La economía que viene en Chubut: la búsqueda de recursos y la deuda que muerde los talones

El mapa económico que espera al próximo gobierno provincial está marcado por un contrapunto importante, ya que mientras el gobierno saliente asegura que deja una provincia ordenada, el entrante plantea que hay que “desactivar una bomba financiera”.

La diferencia no es sólo semántica. También en la interpretación de los números hay diferencias importantes. Fue Mariano Arcioni quien aseguró semanas atrás que “entregará una provincia con la mitad de la deuda que heredé yo de Das Naves”, lo que fue refutado por Facundo Ball días atrás:

“La deuda hoy es la misma, no se redujo, salvo que se crea que la deuda en pesos no se tiene que pagar”, dijo el economista, en réplica a aquellas apreciaciones, al recordar que el total de lo que deberá afrontar Chubut en los próximos años asciende a unos 900 millones de dólares.

Es posible intentar entender el razonamiento que lleva a visiones tan disímiles. Las apreciaciones de Arcioni pueden haber tomado como punto de partida el año 2017, cuando le tocó asumir tras el fallecimiento de su mentor político, Mario Das Neves.

Por entonces estaba por delante el pago de 700 millones de dólares colocado por Das Neves, en 2016, más algunos saldos remanente que aún quedaban de un fondo fiduciario creado en el año 2010 (se terminó de pagar en 2020) y los saldos pendientes de los bonos Bodic 1 y 2, colocados por el gobierno de Martín Buzzi. Aquellos saldos, más intereses, superaban en ese momento los 1.000 millones de dólares.

Como ahora queda, comparado con aquel escenario, sólo la cancelación del BOCADE, si se mira la planilla de vencimientos a partir de diciembre próximo, restarán por cancelar sólo 492 millones de dólares.  Sin embargo, hay que añadir el bono colocado en noviembre último por el gobierno de Arcioni, por otros 111 millones de dólares, más los respectivos intereses, que comenzarán a pagarse en febrero de 2024, más la deuda en pesos, que Ball calculó en 70.000 millones de pesos, lo que representa, a valores de hoy, unos 192 millones de dólares. 

A ello habría que sumar los 20 millones de dólares en Letras que vencen en diciembre próximo, pero que probablemente tendrán que 'rolear' (término parecido a ‘revolear’, pero más técnico) para el año próximo.

La conclusión parece clara. Lo que el gobierno logró reducir de aquellos vencimientos en dólares, tuvo que suplirlo por nueva deuda en pesos, que aún cuando no sea una moneda tan dura, plantea condiciones que deberán revisarse el año próximo: la negociación con quien sea nuevo presidente, o presidenta, para que se le permita a Chubut pagar esa deuda luego del año 2025, luego de que se haya extinguido el fondo que le dio origen y que exige la cancelación antes de esa fecha.

En las condiciones actuales, todo indica que el nuevo gobierno deberá seguir apelando a instrumentos similares, ya que la provincia no tiene suficiente recaudación para cubrir su funcionamiento, como lo demuestra el creciente déficit mensual. Días atrás lo reconoció el propio ministro Antonena, cuando declaró que los sueldos y aguinaldos de diciembre los podrá afrontar el próximo gobierno, siempre que recurra a las herramientas financieras que viene utilizando la actual gestión.

El ministro dejó otro mensaje entre líneas. “Es bueno que esté Marcos trabajando en la transición, porque él conoce cómo se estructuró el BOCADE”, dijo el funcionario saliente en los últimos días, para remarcar sutilmente que uno de los referentes del nuevo equipo económico formaba parte de la gestión de Mario Das Neves, al momento de colocar aquella deuda.

LA DISCUSIÓN SALARIAL QUE ESPERA AL PRÓXIMO GOBIERNO

La actual gestión reclama el mérito de haber ordenado una economía que en un momento, entre 2019 y 2020, llegó a pagar salarios con 3 meses de  retraso, con pagos escalonados de acuerdo con los ingresos de cada sector. Cierto es que si se compara aquel escenario con el actual, al menos hoy los salarios se pagan en tiempo y forma, sin desconocer los reclamos gremiales ante una inflación incontenible.

