Lejos del acuerdo para integrar el STJ: la política juega su interna mientras la justicia de Chubut está al borde de la cornisa

Hace tres semanas, cuando el tema no estaba en la agenda de nadie, desde esta columna anticipamos que el poder político debía ponerse manos a la obra de manera urgente para ocupar los lugares vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, ante el peligro de que en el futuro inmediato se quedara de manera temporal con apenas un solo ministro en funciones.

El mensaje parece haber llegado, pero lamentablemente la cuestión nació “mal barajada” y a pesar del envío de tres pliegos por parte del Ejecutivo a la Legislatura, hay una fuerte polémica con los nombres y la metodología elegida, lo que denota que aún falta mucho para lograr un acuerdo.

Como ya explicamos, el STJ tiene una conformación irregular hace un año, desde la partida de Miguel Donnet, y hasta ahora nadie se había preocupado por el tema. ¿Qué es lo que generó la urgencia y la decisión abrupta del gobernador Mariano Arcioni para enviar la propuesta con tres nombres a la Cámara de Diputados? La respuesta es sencilla: la licencia por cuestiones de salud que debió tomar Alejandro Panizzi, que dejará a Mario Vivas en soledad por tiempo indefinido.

Desde Fontana 50 se entendió que el tema ya no permite más demoras, y se activó el mecanismo con una serie de reuniones. Arcioni se entrevistó en los días previos con Daniel Báez y con Ricardo Napolitani, quienes le ratificaron su interés por el cargo. Incluso uno de ellos le habría planteado que le interesaba aceptar, pero siempre y cuando el tema se resolviera cuanto antes, porque si esto se seguía demorando y su nombre quedaba “manoseado”, prefería dar un paso al costado.

Dentro de los tres pliegos enviados, estos dos nombres no fueron ninguna sorpresa y estaban en carpeta desde hace ya mucho tiempo. Napolitani, o “Ricardito” como lo trata en confianza el gobernador, cuenta con una extensa trayectoria en cargos de trascendencia. Como se sabe es nacido en Comodoro Rivadavia y hay una amistad de familias que lo une desde la infancia con los Arcioni. En los 90 fue juez federal subrogante y tuvo notoriedad por el primer juicio a dirigentes piqueteros en 1997, en el que aplicó una condena por un corte de ruta.

Luego Napolitani –quien ayer cumplió 67 años- fue ministro del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a partir de 2001, hasta que renunció en 2008 para asumir como presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Posteriormente, pasó a desempeñarse como procurador en la vecina provincia a partir de 2016, donde hoy es fiscal general. Siempre tuvo contactos con el peronismo –en especial con el kirchnerismo, con figuras como Carlos “Chino” Zannini-, y algunos recuerdan su paso como asesor del ex senador Osvaldo Sala por el Congreso.

Respecto a Daniel Báez, de 60 años, también es nacido en Comodoro y cuenta con una larga trayectoria dentro del Poder Judicial provincial. Ocupó distintos cargos a lo largo de la década del 90, primero en la localidad de Sarmiento y luego en Trelew, donde llegó a ser juez de instrucción en 2004. Cuando llegó el cambio al sistema acusatorio, quedó de manera firme como fiscal jefe en Puerto Madryn a partir de 2005, donde se hizo conocido por su participación en investigaciones de gran relevancia, como por ejemplo, la denominada “Megacausa del Banco del Chubut” en aquel juicio oral realizado en 2009.

La aparición de su nombre forma parte de un acuerdo entre Arcioni y el vicegobernador Ricardo Sastre. Después de un inicio de gestión turbulento en 2020, el acercamiento político entre el gobernador y su vice redundó en un bloque oficialista más compacto en la Legislatura, y esa alianza quedaría plasmada en la votación de este “paquete” de nombres para el STJ.

Así las cosas, con dos apellidos masculinos, uno de Comodoro y el otro de Puerto Madryn (un dato de color, tanto Napolitani, como Báez y Arcioni, son egresados del Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia), ambos cerrados en sus propias filas, el gobernador sabía que debía abrir el juego a otras fuerzas políticas para incluir otras alternativas, ante la mayoría especial que exige la Constitución. Necesitaba que le aportaran nombres femeninos -ya que había quedado descartada la primera opción que era la defensora Iris Moreira- provenientes de otra región de la provincia, en la búsqueda de equilibrio.

