Ley de Riesgos de Trabajo: el proyecto que obsesiona a Nación, gremios y empresas, y que traba todos los temas en la Legislatura de Chubut

Hay asuntos que por su impacto en la opinión pública se llevan toda la atención del ambiente político y del periodismo. Suele ocurrir con las cuestiones económicas, como la toma de un préstamo por $ 6 mil millones; o electorales, como es la eliminación de las PASO. Su atracción es tan grande, que no permiten visualizar que hay un panorama más amplio, y que no todos los actores tienen la cabeza en los mismos temas. 

Una lectura poco abarcativa de la realidad da surgimiento a teorías conspirativas y comienzan a verse fantasmas en cada esquina, producto de la enorme desconfianza que reina entre los protagonistas de la política chubutense. En ocasiones, el árbol suele tapar el bosque, como reza el dicho popular.

Por ejemplo, por estas horas, en el gobierno acusan a determinados actores del justicialismo de impedir el tratamiento de la toma de fondos que necesita la provincia. Los ponen como los únicos malos de la película, y si bien es cierto que el bloque del PJ no la está haciendo sencilla, la verdad es que el mismo bloque oficialista no está logrando la totalidad de los votos propios.

Depende a quién se consulte, va a tener una lectura diferente de las razones por las cuales hay leyes trabadas en la Cámara. Lo que hay que entender, es que en el ámbito legislativo, los proyectos no son compartimentos estancos que se analizan de manera aislada en cada comisión, sino que forman parte de una compleja red, un entramado donde todo tiene que ver con todo.

Mientras algunos temas de mayor impacto político/electoral se roban la atención periodística, en comisiones menores -como por ejemplo la de Legislación Social, Salud y Trabajo- hay cuestiones que pasan desapercibidas, pero que hacen mucho más ruido del que se cree.

Por estas horas, se oyeron todo tipo de versiones sobre presuntos llamados telefónicos de figuras de enorme peso en el gabinete nacional preguntando por la falta de aprobación del endeudamiento con Fondo Fiduciario; y otros actores presionando en contra de la eliminación de las PASO; mientras tanto, hay quienes se siguen preguntando por la Ley de Renta Hídrica y también por la nueva Ley de Pesca.

Pero en el medio de todo eso, hay un proyecto en apariencia intrascendente para la gran mayoría, pero que parece ser el meollo de la cuestión, a juzgar por los problemas suscitados en las últimas sesiones: se trata de la adhesión a la Ley Nacional sobre Riesgos de Trabajo, que busca un alivio económico enorme al sector privado, y que -de no tratarse- puede frenar grandes inversiones. 

La importancia de esta norma obedece a que la falta de vigencia de esta ley en Chubut, provoca mayores costos laborales y pérdida de competitividad desde hace años en el sector privado respecto a los mismos rubros en otras provincias, según explican sus defensores.

Este proyecto de Ley, que lleva el número 70/22 y que fue ingresado hace dos meses con la firma de los diputados petroleros Emiliano Mongilardi y Carlos Gómez como autores, y de Juan Horacio Pais, Graciela Cigudosa y Rafael Williams como colaboradores, es el que está armando todo el lío que frena el resto de los temas, producto de “faltazos intencionales” que provocaron dolores de cabeza al oficialismo, que no pudo obtener la mayoría a la que está acostumbrado.

El tema hay que explicarlo en detalle, porque no es sencillo: se trata de una cuestión técnica, totalmente nueva para los lectores e incluso para buena parte de la clase política. No sería de extrañar que la gran mayoría de los diputados no haya leído el proyecto en profundidad, ni conozca sobre el asunto de fondo.

DE QUÉ SE TRATA

El Proyecto de Ley 70/22 propone que la Provincia del Chubut adhiera a las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley Nacional N°27.348, complementaria de la Ley Nacional N°24.557, sobre Riesgos de Trabajo.

La iniciativa ingresó el pasado 29 de agosto, y sus autores quieren un trámite sumarísimo, que no puede pasar de 2022. Los diputados petroleros son los principales impulsores pero no los únicos. Además, hay respaldo político de la Nación -lo impulsó el anterior ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y hoy lo sigue de cerca el equipo que conduce la nueva ministra, Kelly Olmos- y especialmente del sector privado, sobre todo de las operadoras de la cuenca del Golfo San Jorge.

Se trata de una ley nacional que en su momento tuvo respaldo de todo el arco gremial, reunido en la CGT, y que ya cuenta con la adhesión de 16 provincias, con aproximadamente el 91 % de la población trabajadora adherida. Sin embargo, abogados que representan a varios gremios chubutenses enviaron notas a Legislatura advirtiendo sobre una supuesta inconstitucionalidad que en su momento ya fue zanjada por la Corte Suprema.

