Coimas en vips: Suspendieron audiencias preliminares y se harían en febrero

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio) – El fiscal Martín Cárcamo confirmó que este lunes “se suspendieron ambas audiencias preliminares” por la causa de coimas  en vips que involucra a ex funcionarios públicos debido a que el defensor de los imputados no pudo asistir. “Se requirió la unificación de las dos audiencias" que se realizarán en "febrero o marzo" del año próximo.

Cárcamo indicó que “se suspendieron ambas audiencias preliminares. La primera vinculaba a los acusados de la Secretaría municipal en función de la imposibilidad de apersonarse del defensor de los imputados y a consecuencia de esa suspensión derivó la suspensión de la segunda audiencia donde se vinculaba al comisario (Alejandro) Pulley y a los acusados de promocionar la explotar económicamente la prostitución, es decir dos ciudadanos de nacionalidad extranjera”.

Por tal motivo, remarcó que “respecto de la primera audiencia, lo que corresponde ya coordinado por la jueza se hizo, y es la reprogramación”. Además, “se requirió la unificación de las dos audiencias, conforme lo adelantado por la oficina judicial y esto estará sucediendo en el calendario de audiencias de febrero – marzo del año próximo”.

A su vez, aclaró que las audiencias preliminares son la instancia previa al juicio y sostuvo que “la defensa tiene la posibilidad de objetar y dictar el sobreseimiento. También han ofrecido pruebas a función de resolver instancias en juicio oral y público”.

Cárcamo agregó que “en la audiencia preliminar el momento más importante será discutir la procedencia de la acusación, el rechazo del sobreseimiento y las pruebas”.

ACUSACIONES

Consultado sobre las acusaciones y penas para los involucrados en la causa, Cárcamo informó que a los funcionarios municipales se los imputa por “la exigencia de dinero en concreto para permitir la existencia y funcionamiento de departamentos vips, actividad que luego se ve prohibida por ordenanza municipal que es la que le dio razón de ser a la creación de la Secretaría de Seguridad”.

“También se ha podido acreditar a la par de esa exigencia de dinero otras acciones positivas. Esto es la confección de manera irregular de las libretas sanitarias, y esto lleva a que la imputación incluya el incumplimiento del deber de funcionario público”, remarcó.

Destacó sobre la pena que "en principio cada uno de los seis imputados tiene acusaciones con diversas calificaciones y se les atribuyen distintos hechos”.

A “los integrantes de la Secretaría de Seguridad se los acusa de estas situaciones ilegales y el incumplimiento de deber de funcionario público y en las penas superan los 6 años de prisión y doble de tiempo de inhabilitación para cargos públicos”.

“Respecto a los restantes integrantes, para quienes promovieron y explotaron la prostitución, los dos acusados de nacionalidad extranjera, se solicitó la mayor pena de 10 o 12 años de prisión para la mujer y para (el colombiano Juan Carlos Cuellar) Gamboa 7 o 8 años de pena. La mayor responsabilidad pesa sobre Guillermina (Ferreyra Armada, administradora del VIP) porque Gamboa desempeñaba tareas que permitían facilitar el ejercicio de la prostitución y beneficiarse económicamente”, sostuvo.

A su vez, indicó que “en el caso del comisario Pulley, a quien se le atribuye específicamente cohecho pasivo en cuatro oportunidades que pudieron ser acreditas en concurso con incumplimiento de deber de funcionario público, (la pena) sería 4 o 5 años de prisión y por cohecho, inhabilitación perpetua”.