LA MUJER

A Arcioni siempre le costó la relación con la dirigencia local del justicialismo, ya que casi no tiene diálogo con el presidente Carlos Linares, quien además en este tema le pasó la posta al intendente comodorense, Juan Pablo Luque. Para no seguir dilatando la cuestión, el gobernador decidió tomar un camino que hoy le termina complicando el panorama: resolvió pedir que le aporten el tercer nombre para la corte al presidente de uno de los bloques de la oposición -el radical Manuel Pagliaroni- y al intendente radical de Rawson, Damián Biss.

La estrategia del gobernador fue dejar en suspenso el cuarto lugar vacante, tratando de enviar un mensaje dirigido a que sea el justicialismo el que propusiera un nombre más adelante. Esta decisión de acordar con los radicales y dejar afuera al PJ, sumado a que la terna incluye dos hombres y una sola mujer -a la que además muchos cuestionan los antecedentes-, es lo que está poniendo serias trabas a que se pueda llegar a un acuerdo a corto plazo en la Legislatura.

Pagliaroni y Biss mantienen un muy buen diálogo con Arcioni desde la época en que este último era vicegobernador y estaba a cargo de la Legislatura. El consenso por el nombre fue sencillo, y se definió luego de una entrevista cara a cara del mandatario chubutense con la aspirante Silvia Bustos, actual Jueza de Faltas del municipio capitalino, quien aparentemente convenció al mandatario sobre sus ideas para llevar a la corte.

La postulación de Bustos sorprendió a todo el ambiente académico, judicial y político, porque no estaba en la carpeta de nadie. Nacida en Córdoba hace 64 años, su actividad en la provincia estuvo ligada a las gestiones radicales en Trelew a fines de los 90 y luego con el intendente Pedro Planas de 2003 a 2007 en Rawson. Su especialidad pasa por el área de Familia, siendo coordinadora del nacimiento de los Servicios de Protección de Derechos en ambas localidades, y luego vinculada al juzgado de Faltas de Rawson desde 2013.

Su perfil es muy cuestionado en voz baja por prácticamente todos los referentes de la oposición y del sistema judicial, ya que le achacan que no tiene “cirrículum” para estar en la corte chubutense, y que hay muchas más mujeres con un bagaje tanto académico como laboral muy superior. Sin embargo, el perfil que defienden desde el radicalismo (no todo el partido, hay varios dirigentes que se quejan en off de que no fueron consultados) es que el Superior Tribunal necesita pluralidad de miradas, y que hace falta una persona con gran experiencia en el área de la niñez, la adolescencia y la familia, así como en la resolución de conflictos en el área contravencional.

Desde el peronismo, las críticas son feroces. “Le faltó proponer a una jueza de línea de fútbol”, dijo muy enojado uno de los principales dirigentes del PJ a esta columna, con una ironía que apuntó a criticar que una jueza de faltas le “baja la vara” a la integración de la corte. “Si Arcioni cree que va a cerrar este tema con apenas dos diputados radicales, bárbaro, vamos a ver cómo le va”, se quejó otro justicialista.

Los dirigentes peronistas cuestionan con dureza el procedimiento seguido por el gobernador, porque dicen que no lo manejó de manera orgánica. “Nos llamaron por separado a cada uno para dividirnos, para decirnos que aportemos urgente un nombre antes de que nos gane otro. No saben que en este tema vamos a actuar todos juntos”, advirtió en reserva uno de los pesos pesados.

Con “todos juntos” este referente apunta a la tríada en la que se referencian la mayoría de los diputados de los bloques del PJ y de Chubut Unido, que son Juan Pablo Luque, Gustavo Mac Karthy y Adrián Maderna. La estrategia es que estos tres nombres actúen en bloque, sin grietas que abran la puerta al oficialismo. De este modo, los 6 integrantes del Frente de Todos, más los 4 de Chubut Unido, sumados al de Tatiana Goic y el de la esquelense Zulema Andén (una baja dentro del arcionismo), suman hoy 12 votos en contra de los pliegos.

