La Ley de Lemas, el tema que desvela a la dirigencia política en Chubut: ¿está prohibido por la Constitución Provincial?

Una de las definiciones más habituales de la política la considera el “arte de lo posible”. Nos agarramos de esa frase, para meternos en el asunto que nos compete. Muchas veces los políticos hablan temas en sus despachos, en los bares, en los locales partidarios, y luego tienen el desafío de bajarlos a la realidad: por ejemplo, convertirlos en letra escrita, y conseguir los votos para sancionar una ley.

En esos ámbitos, sobre todo cuando se trata de ingeniería electoral, suele ocurrir que se llega a un consenso en lo discursivo y se cree arribar a una solución, una salida que incluye una estrategia. Pero luego el problema surge cuando se intenta aplicar la teoría a la praxis, y ahí es cuando aparecen los aguafiestas, que dicen “la idea está buena, pero lamento informarles que no se puede”.

A través de esta columna en ADNSUR ya advertimos que la cuestión de la Ley de Lemas y el ejemplo de la provincia de Santa Cruz está instalada en la cabeza de varios dirigentes del justicialismo, y les seduce la idea de no tener que sacarse los ojos en una feroz interna que termina favoreciendo a los rivales, sino ir directamente “todos a la final”, como decía Silvio Soldán en Feliz Domingo.

Hace 14 días explicamos que el tema de la Ley de Lemas fue tirado sobre la mesa en un encuentro en Buenos Aires del que participaron los diputados Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y por Chubut, los intendentes de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, Juan Pablo Luque y Gustavo Sastre, y el vicegobernador Ricardo Sastre.

Si bien no participó de esa reunión, los allegados al gobernador Mariano Arcioni afirman que está al tanto de la cuestión, y no le parecería una mala idea para aplicar en 2023. Quienes conocen su manera de pensar, entienden que al menos el mandatario la considera digna de estudio, por lo que habría pedido a algunos de sus asesores en las cuestiones legales que lo analicen.

No es un dato menor el repaso de los nombres que estamos trayendo a consideración: el gobernador de la provincia, el vicegobernador, los intendentes más fuertes del justicialismo, y las figuras políticas más pesadas del oficialismo a nivel nacional. Todos están analizando con seriedad la posibilidad de aplicar la Ley de Lemas, por más que jamás lo vayan a admitir públicamente.

En conjunto, estos dirigentes y funcionarios tienen tranquilamente la capacidad de conseguir la mayoría especial de 22 votos en la Legislatura que requiere la Constitución que fue reformada en 1994. No sería sencillo, pero es una cuestión que se puede destrabar con mucha muñeca: hay una enorme cantidad de cargos a repartir entre los ganadores.

Por ello el asunto está súper instalado en la agenda política: no es la especulación de un grupo de improvisados sin peso, sino de los principales actores del poder en Chubut. Las estrategias, las alianzas y las candidaturas que ya se están delineando, dependerán en definitiva de los tiempos y los modos en que se vote, como ya explicamos en nuestra columna de hace dos semanas atrás.

En 2023, además de un nuevo Presidente, en Chubut se van a definir en elecciones nuevas autoridades provinciales y municipales. Por eso es fundamental definir cuándo se vota, y bajo qué modalidad. Si se adelanta la fecha o se convoca junto con las nacionales, si se elimina el sistema de las PASO o se mantiene, y en este caso que nos ocupa, si se agrega un cambio fundamental: la Ley de Lemas.

RAZONES DE UNA IDEA

Tal como hemos explicado, el modelo a seguir en esta cuestión es la vecina provincia de Santa Cruz, y esto tiene que ver con el último resultado electoral en Chubut. Luego del último triunfo amplio de la lista encabezada por Ignacio Torres, el justicialismo enfrenta un nuevo “cuco”. Durante años, el rival a vencer fue el dasnevismo a través del Chusoto, que le ganó al PJ las elecciones de 2015 y 2019 a gobernador.  

