La Caja de Jubilaciones en Chubut: de cuánto es el déficit y la “bola de nieve” que pone en riesgo su futuro

Suele mostrase como un triunfo de los empleados públicos chubutenses la resistencia a la embestida para que su caja de jubilaciones sea absorbida por el sistema nacional, lo que evitó que sus jubilados sean incluidos en el régimen de la Anses. Si bien esto es cierto, tiene consecuencias: se cumple a costa de aplicar una ley que tiene más de 60 años, y que establece condiciones propias de otra época, provocando un enorme agujero en las cuentas públicas.

En nuestra provincia, la edad jubilatoria sigue siendo de 58 años para las mujeres y 62 años para los hombres que hayan llegado en ambos casos a los 30 años de servicio. Pero la ecuación ya no cierra desde 2017. A partir de entonces, el aporte de los trabajadores activos comenzó a quedar por debajo de la masa de haberes jubilatorios, y desde allí, la brecha comenzó a ser cada vez mayor.

Esto significa que lo que se recauda por aportes de los activos está cada vez más lejos de reunir lo que hace falta para pagar a los pasivos chubutenses, quienes cuentan con un haber promedio de $ 127 mil, el tercero más alto del país, muy cerca de los valores de Neuquén y Tierra del Fuego, según números oficiales publicados en la página de Cofeprés a nivel nacional.

Hoy los empleados públicos en Chubut ascienden a 57.800, mientras que el número de jubilados llega a los 18.800. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Economía relevados por esta columna, para cumplir con el costo total de las jubilaciones y pensiones, a lo largo de 2021 debió cubrirse desde Rentas Generales un déficit de $ 5.622 millones.

Debido a la movilidad de los haberes, la cifra varía mes a mes: el déficit en julio fue de $ 429 millones, en agosto de $ 440 millones, en septiembre de $ 515 millones, en octubre de $ 311 millones, en noviembre de $ 522 millones y en diciembre de $ 431 millones, con el extra del medio aguinaldo que arrojó $ 209 millones de déficit.

Al hablar de movilidad, nos referimos a que cada acuerdo paritario que cobran los activos, según la ley, el ISSyS tiene hasta 60 días para trasladarlo a los pasivos. Por ejemplo, con el último acuerdo de la cláusula gatillo pendiente para salud y policía, que elevó la masa jubilatoria de $ 2100 millones a $ 2400 millones en enero.

Se trata de un asunto clave, importante y serio, del que nadie habla, o al menos se esquiva públicamente como tema de agenda. Para que el sistema funcione bien, debería haber una equivalencia entre lo que se recauda y lo que se eroga, es decir, un equilibrio. Esto depende de una serie de variables –en principio son 5 que después vamos a detallar- que están establecidas por ley.

EN AUMENTO

Según los especialistas, esta ecuación negativa va a ir en aumento y es imposible que se revierta. Esto obedece a que el número de trabajadores activos se va a mantener estable en el tiempo, porque la planta de empleados del estado ya está explotada. Por otro lado, la expectativa de vida de la gente sigue aumentando: según la OMS, la esperanza de vida promedio entre hombres y mujeres era de 65 años en 1960 en Argentina, mientras que había llegado a los 77 años en 2019 antes de la pandemia.

Quiere decir que en comparación con la época en que se hizo la ley en Chubut, la población vive en promedio 12 años más. Esto es positivo para la salud de todos los ciudadanos, pero es un dato que impacta de manera negativa en los fríos números de las cuentas, que no cierran. Llevados a 13 haberes jubilatorios anuales, en promedio se pagan 156 sueldos más por jubilado que hace 60 años.

Durante un tiempo, la administración de Mariano Arcioni estuvo trabajando en un anteproyecto de reforma jubilatoria. Pero el tema quedó en el freezer, porque requiere un gran acuerdo de las fuerzas políticas que hoy no se da. Los diputados conocen el problema, pero se hacen los desentendidos: es más fácil realizar pedidos de informe y presentar proyectos demagógicos de jubilaciones especiales para determinados sectores, que lo único que hacen es aumentar el agujero en los números.

No se trata de algo que compromete a una gestión en particular, sino de una cuestión de estado, que le explotará más tarde o más temprano al gobernador de cualquier color político, si es que continúa siendo un tema “tabú” del que no se puede hablar, por temor a quedar como los responsables de tocar privilegios adquiridos que nadie quiere perder.

CAJA EN RIESGO

Lo que no se entiende es que, si no hace algo pronto, el sistema va directo al colapso, y ahí sí es probable que la Caja Provincial sea absorbida por la Anses. Aunque parezca una contradicción, si se quiere que las jubilaciones se mantengan en la órbita provincial, los dueños –los trabajadores- deberán hacer concesiones. Los gremios estatales lo saben, y los políticos también. Pero nadie lo pone sobre la mesa, porque es un tema “impopular” o dicho en criollo: “pianta votos”.