En este panorama, le quedarían 15 votos al gobierno, sumando 11 diputados propios, agregando dos radicales (Pagliaroni y Aguilera), más Carlos Eliceche y Sebastián López: una mayoría que está a 3 votos de los dos tercios que exige la Constitución. Es un número que no parece tan importante, pero que en política es una enormidad. Esto implica que, sin acuerdo con el PJ, el oficialismo no tiene chances de aprobar los pliegos.

MAS RUIDO

Cuando decimos que el tema nació “mal barajado” desde los inicios, hablamos por un lado de la búsqueda de los acuerdos políticos -que como explicamos, están muy lejanos-, pero además de varias cuestiones que sumaron al barullo general y que vuelven más conflictivo todo. Un caso es el camino veloz que eligió el gobierno para el envío de la propuesta a la Legislatura, salteando todos los pasos previos que ordenaba la ley, y que obligaron a los legisladores de la oposición a devolverle los pliegos hasta que incluyan toda la documentación necesaria, tal como informamos esta semana desde ADNSUR.

De manera innecesaria, el gobierno se ganó una andanada de críticas de todos los sectores que cuestionaron el mal “asesoramiento” ante un trámite de semejante nivel institucional. Y a esto se sumó una ola de reclamos de diferentes organismos, instituciones y entidades intermedias, con el planteo de una mayor representatividad femenina en el STJ. El pedido por una “paridad de género” en la justicia no es nuevo, pero se reavivó con todas las fuerzas al conocerse los pliegos con el nombre de una sola mujer, que para colmo fueron rebotados por la Legislatura.

A destiempo el Ejecutivo comenzó a publicar esta semana los nombres con el currículum de cada uno de los aspirantes, abriendo la posibilidad a objeciones y planteos de la sociedad civil que deberán ser canalizados a través del Ministerio de Gobierno, y que después pueden ser tomados por los diputados cuando se realice la sesión especial para “entrevistar” a los candidatos.

Más allá de las objeciones que se puedan hacer a los vínculos políticos de Napolitani y a fallos en contra de activistas sociales (algunos también apuntan a su residencia en Buenos Aires y su alejamiento de la provincia), o los planteos sobre la “idoneidad” de Bustos, hay quienes creen que se puede abrir un frente importante en el caso de Daniel Báez, quien afronta aún una denuncia en el Consejo de la Magistratura por su actuación en una causa de abuso sexual infantil.

Vencido el plazo de 15 días que marca la ley, el gobierno volverá a enviar los pliegos, que tomarán estado parlamentario después de las PASO y se analizarían antes de las elecciones generales de noviembre. En medio de un proceso electoral no parece el mejor momento para lograr consensos políticos. Pero la demora de un año llevó el tema a este punto, y la licencia de Panizzi marca que no se puede esperar mucho más.

En el gobierno dicen que las cartas están echadas, y que si no se logran los votos “será responsabilidad de la oposición” que el STJ siga sin tener las vacantes cubiertas. En la vereda opuesta, exigen que primero se apruebe en la Legislatura la ley de paridad de género, una iniciativa que pretende fijar los miembros de la corte en partes iguales, es decir, 3 hombres y 3 mujeres. El jueves se forzó una votación que se dio muy pareja, pero el tema está trabado en comisiones, y sin los votos del arcionismo no alcanza para llevarlo al recinto.

Además, en el peronismo pretenden que los nombres salgan de una mesa de consenso y que el gobernador abra el juego, en vez de sentarse a dialogar con los referentes de un bloque de dos diputados con los que tiene buena sintonía. Así las cosas, con una paridad de fuerzas que en el mejor de los casos da un 15 a 12 cuando se necesitan 18 votos, todo parece indicar que el gobierno falló en los cálculos, y que el tema del STJ vuelve a peligrar.

Para el cierre, una comparación con un hecho que ocurrió hace exactamente un año, y con los mismos protagonistas en juego. En medio de una provincia jaqueada en sus cuentas, el gobierno planteó que una de las principales soluciones pasaba por sentarse a negociar la deuda en dólares con los acreedores. Entendiendo la gravedad de la situación, oficialismo y oposición se sentaron a consensuar una ley que salió con 25 votos, y que permitió al Ministerio de Economía refinanciar vencimientos y dar oxígeno a las cuentas. ¿Será mucho pedir que se logre el mismo nivel de compromiso para evitar el colapso del Poder Judicial?