Más de 11.000 familias esperan una vivienda social que cada vez parece más lejana

En Comodoro Rivadavia hay actualmente más de 11.200 inscriptos en el padrón del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), a la espera de que les toque una vivienda social construida por ese organismo de Chubut. Una respuesta que no es seguro que llegue en corto tiempo, a juzgar porque todavía se registran inscriptos de hace 30 ó 40 años. Radiografía de un sistema que atraviesa cambios que urge profundizar, en una ciudad signada por las dificultades para acceder al techo propio.

Fondos nacionales insuficientes para financiar nuevas obras durante los últimos años, la incidencia de la crisis económica de la provincia y cambios en el modo de gestionar este tipo de soluciones habitacionales son piezas insoslayables del rompe cabezas habitacionales de Comodoro Rivadavia. No quedan afuera los hechos de corrupción, con al menos dos causas judiciales –una con sentencia firme- que dejaron en evidencia determinada maniobras espurias, desde adentro o desde afuera, un organismo que debe atender la necesidad de millas de comodorenses.

Quien se inscriba hoy en el Instituto de la Vivienda encontró un número que supera el 20.200. Sin embargo, a partir de la depuración del padrón que comenzó a hacerse desde el año pasado, la demanda real, de aspirantes a acceder a una vivienda, hoy se ubica en algo más de 11.200 familias.

“Se ha comenzado un trabajo de reempadronamiento, para ordenar el sistema, porque había personas inscriptas desde el año 1984 o de la década del 90”, comentaron desde el organismo, ante la consulta para este informe exclusivo de ADNSUR.

“En muchos casos son inscriptos que ya accedieron a una vivienda por otra vía, o ya no viven en la ciudad o han fallecido, por eso se inició la depuración”.

Hoy no hay inscripciones, a raíz de la pandemia y las tareas restringidas en áreas del Estado. Sin embargo, en épocas normales volverá a reflejarse una demanda que deja en evidencia la necesidad de viviendas en la ciudad: alrededor de 3 ó 4 personas por día, lo que equivale a 60 familias registradas por mes. O 720 inscripciones por año. 

Frente a esa demanda constante, la respuesta tiene un ritmo mucho más bajo. Durante este mes de julio se completará la entrega del primer grupo de 16 viviendas sociales en lo que va del año, mientras que se está en proceso para completar la licitación de otras 37 unidades, que comenzarán en la mitad del año. 

Cambios: de viviendas sociales a entidades intermedias

Es necesario diferenciar también un primer cambio en la modalidad de gestionar y construir los planos habitacionales, que se ha acentuado en los últimos años. La participación de entidades intermedias, como pueden ser cooperativas o sindicales y mutuales, ha permitido agilizar las respuestas para quienes acceden a ese tipo de modalidad, a diferencia de lo que ocurre con los planos de vivienda netamente social. 

Frente a las 16 viviendas sociales de este año y otras 7 unidades entregadas en 2015, de libre acceso, las operatorias mediante entidades intermedias lograron una fuerte evolución en el mismo período: alrededor de 600 unidades por distintas operatorias, de las que aún resta completar otras 200 unidades en una de las cooperativas, de las que al menos 50 concluirán a fin de año, según se estimó desde la delegación local.

“Son distintas modalidades –explicaron desde el IPV comodorense-. Las viviendas sociales se administran por una ley nacional en la que se deben cumplir determinados requisitos, pero a través de las intermedias hay otros criterios; por ejemplo, no es necesario la antigüedad, ni se exige tener hijos a cargo ”.

Otra diferencia se da en la dinámica de trabajo conjunto, ya que por esta vía las cooperativas pueden gestionar previamente el terreno, en acuerdo con el municipio para su venta y acceso al título de propiedad, para luego acordar con el Instituto la construcción de las casas . 

La mutación en los últimos años ha sido clara. Las operatorias de viviendas sociales han perdido terreno, lejos de los grandes planes de viviendas que se construían desde el Estado hasta la década pasada, para consolidar una intermediación que sin dudas aporta soluciones para quienes pueden integrarse, con determinadas condiciones laborales, en las mismas.

El problema sigue afectando a quienes quedan excluidos de esa posibilidad. Son quienes se inscriben directamente en el registro del IPV (ya que las entidades intermedias administran sus propios padrones). 

Tal vez esa situación sea la que aflora a través de los intentos de tomas de tierras de los últimos años, que desde el municipio se ha reconocido en alrededor de 30 intentos –evitados por el área de control- por mes. Con más de 11.200 inscriptos a la espera de una vivienda social, es probable que esa tendencia no desaparezca en el corto plazo.

Proyectos por 1.000 millones de pesos para este año: ¿para cuántas casas alcanza?

Para el gerente provincial del IPV, Ivana Papiani, algunas falencias podrían empezar a equilibrarse en los próximos meses, particularmente a partir de las nuevas modalidades de trabajo con el Estado nacional y el municipio comodorense.

“En los últimos 4 años no hemos recibido financiamiento de Nación, todo lo que se hizo fue con fondos nacionales ha sido muy difícil sostenerlo –explicó la funcionaria provincial-. Por eso celebramos los acuerdos que ahora estamos haciendo con el gobierno nacional ”.