La falta de definiciones obliga al Estado a seguir sacando fondos de Rentas Generales, que dejan de ser destinados a servicios y obra pública. Sería justo que, si la decisión es que esto se prolongue mucho más en el tiempo, surja de una decisión de la que participe toda la ciudadanía, y no sólo el segmento de los 19 mil jubilados.

Lo que viene ocurriendo es que, como el Estado les debía a los jubilados una enorme cantidad de dinero por no realizar los aportes de manera completa –una deuda histórica generada por ejemplo en gestiones con bonanza económica, como las de Mario Das Neves y Martín Buzzi-, hasta ahora esos fondos se vienen imputando en el balance del ISSyS a cuenta del pago de la deuda.

De hecho, la deuda a valores nominales fue cancelada por la actual gestión, que ahora sigue aportando fondos que deberán ser imputados en una cifra que se debe acordar como intereses por el atraso. Pero en algún momento el Estado quedará al día de manera definitiva, y mientras tanto se sigue prolongando la definición sobre un déficit que no para de crecer.

Como ya dijimos, todos los meses el Ministerio de Economía debe completar el monto total que el ISSyS no alcanza a cubrir: aclaremos que, por un lado, hay una serie de regímenes cuyo déficit está contemplado por ley y debe ser asumido por Rentas Generales, como ocurre con los retirados de la policía, las amas de casa, o los ex combatientes, por citar algunos casos. Por este concepto, este año hubo transferencias por $ 2.079 millones.  

Pero por el otro, se debe marcar que -por leyes sancionadas por las distintas Legislaturas-, se fueron incorporando y acrecentando la cantidad de regímenes de excepción, para trabajos del estado que se considera especiales: por caso, los radiólogos, los trabajadores de salud mental, los docentes de escuelas especiales, los trabajadores viales, los guardafaunas, los trabajadores de la Imprenta Oficial, y determinadas áreas de Servicios Públicos.

Estos regímenes, que no vamos a repasar en detalle, son diferentes: permiten computar menos años de aportes y jubilarse a edades más tempranas, en un reconocimiento del resto de la sociedad a trabajos más “desgastantes” que los de un empleado administrativo. Ocurre que el déficit que generan debería ser cubierto por el resto de los aportantes al sistema, y eso no ocurre: en este caso, Economía debió remitir el año pasado más de $ 2400 millones para cubrir el rojo.

Por la enorme cantidad de agentes que incluyen, los dos agujeros más grandes al sistema los generan los policías –se retiran a edades muy tempranas- por un lado; pero especialmente los docentes, quienes según su régimen, se jubilan a los 53 años de edad con 25 años de servicio, durante los cuales hacen un aporte del 16 por ciento de sus haberes.

Los balances oficiales publicados por el ISSyS marcan que, si bien el descuento que se hace durante su vida activa a los maestros es dos puntos más alto que al resto de los empleados, igualmente esto no alcanza a cubrir la demanda: la ecuación entre docentes activos y docentes pasivos es altamente negativa, y genera el déficit más alto a las cuentas de la Caja de Jubilaciones.

PARÁMETROS

Está claro que no es un tema simpático de hablar, y que no cae bien escuchar estas cosas. Pero los números fríos no mienten y en realidad, cuidar a la caja consiste en tomar el problema en consideración y buscarle una solución. Negar lo que está pasando, no va a ayudar a los futuros jubilados.

Mencionemos cuáles son los cinco parámetros que inciden en la jubilación y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de buscar una solución: en primer lugar, la edad que -como dijimos- es de 58 años para mujeres y 62 para hombres, salvo regímenes especiales; en segundo lugar, los años de aporte, que en Chubut son 30 años, a excepción de los casos mencionados anteriormente; en tercer lugar, la determinación del haber inicial, que surge en base a los meses que se computan para el haber promedio, del que sale un número final que es equivalente al 82 % del total.

En cuarto lugar, está el concepto de la movilidad: hoy está contemplado que apenas reciben un aumento los activos, a los 60 días debe pagarse a los pasivos; ese plazo en todo caso podría reanalizarse.

En quinto lugar, el punto más difícil de tocar, es la tasa de aportes y contribuciones, que hoy está en 14 % para el empleado y el 18 % para el empleador. Ocurre que estas tasas están entre las más altas del país, y es muy difícil que el número final cambie con alguna modificación, ya que –según cálculos realizados por actuarios- para que el número cierre debería subir el aporte a más del doble, algo que es impracticable.

En realidad, la única solución pasa por hacer una combinación de todas estas variables, aunque de todos modos, los especialistas afirman que es muy difícil que el sistema se equilibre. En todo caso, se debería apuntar a tratar de minimizar el déficit o hacerlo lo menos significativo posible, y en generar una reforma para que el déficit sea controlado en el tiempo.

De lo contrario, si esto se sigue dilatando, continuará la sangría de Rentas Generales, adonde van a parar los magros ingresos que tiene hoy Chubut por Impuestos Nacionales, Provinciales y Regalías. Si el tema no se aborda, la provincia deberá seguir quitando fondos para salud, educación, seguridad y vivienda, para destinarlos a pagar una una masa de haberes jubilatorios que no va a parar de crecer.