase de toda la Argentina, desde 1983 y sólo en lo que respecta a paros por conflictos sindicales”. 

Imagen de archivo de una movilización de docentes en Chubut: circula un borrador de una ley que busca frenar los paros.

Por ello, la propuesta declara la emergencia educativa por el plazo de 6 años, lo que implica “considerar a la educación como actividad esencial” y busca fijar el dictado del ciclo lectivo provincial en los niveles iniciales, primarios y secundarios con un mínimo garantizado y efectivo de 190 días clases que llegue hasta los 194 en 2026, “extendiendo el ciclo lectivo desde la segunda quincena de febrero hasta el mes de diciembre de cada año”.

Otra herramienta que prevé el presente Proyecto de Ley es la creación en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia el “Programa de detección y acompañamiento de estudiantes en riesgo de abandono escolar”.

EL ADICIONAL “ITEM AULA”

El punto más fuerte de esta propuesta, es que lo se denomina un adicional que incentiva la presencia en el dictado de clases y que busca contrarrestar los paros. Concretamente, el anteproyecto crea “para el cargo docente y horas cátedras de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial un adicional salarial denominado "Item Aula"; el que será el equivalente al 15 % de la asignación del cargo docente, zona y antigüedad”.

Explica que “las asignaciones creadas para el personal de educación en estado de actividad son remunerativas, por lo que se encuentran sujetas a aportes y contribuciones previsionales, asistenciales y gremiales y serán consideradas para el cálculo del sueldo anual complementario, siendo las mismas no bonificables”.

En el borrador de esta emergencia se estipula que “este incremento salarial será percibido por todo agente que preste servicios efectivos con título docente o habilitante y personal abocado a tareas directivas, y todo otro personal que se encuentre en las instituciones educativas en la atención directa de alumnos, cumpliendo las funciones para las que han sido designados en el establecimiento educativo, durante la totalidad de los días hábiles laborables del mes respectivo”.

En su articulado, se aclara que no se pierde el adicional Item Aula por el uso de licencia anual ordinaria; por licencia por maternidad; por licencia con motivo de accidente o enfermedad profesional conforme sea acreditada por la Dirección Provincial de Reconocimientos Médicos, mientras dure la licencia hasta un máximo de 20 días al año, hasta 2 inasistencias por mes y hasta 8 en el año no acumulables.

El item aula que se está analizando, busca pagar un aumento del 15 % a los docentes que no falten.

Y tampoco perderían este adicional los docentes con diagnóstico de enfermedades terminales presentadas ante la Dirección Provincial de Reconocimientos Médicos. En resumen, las asistencias injustificadas y repetidas, darían lugar a la pérdida de este beneficio, que es similar a una idea que se ha aplicado con éxito en otras provincias.

RENTA HIDRICA Y STJ

Para el cierre de esta nota de anticipo de lo que resta del año legislativo, no se puede dejar de mencionar otros dos temas, como son el inminente tratamiento del proyecto de Renta Hídrica y la continuidad de la dura relación entre varios legisladores y las autoridades del Superior Tribunal de Justicia.

Respecto al primero, se trata de una iniciativa presentada hace un año y medio atrás, que tuvo mucho avance en los últimos meses a partir del compromiso asumido por el gobernador Mariano Arcioni. Con algunos retoques, es probable que tenga aprobación esta propuesta que nace de los legisladores cordilleranos Rafael Williams y Carlos Mantegna, con el apoyo de Juan Pablo Luque, y el respaldo de intendentes como el esquelense Sergio Ongarato, quien puede ejercer influencia sobre el bloque de la UCR.

Tal como informamos en su momento desde ADNSUR, la propuesta busca poner en marcha después de 40 años el histórico reclamo de una Renta Hídrica para la región a partir de las ganancias que genera la producción hidroeléctrica de la presa Futaleufú, y de redefinir el contrato de concesión, para que las localidades de la región accedan a una tarifa de energía mucho más económica.

Respecto al otro asunto, la relación entre los diputados y los ministros del STJ no mejora, y sigue sin tener tratamiento el proyecto de presupuesto 2022, que con un incremento del 94 % sigue esperando en los cajones, dentro de un enfrentamiento que ya hemos explicado.

Como desde el Poder Judicial no se presentó ninguna nueva propuesta que busque achicar el impacto del presupuesto en los ingresos de Rentas Generales, tal como pidieron los diputados de la comisión de Hacienda, Juan Pais y Manuel Pagliaroni, toda la negociación quedó en "stand by", y nadie le puso fecha a la reunión solicitada por el presidente del STJ, Mario Vivas.

Represa Futaleufú y frente del Superior Tribunal en Rawson.

El tema seguramente seguirá generando polémica y puede tener un agregado extra: hay legisladores que abonan la idea de avanzar en una ley que directamente prohíba las acordadas de enganche de los salarios de la justicia de Chubut con los aumentos que fija la Corte Suprema. Esto ya se hizo una vez por seis meses de manera momentánea, y algunos no descartan que pueda volver la idea de manera más drástica.

Si el cierre del año pasado en la Legislatura fue de altísima intensidad, con la aprobación de los pliegos para la corte y el tratamiento de la ley de zonificación minera, no habría que descartar que la segunda parte de 2022 depare varias sorpresas. La sesión ordinaria del martes será el puntapié para que la actual Legislatura, tan denostada y cuestionada, pueda comenzar a revertir su imagen pública, al menos en la toma de decisiones sobre temas de relevancia, que es lo que ha faltado en la primera parte del año.

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