Se trataba de una amenaza que parecía eliminada para el peronismo para el año próximo, ya que el gobernador Mariano Arcioni no tiene reelección a la vista. Pero ahora surgió otro gran desafío, que es dar batalla a la fuerte ola nacional de Juntos por el Cambio, que en 2021 logró un resultado histórico en nuestra provincia después de 20 años.

Ningún candidato del peronismo por sí solo para 2023 tiene garantizado un triunfo ante la propuesta del PRO y la UCR, pero sus principales dirigentes están convencidos de que juntos son invencibles. Saben que tienen dos precandidatos a gobernador muy fuertes, como son el comodorense Juan Pablo Luque y el madrynense Ricardo Sastre.

Los armadores del justicialismo saben bien que los votos de cada uno por separado no aseguran el triunfo, pero son conscientes de que sumados, no hay manera de que se les gane. Como representan al poder político de las dos ciudades económicamente más poderosas de Chubut, y ninguno parece estar dispuesto a dar un paso al costado, entonces apareció la “idea” de la Ley de Lemas: si ambos –Luque y Sastre- van una elección general como sublemas dentro del mismo lema, el más votado con seguridad será el futuro gobernador, sumando si hace falta los sufragios del otro.

Sin ir más lejos, el ejemplo que se toma en consideración tiene que ver con Santa Cruz en 2015: el candidato más votado a nivel individual fue el radical Eduardo Costa, pero fue proclamada gobernadora Alicia Kirchner, quien había salido en segundo lugar, pero sumó todos los votos del resto de las listas del justicialismo.

Tanto Luque como Sastre se tienen confianza para ganar por simple mayoría: pero una Ley de Lemas les asegura tener la “vaca atada”, y no dejaría chances a ningún tipo de “sorpresa” como la que dieron las urnas el año pasado. Esto quiere decir que la disputa quedaría centrada exclusivamente en ellos dos, y eliminaría al resto de los potenciales rivales.

LA TRABA

La estrategia del justicialismo que –insistimos- está siendo evaluada, no parece mostrar grietas desde la lógica, pero aquí es donde aparece la histórica frase de los tripulantes del Apollo 13: “Houston, tenemos un problema”. Y el quid de la cuestión es que la redacción de la Constitución de la provincia del Chubut no es la misma que la de Santa Cruz, donde está vigente el anterior sistema que explicamos.

Toda la polémica se reduce al artículo 146, que antes de la reforma de 1994 estaba escrito exactamente igual, y llevaba el número 139. La primera oración dice así: “El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador de la Provincia, que es elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios”.

Esto tiene una explicación muy sencilla, y quiere decir que, en Chubut, la persona más votada es elegida gobernador, y no hay ningún tipo de recaudo de superar un porcentaje mínimo o sacar una diferencia al segundo.

Con cualquier porcentaje y una diferencia de un voto, la lista más votada lleva a su postulante al cargo de gobernador. Pero esta redacción, para la gran mayoría de los analistas, sería incompatible con la Ley de Lemas, que es un mecanismo de “transferencia de votos”, ya que estipula que, dentro del mismo lema, el sublema más votado se lleva todos los votos del resto.

Como explicamos con el ejemplo de la gobernadora Alicia Kirchner en 2015, este sistema permite que un candidato termine triunfando por sobre otro que individualmente obtuvo más votos, pero a costa de computarle los sufragios que fueron emitidos para otros candidatos. Por ello, la Ley de Lemas también es conocida como “doble voto simultáneo”, algo no previsto en la Constitución del Chubut.

Ante este panorama, no hay que ser muy sagaz para prever que, si hubiera un consenso dentro del peronismo para avanzar con una ley de este tipo, llegando a los 22 votos en la Legislatura para cumplir con la mayoría especial que exige la Constitución, apenas la ley fuera sancionada habría un planteo de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia.

