El fiscal pidió 6 años de prisión para Boyero y Palomeque: el 28 de agosto se conocerá el veredicto y la pena aplicada por el tribunal
Además se incluye la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y la responsabilidad solidaria para reponer el monto de la defraudación, por 408.000 dólares, al igual que los empresarios condenados.
A lo largo de toda la jornada del presente miércoles se concretaron los alegatos de pena de las partes en el juicio por la causa “Emergencia Climática I” en Comodoro Rivadavia. Así, luego de producirse la prueba de la cesura y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de cada uno de los condenados, el fiscal Cristian Olazábal solicitó la pena de 6 años de prisión para los ex secretarios Abel Boyero y Rubén Palomeque.
A ellos se suman, entre quienes cumplían funciones públicas, los pedidos de 4 años y 10 meses para los inspectores municipales Sartori y Lara; 4 años y 4 meses para Van Heerden; y 5 años y 6 meses para Joaquín Mansilla. Estos funcionarios también fueron declarados responsables por el delito de falsificación de documento público, además de la defraudación y también se les pide participar en la reposición del monto defraudado.
En cuanto a los empresarios, el fiscal solicitó la pena de 5 años de prisión para Cristian Pérez y pago de reparación por un monto aproximado de 70.000 dólares; de 5 años y 6 meses para Roberto Monasterolo y el pago de 110.000 dólares; de 5 años para Javier Morales y el pago de 68.000 dólares; y de 5 años y 2 meses para Hernán Lobos Rosas y el pago de 125.000 dólares, más la medida cautelar de inhibición general de bienes y costas del proceso para todos ellos. El fiscal consideró como única atenuante, para todos los acusados, la falta de antecedentes penales.
Entre las pautas mensurativas comunes, el fiscal Olazábal consideró la naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido en la Convención de las Naciones Unidas. “En la tormenta extra-tropical que destrozó la ciudad), hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que aprovecharon para enriquecerse”, dijo el acusador público.
En cuanto al daño patrimonial causado al Estado Municipal fue de gran magnitud, 408.804 dólares, que al tipo de cambio actual significa unos 410 millones de pesos.
PEDIDOS DE LOS DEFENSORES: PENAS DE PRISIÓN EN SUSPENSO
Por su parte el defensor de Monasterolo se opuso a la inhibición general de bienes y, evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes, requirió el mínimo de la pena para su asistido, con sólo 2 años de prisión y que la misma sea dejada en suspenso.
Todas las restantes defensas solicitaron penas de dos años, el mínimo, y que la misma sea en suspenso, a excepción de María de los Ángeles Garro que solicitó 2 años y 4 meses para Mansilla, a su vez Di Taranto solicitó 2 años y 3 meses para Cristian Pérez y Juan Billl de 2 años y dos meses para Lobos Rosas. Oponiéndose todos a la inhibición general de bienes para sus asistidos.
Cabe recordar que el pasado 8 de julio el tribunal dio a conocer la parte dispositiva del fallo que “sobreseyó” a los imputados Gonzalo Pérez y Julián Astiz, “declarando parcialmente nula la acusación en su contra”; y asimismo declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”. En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas, en cuanto a los inspectores Municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori fueron penalmente responsables como partícipes de fraude a la Administración Pública y falsedad ideológica de instrumento público. Absolviendo por su parte a Herk ya que “la prueba en su contra es insuficiente”.
“Emergencia Climática I” en Comodoro:
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas.
El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.
El tribunal de debate es presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal es representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía. La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rosas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a Cristian Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular del mismo.