¿Qué cambiaría esta adhesión? Se modificaría el sistema que regula todo el protocolo legal ante un accidente laboral. Hoy todavía en Chubut esto se resuelve directamente a través de una demanda, un juicio, y una sentencia judicial. Con la nueva ley, pasaría a tener un rol clave un nuevo ente que intervendrá de manera obligatoria en una etapa previa, que consiste en una Comisión Médica de especialistas, que tendrá una función arbitral.

El argumento de quienes impulsan esta ley es que, en las provincias donde está en vigencia, la tasa de acuerdo entre empleadores y trabajadores es del 86 %, por lo que apenas el 14 % de los casos va a juicio, descomprimiendo el sistema judicial.

Pero además, hay una fuerte razón económica. El pago de onerosas sentencias de tipo económico a causa de juicios millonarios, provoca que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) cobren a las empresas privadas en Chubut una alícuota que ronda el 3 % del total de las remuneraciones, cuando ese costo es de la mitad, apenas el 1,5 % en otras provincias donde está vigente esta ley, por caso Neuquén. Hablamos de una diferencia de cientos de millones.

Es decir que una operadora en Chubut, por no estar adherida a la ley nacional, tiene un costo laboral mucho mayor que en Vaca Muerta, siendo una desventaja que tiene un fuerte impacto a la hora de evaluar las inversiones. Ese es otro de los argumentos centrales de los diputados que presionan para que la ley se apruebe los antes posible.

MOTIVOS

Todo gira en torno al Sistema de Riesgos del Trabajo, que tiene como fin, por un lado, reducir “la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos" y a la vez “garantizar a favor de los trabajadores damnificados una cobertura integral, rápida y justa”,  con prestaciones que deben apuntar a "la reparación de los daños provocados como consecuencia de la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales”.

La Ley 27.348 aprobada en 2017 es complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y dispone que, en una instancia administrativa prejudicial, debe intervenir una Comisión Médica conformada por profesionales médicos y letrados seleccionados por concurso, quienes tienen a cargo la evaluación del siniestro y la emisión de una resolución sobre la naturaleza laboral de la contingencia y el grado de la incapacidad del trabajador damnificado, a fin de optimizar la actividad judicial en el fuero laboral provincial.

Argumentan los impulsores de la propuesta que con este sistema, se genera una reducción de litigiosidad, evidenciada por el número de notificaciones judiciales que han experimentado las jurisdicciones adheridas y el tiempo de resolución de los procesos judiciales, que pasó de cinco años a tres meses, en promedio, a nivel país.

Apuntan un dato de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) respecto a que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se redujo en un 60% la litigiosidad desde que se implementó la Ley Nacional, mientras que en provincias que no lo hicieron, ésta continuó en aumento.

DATOS DE CHUBUT

Según los autores, en Chubut durante el pasado mes de febrero “se han presentado un total de 8.383 casos de siniestralidad laboral que representan el 1.7 % de accidentes o enfermedades profesionales del total del país”.

Sostienen que “en materia de litigiosidad por accidentes y enfermedades laborales, Chubut presenta un total de 6.154 procesos judiciales desde el año 2011, habiéndose registrado solamente en el año 2021 un total de 1.213 nuevas causas", dice el proyecto en sus fundamentos.

Para los autores, esto "expone claramente que estamos frente a una problemática que necesariamente requiere ser abordada con celeridad, por representar una carga de trabajo sobre el Poder Judicial y el consecuente detrimento para los trabajadores afectados, en obtener la oportuna reparación de las contingencias sufridas”.

Con la nueva ley, la Comisión Médica Jurisdiccional será la instancia previa obligatoria, un paso ineludible tras el cual el trabajador se encontrará habilitado para solicitar su revisión por ante la Comisión Médica Central o ante la Justicia Laboral ordinaria.

Mongilardi y Gómez afirman que, desde la óptica del trabajador, “en las jurisdicciones en la que ya se encuentra vigente este procedimiento, se han demostrado beneficios concretos logrando una tasa de homologación de acuerdos del más de 80% de los casos. Es decir, en las provincias adheridas, prácticamente la totalidad de las contingencias que llegan a las Comisiones Médicas logran un acuerdo que satisface al trabajador o sus derechohabientes, teniendo un promedio de resolución de 32 días a partir de la primera citación a audiencia”.

Ante los planteos por inconstitucionalidad de la Ley Nacional N° 27.348 que han realizado abogados de distintos gremios de Chubut, los autores afirman que la cuestión “ha sido resuelta recientemente por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación” ya que en septiembre se resolvió la causa "Pogonza, Jonathan Jesús contra Galeno ART S.A. s/accidente - ley especial", en donde se cuestionaba el procedimiento que definía a las Comisiones Médicas como un verdadero tribunal administrativo previo a la instancia judicial.

Aluden a considerandos del fallo, y mencionan que la CSJN “concluyó que el sistema es un mecanismo institucional de respuesta ágil, organizado en base a parámetros estandarizados, que procure asegurar el acceso inmediato y automático a las prestaciones del seguro, y que evite el cas/o y el tiempo del litigio".