Sin embargo, antes de colocarse la medalla, el gobierno saliente debería reconocer que fue “víctima” de la tormenta perfecta que se creó a sí mismo: los acuerdos salariales firmados con los gremios estatales a principios de 2019, que fue uno de los factores que le permitieron retener la gobernación en las elecciones de junio de aquel año, se revelaron luego imposibles de cumplir, apenas un mes después, con el impacto de los vencimientos del BOCADE que comenzaban a hacerse más visibles desde aquel año. 

Bastó que el petróleo tuviera una leve baja y la inflación se disparara (dos factores claramente previsibles, aún para los neófitos en Economía), para que que el acuerdo paritario se tornara un cepo no sólo para los salarios estatales, sino para el funcionamiento mismo del Estado.

Acaso esa sea la piedra con la que no quiere volver a tropezar la gestión entrante. Será por eso también que una de los pedidos más visibles del gobernador electo, Ignacio Torres, hacia las autoridades salientes, en especial al actual ministro Oscar Antonena, es que no cierre otro acuerdo paritario con los trabajadores estatales en lo que queda del año. 

El pedido es diametralmente opuesto a lo que vienen exigiendo los gremios estatales, que cuestionaron la última recomposición del 35% en 5 cuotas del 7% y exigen revisar esos montos, tras la devaluación del 14 de agosto.

El futuro ministro, Facundo Ball, dejó además algunas definiciones de lo que pretende aplicar en esa materia, en su primer contacto directo con ADNSUR, tras la confirmación en el cargo: ante “la alta incidencia del pago de salarios de empleados en el gasto público”, que resta recursos para el resto de las inversiones necesarias, planteó su propuesta de “incentivos por productividad”, una práctica que puede ser común en el sector privado, pero que habrá que ver cómo se puede replicar en el Estado.

UNA POSIBLE DEVALUACIÓN Y ELOXIGENO QUE SE BUSCARÁ PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS

La discusión salarial del año próximo afrontará otro desafío, que acaso encierre un problema y también la solución. En el país se descuenta que habrá una fuerte devaluación luego de las elecciones, por lo que dependerá del plan económico que aplique el próximo gobierno nacional, para evitar que haya un traslado a precios tan rápido como el ocurrido en agosto último.

Dependiendo de cómo se resuelva esa variable, la licuación salarial que afectará a los trabajadores en general, tendrá especial impacto en el sector público. Si ya hoy los estatales de Chubut rechazan por insuficiente la última paritaria, no hace falta mucha imaginación para vislumbrar el frente de conflicto que se avecina.

Al mismo tiempo, si la variación del dólar puede controlarse para que la inflación no siga espiralizando, la provincia podría contar con un alivio en sus recursos, siempre que el precio del petróleo no tenga una caída importante y se pueda, al menos, atenuar la curva de declino de la producción.

Algo de esto se verificó en el salto que dieron las regalías en agosto último, al pasar de un promedio de 8.500 millones de pesos, a algo más de 11.000 millones, tras el salto devaluatorio del día 14 del mes pasado. En septiembre, cuando impactará durante los 30 días ese valor más alto del dólar oficial, la mejora será aún más notoria. La contracara: la deuda en pesos se actualiza con la inflación, que a su vez presiona también sobre los salarios con exigencias más altas de recomposición.

Antes de pensar en posibilidades de mejora, el primer desafío salarial será en diciembre. Con una masa de 45.000 millones de pesos entre salarios y aguinaldos, el nuevo gobierno deberá encontrar los instrumentos financieros para afrontar el cumplimiento de esa obligación.

En paralelo a la refinanciación de deudas y la búsqueda de oxígeno, el gobierno iniciará su peregrinaje en busca de más recursos del Estado nacional. La estrategia apunta a nutrir el bloque de legisladores patagónicos, para promover en forma articulada una discusión que derive en una mejora del reparto de los recursos que le toca a las provincias. Aun cuando Chubut es una de las más postergadas en materia de coparticipación de impuestos, una elevación de la masa a repartir le serviría para contar con más oxígeno.

Todo está atado, obviamente, a las definiciones macro económicas que dará el próximo gobierno nacional. Hoy, la proyección que puede hacerse desde la provincia es como tratar de acertar una flecha, con el blanco en movimiento.