Es un escenario que tampoco suena descabellado, y la interpretación final quedaría en manos de un tribunal integrado por 6 ministros, 4 de los cuales fueron designados hace tres meses, y que en algunos casos fueron “apadrinados” por varios de los interesados. Si esto llegara a darse, provocaría una situación institucionalmente delicada, dejando a la Corte la última palabra para decidir quién puede quedarse con el Sillón de Fontana 50.

ANTECEDENTES

Al hablar de este tema, es inevitable remitirse a lo que ocurrió en Chubut en 1991, y es interesante, porque la Ley de Lemas también pareció la solución a dos actores del justicialismo de hace 30 años que (¡vaya casualidad!) también representaban a las mismas dos ciudades.

Esto es así porque, al igual que hoy ocurre con Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, aquella ley –muy cuestionada en aquel entonces con la anterior Constitución- fue la manera destrabar la interna que dentro del peronismo involucraba a un madrynense como Osvaldo Sala y a un comodorense como Marcelo Guinle.

Es cierto, hubo otros sublemas del PJ con actores de mucho menor peso que obtuvieron un bajo número de votos. Pero Sala y Guinle fueron los dos actores centrales, junto al único candidato de la UCR, que a la postre resultó el gobernador y sacó provecho de la división, que fue Carlos Maestro.

Fue la única vez en la historia que hubo segunda vuelta en Chubut, algo no previsto en la Constitución. Pero fue la manera que encontró aquella Legislatura de mayoría justicialista –que un año antes había casi obligado a renunciar a Néstor Perl bajo la amenaza de un juicio político- para aprobar la ley.

Como ya explicamos, el artículo sobre la elección del gobernador habla de simple pluralidad de sufragios. Entonces se sancionó la ley que permitía sumar los sublemas, pero aclaraba lo siguiente: si un sublema era el más votado de manera individual, era proclamado ganador; pero si salía segundo, debía dirimir todo en un ballotage, un mano a mano entre el primero y el segundo.

De este modo, ocurrió que en la primera vuelta del 8 de septiembre, el candidato más votado individualmente fue Maestro, con 49.466 votos (33,7 %), y el segundo más votado fue Sala, con 41.272 (28,1 %), superando dentro de los candidatos del PJ a Guinle, que sacó 33.288 (22,7 %). En ese caso, la sumatoria de todos los sublemas del PJ arrojó un total de 78.352 votos (53,4 %), por lejos, la mayoría provincial.

Si hubiera estado vigente el sistema santacruceño, el gobernador hubiera sido Sala, porque se le hubieran “transferido” los votos de todo el PJ. Pero cuando se volvió a votar un mes más tarde, el 13 de octubre, Sala no logró todos los votos de su sector, sino 9 mil votos menos. Sacó 69.753, y fue superado en el mano a mano por la boleta de Carlos Maestro, que logró 78.512.

Por eso el sistema es tan polémico, porque computa votos a un candidato que en realidad no fueron sufragados hacia él. Otro ejemplo cercano en Chubut: si hubiera habido Ley de Lemas en 2017, el ganador hubiera sido Ricardo Fueyo, ya que fue el más votado dentro del partido más votado, sumando las cinco listas que el PJ llevó a internas en aquellas legislativas.

Pero a título individual, Fueyo había salido tercero; como finalmente terminó ocurriendo, ganó la lista de Mariano Arcioni y salió segunda la de Gustavo Menna (ambas colocaron un diputado cada una), mientras que la de Fueyo no logró arrastrar los votos peronistas de sus contrincantes de la interna.

La discusión está instalada, aunque de manera sorda. Ninguna figura política va a hablar de esto en público, pero los teléfonos arden, y los chats con los abogados constitucionalistas más aún. Es sabido el refrán que afirma que, en Derecho, siempre se consiguen argumentos de la mitad de la biblioteca para un lado, y de la otra mitad de la biblioteca para argumentar en sentido contrario. La definición sobre fecha de convocatoria, continuidad de las PASO y Ley de Lemas, se dará en el segundo semestre. Está en juego el reparto de poder por cuatro años en Chubut, nada más y menos.