RADA TILLY (ADNSUR) - En un hecho denunciado ante la comisaría de Rada Tilly quedó  registrado que hubo que desalojar a la fuerza, y en medio de una denuncia por violencia, a un hombre que, por una sentencia, tenía que devolverle el auto y la casa a su ex mujer.

Según informó la policía, este miércoles se dio cumplimiento al oficio N°3069/17 del Juzgado de Familia N°1 a cargo de la Dra. María Nieto, en relación a “M.A.P c/G.A.S sobre violencia familiar”.

El mismo requirió el desalojo formal bajo prescripciones legales del ciudadano G.A.S quien, en presencia de un abogado particular, entregó tres llaves de acceso a la vivienda de la calle Automóvil Club Argentino al 2400, un control remoto de acceso vehicular y una llave del vehículo Volkswagen Bora, además de la cédula de identificación vehicular.

Los mismos fueron restituidos a M.A.P.

Tal como informó Jornada el lunes, el Juzgado de Familia Nº 1 de Comodoro Rivadavia le había dado 48 horas al hombre para abandonar la casa que compartía con su expareja en Rada Tilly y le habían advertido que, de no cumplir, lo sacaría la Policía por la fuerza y le iniciarían una causa penal.

En la pareja ya existía una prohibición de acceso y acercamiento.

M.A.P había denunciado violencia emocional y económica de parte de G.S., con quien había mantenido durante un largo tiempo una relación de pareja. Por eso pidió medidas de protección y la exclusión del agresor de la vivienda, que es propiedad de la mujer, así como el vehículo.

En el expediente la joven relató que había comendado el noviazgo hacía varios años atrás y que ella siempre tuvo trabajo estable en relación de dependencia, pero su pareja se dedicaba a trabajos eventuales y changas y durante la relación el hombre no dejó de controlar sus ingresos, sus gastos, despreciar su trabajo y humillarla.

La mujer había licitado un terreno y gracias a un crédito hipotecario pudo construir una vivienda a la que no se había mudado por problemas personales pero sí se había mudado el hombre denunciado y la pareja convivía allí los fines de semana.

Tras la separación, el año pasado, el denunciado se quedó con los dos bienes y obligó a la denunciante a vivir en un lugar alquilado y sin su coche.

LA SENTENCIA

La jueza en su sentencia explicó que la violencia contra la mujer no sólo es física o sexual: incluye aspectos como la violencia psicológica, la obstétrica, la mediática, la laboral o la institucional. Y también la violencia económica o patrimonial, como en este caso, la cual “se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Consiste en abusar económicamente, tener un control abusivo de las finanzas o castigar monetariamente a las mujeres”.

La violencia económica se genera cuando el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y los proyectos de vida de su pareja. “Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia también se presenta en espacios públicos, es en el ámbito privado donde se hacen más evidentes sus efectos”.

A modo de jurisprudencia, Nieto agregó que este tipo de violencia se definió como “una serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres con relación al uso y distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos”.

“Entiendo que debe prestarse protección a la víctima de violencia –subrayó la magistrada-, a fin de cumplimentar no sólo con el deber de sancionar la violencia, sino con prevenir la reiteración de nuevos hechos y erradicar la misma de la esfera cotidiana de la persona que denuncia, garantizando así, una vida libre de violencia”.

La sentencia de Nieto se basó en “la gravedad de los hechos denunciados, a los fines de resguardar la tranquilidad física y emocional de la Sra. M.A.P. y evitar mayores perjuicios”.

MULTA

Además de la devolución del vehículo y de la casa, la mujer había pedido aplicar una multa al agresor para obligarlo a cesar los hechos de violencia en su contra. Sin embargo, para decidir si corresponde y el monto del pago, la jueza pidió una evaluación del Equipo Técnico Interdisciplinario, “debiendo las partes colaborar con dicho cuerpo de profesionales, asistiendo a los turnos de entrevistas que se informen”.

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