Entre esas operatorias, ponderó la licitación de 37 viviendas que está en proceso de revisión de ofertas por parte del Tribunal de Cuentas, a lo que agregó una operatoria con 128 “lotes con servicios”, que se gestionan con el municipio comodorense y que se completarán con inversión nacional:

“A través del PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial) recibimos una inversión de 236 millones de pesos, en Fracción 14 y 15, para infraestructura y ahora se suma esta operatoria con 128 lotes, en el que ese van a construir las viviendas a través del programa ‘Casa Propia’”, detalló Papaiani, en referencia a un programa nacional que ya cerró las inscripciones para participar.  

La funcionaria indicó que el costo de una vivienda en la actualidad, sin infraestructura, es de 5,9 millones de pesos, mientras que el plan de 37 viviendas sociales a construir con infraestructura, ascendió a 237 millones de pesos.
“Si sumamos esta operación, más los 236 del PROMEBA y las 220 que tenemos en ejecución son casi 1.000 millones de pesos de inversión en Comodoro Rivadavia para este año”, graficó la funcionaria.

Se trata de un monto importante, pero que sigue lejos de atender la magnitud real del problema, ya que equivale al valor de 172 viviendas. Es decir, el 1,5 por ciento de la demanda actual, que además crece a un ritmo 5 veces superior en cada año. 

La funcionaria aceptó que todas las propuestas no alcanzan para reparar un problema que lleva años de acumulación. Por ello sumó otros objetivos que se trabajarán en el corto plazo:

“El desafío inmediato es activar los créditos individuales, que van a ser para familias que tienen el lote y titularidad a su nombre, en el segundo semestre de este año. Es un proyecto que estamos previendo con el gobernador –detalló la gerente-, ya que al recibir financiamiento nacional podemos utilizar los fondos provinciales para este programa, que además tiene la ventaja de que por cada unidad se generan 3 puestos de trabajo, por lo que esta solución, que apunta a 300 familias, estaría aportando también 900 puestos de trabajo en la construcción”.

Ese tipo de operatoria, con créditos para que los beneficiarios administren la construcción, es otro cambio entre las nuevas modalidades hacia las que va mutando el viejo sistema de planes de viviendas.

La operatoria prevé el financiamiento para construir viviendas básicas, de sólo 47 metros cuadrados.

Otro de los proyectos apunta a la construcción de 32 viviendas para adultos mayores, a través del denominado proyecto ‘Casa Activa’, en barrio Palazzo. “Son 20 mono ambientes y 12 viviendas de un dormitorio, a partir de financiamiento que baja el PAMI y ya enviamos el proyecto, con un SUM para compartir, porque se trata de residencias, con fondos por más de 250 millones de pesos”, precisó Papaiani.

La necesidad de acelerar para sostener puestos de trabajo

Más allá de los planes mencionados por la funcionaria, quienes esperan una vivienda no son los únicos preocupados por la lenta evolución de los últimos años. En sectores vinculados a la construcción se ve con intranquilidad el panorama, ya que “hace varios años que no se licitan nuevos planes de vivienda en la ciudad por parte del IPV”, según advirtieron en círculos empresarios.

Si bien no se desconocen las viviendas entregadas desde 2016 en adelante, las mismas corresponden a operatorias licitadas antes de ese año, de allí que se anticipa que en la medida que la mayoría de esos planes van culminando, habrá dificultad para sostener los puestos de trabajo vinculados a esos proyectos

Dependerá entonces de las proyecciones trazadas por Papaiani en relación a los financiamientos que llegarán desde Nación en la segunda mitad de este año, aunque los tiempos vinculados a la licitación pueden llevar la perspectiva de inicio de nuevas obras hasta el 2022.

“No sabemos por qué no se avanza al menos con los procesos de licitación para acelerar los tiempos, porque ese proceso lleva un plazo determinado y mientras se completan estos trámites podemos reducir la espera para empezar las obras, que es lo que permite mantener los puestos de trabajo”, dijeron desde el sector. 

Las caras de la corrupción

Por ahora, todo indica que el ritmo entre la demanda de viviendas y el ritmo de construcción por parte del organismo encargado de administrarlo no se condice con las necesidades reales. Tal vez esto explique por qué en determinados momentos de la historia reciente, hubo causas judiciales vinculadas al manejo de las viviendas entregadas.

Uno de esos hechos terminó con la condena de un ex delegado local, mientras que en la actualidad se avanza hacia un nuevo juicio por una segunda investigación. En ambos casos, el dominador común es el mismo: un sistema de respuestas poco ágil, frente a una necesidad histórica y creciente, que involucra a miles de familias de la ciudad.

Algunos suscriptores, como se desprende de la última investigación judicial en marcha, terminan cediendo a la tentación de realizar un pago irregular para acceder al techo propio, por lo que sufren una doble decepción. Además, de no recibir la vivienda prometida, terminan involucrados en un hecho ilícito; en otros casos, la decisión es usurpar un pedazo de tierra, para lidiar luego con los problemas de la regularización.  
Algunos pocos, inscriptos desde la década de los 80 ó 90, quizás ya no viven en la ciudad, o tal vez fallecieron a la espera de una llave. La misma que queda perdida en el laberinto de un sistema de construcción de viviendas, que parece haber agotado su capacidad de respuestas.