Avanza la evaluación del pasivo ambiental de Restinga Alí: ¿de cuánto será el costo de la reparación?

La reversión del área Restinga Alí tiene todavía por delante la evaluación del impacto ambiental provocado a lo largo de un siglo de explotación, en un estudio que aún no concluyó y que debe incluir un plan de remediación y abandono de pozos por parte de la operadora que desistió de seguir explotando esos yacimientos.

Según pudo conocer ADNSUR a través de fuentes oficiales, la tarea se complejiza por la antigüedad de las explotaciones y la existencia de pozos que aún no están identificados debidamente, cubiertos por vegetación marina.

Luego de ese proceso general de evaluación, conocido como REBECA, tal su sigla en inglés (Acciones Correctivas Basadas en Análisis de Riesgo) se podrá cuantificar el costo total de la remediación, que dependerá de la cantidad de pozos que requieren abandono definitivo, a diferencia de otros cuya viabilidad de ser recuperados será evaluada, a partir de técnicas de recuperación terciaria y otras acciones.

Sólo en el área on-shore habría unos 22 pozos en evaluación, a lo que se suma otra cantidad importante en la zona off-shore, es decir las perforaciones que se hicieron en el lecho marítimo, que suma mayor dificultad, aun tratándose de profundidades someras.

Fuentes calificadas dijeron a esta agencia que la petrolera ya habría realizado un primer pago por ese concepto, en torno a los 25 millones de dólares, aunque la información no pudo ser confirmada por las fuentes consultadas.

“Pudo haber un anticipo por ese concepto, pero al no estar terminada la evaluación del impacto, no es posible fijar una cifra definitiva para el costo del pasivo”, explicaron desde despachos técnicos que trabajan sobre el tema, pero desconocían si esto se concretó, o si el pago se hará al final del proceso, una vez cuantificado el total de la reparación.

POR QUÉ EN ESTE CASO SE DEBE PAGAR EL COSTO DE LA REPARACIÓN AMBIENTAL

Hay que diferenciar el proceso de Restinga Alí con relación al que se llevó adelante en los bloques Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, en los que hubo un traspaso de áreas entre privados. Dentro de esa transacción, YPF vendió la concesión de las áreas a PECOM, con el costo de la reparación ambiental incluido en el precio de la operación.

Lo anterior significa que el nuevo operador se hace responsable del pasivo ambiental, más allá de que el Estado provincial seguirá considerando como responsable original a la petrolera de mayoría estatal, sobre todo si no se cumple el programa de saneamiento en los plazos establecidos.

A diferencia del traspaso entre privados, en la reversión del área a manos del Estado se exige que la cuestión ambiental quede debidamente saneada. Por eso, en la reversión se exige el pago del costo de la reparación, por lo que resulta prioritario la determinación del costo del pasivo, que deberá ser abonado a la provincia, para que se encargue de las tareas de saneamiento.

Tal como informó esta agencia semanas atrás, también en Santa Cruz se acordó que la operadora realizará el pago de un monto determinado en concepto de saneamiento del pasivo ambiental. Si bien en la vecina provincia no hay un proceso de reversión neto, ya que YPF hace un traspaso a CGC y luego ésta distribuirá las áreas entre otro grupo de compañías, la operación no incluye una transacción económica entre privados, sino que éstas asumirán la operación con los pasivos previamente saneados, tanto desde el punto de vista ambiental como laboral.

Todo el proceso es supervisado por el gobierno provincial, que apunta a acelerar los tiempos para evitar que la paralización de los yacimientos impacte más negativamente sobre las cuentas públicas de la provincia.