Expresan que constituye un “precedente jurídico que otorga certidumbre al sistema de reparación de riesgos laborales y permite la aplicación plena de la Ley N° 27.348 para las provincias que adhirieron a la misma”.

REFORMAS

En la adhesión que se trabaja en la Legislatura chubutense, se tomará en cuenta "una adecuada cobertura geográfica tendiente a asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio en el territorio”, por lo que deberán tomarse como referencia para la creación de nuevas Comisiones Médicas, las cabeceras de cada circunscripción judicial existente dentro del Mapa Judicial de la provincia.

Según pudo saber ADNSUR, la nueva redacción establece que entrará en vigencia una “Comisión médica jurisdiccional” en la ciudad de Esquel, con la competencia territorial asignada en conjunto a las circunscripciones judiciales de Esquel y Lago Puelo; y una en la ciudad de Puerto Madryn, con competencia en la circunscripción judicial Puerto Madryn,

Las “Comisiones medicas jurisdiccionales” actualmente en funcionamiento en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew, tendrán competencia territorial en las circunscripciones judiciales de Comodoro Rivadavia y Sarmiento; y de Trelew y Rawson, respectivamente.

Otro agregado final que se evalúa, es incorporar un plazo perentorio, y que “ante la ausencia de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional, en el plazo de 60 días hábiles” contados “a partir del inicio presencial o digital o web del trámite, sin mediar, el trabajador podrá requerir el pronunciamiento correspondiente por un plazo de 10 días hábiles, vencido el cual queda habilitado para entablar la acción ordinaria”.

Si se avanza en un juicio por incapacidad o su grado, “la acción judicial se formaliza conforme el trámite sumarísimo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia Ley XIII N° 5”, según un agregado al proyecto. Y finalmente se aclara que “si las partes consintieran los términos de la decisión emanada de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa, quedando definitivamente concluida la controversia”.

EFECTO POLITICO

Ya hecho el repaso de todos los motivos que dan fundamento al proyecto de ley, resta explicar las consecuencias políticas que la falta de tratamiento del tema está trayendo hacia adentro del funcionamiento de la Legislatura.

Primero, hay que entender que el oficialismo tiene una mayoría automática, que surge de sumar 13 diputados propios, más otros satélites como Sebastián López y Carlos Eliceche. Esta cuenta da 15 votos, y en ocasiones, suelen sumarse dos de la UCR, según el tema. Quedan fuera de esta ecuación los 6 diputados del PJ (aunque la sintonía entre el gobierno y Rafael Williams es cada vez mayor), los 3 de Chubut Unido (Lloyd Jones, Giménez y Andén), y la diputada de Camioneros, Tatiana Goic.

Durante las cuatro últimas sesiones, los diputados petroleros Gómez y Mongilardi -ante la falta de dictamen por este proyecto de Riesgos de Trabajo- directamente no asistieron a la Cámara. También estuvo ausente el radical Manuel Pagliaroni. 

Por ese motivo, el oficialismo llegaba apenas a 13 votos -ya que el bloque del PJ no acompaña-, cuando la aprobación del endeudamiento con el Fondo Fiduciario requiere mayoría absoluta del total, es decir, sí o sí 14 votos.

Esto obligó a enviar nuevamente el tema a comisión, con la pérdida de más de un mes en el trámite. En el Ejecutivo hay bronca por estas movidas, y ven fantasmas luego de la confirmación de que el Sindicato de Petroleros Privados que conduce Jorge “Loma” Ávila (quien es el referente de los diputados Gómez y Mongilardi) apoyará la candidatura a gobernador del comodorense Juan Pablo Luque.

En el gobierno hay quienes creen que el intendente de la ciudad petrolera está detrás de estas ausencias para complicar el mecanismo del gobierno para obtener los fondos para el pago del medio aguinaldo. Pero la información chequeada con los protagonistas, indica que Luque no tendría nada que ver con las ausencias de los diputados petroleros, sino que es un mecanismo de presión del gremio de Loma Ávila para aprobar esta ley de la que estamos hablando.

Pasando en limpio, si el gobierno quiere los votos de Gómez y Mongilardi para los tema urgentes, el mensaje que ambos están dando es que debe aprobarse la adhesión a la Ley de Riesgos de Trabajo, un pedido concreto del gobierno nacional (sólo 5 provincias no la tienen) y también del sector privado, ya que las empresas quieren bajar sus costos laborales.

La Legislatura vuelve a sesionar recién durante el mundial, con dos sesiones en noviembre y unas cuatro en diciembre. Además de este tema, queda definir las PASO, Renta Hídrica, Ley de Pesca, Presupuesto 2023 y varios temas más. Los votos de cada bloque, en medio de negociaciones pre electorales, están muy ajustados, y pueden sufrir variaciones. Será un fin de año de alta intensidad, como la provincia nos tiene acostumbrados.