"La Manada de Chubut": allanaron la fiscalía de Puerto Madryn por la filtración de documentos reservados

PUERTO MADRYN - Este miércoles al mediodía, el juez Marcelo Nieto di Biase había rechazado el acuerdo de juicio abreviado pactado por el fiscal Fernando Rivarola y las defensas de los tres acusados, por el abuso sexual en grupo ocurrido en septiembre de 2012 en Playa Unión. Luego, se allanó la oficina fiscal de Puerto Madryn, en busca de la computadora de un empleado en particular. La acusación: filtrar documentos reservados del caso que contienen detalles que afectan la intimidad de la víctima. Entre los archivos se encuentra el acuerdo de juicio abreviado, así como otros del legajo, según informó Radio Chubut. 

El propio Rivarola hizo la denuncia, mediante un sumario administrativo en el Ministerio Público y una causa por el artículo 157 del Código Penal, a cargo de la jueza Mirta Moreno. El artículo establece que “será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

Tal como destaca Infobae, la hipótesis es que un empleado desleal lo extrajo del sistema en línea SRCONEX, que emplea el MPF. Todavía no hay un imputado de manera formal y se esperan resultados a pericias.

Rivarola presentará este jueves la apelación a la decisión del juez Nieto Di Biase. La fiscalía considera que el rechazo “revictimiza a la víctima” ya que la joven desea que el caso se cierre. Sin embargo, Nieto di Biase apuntó fuertemente contra el fiscal en varios medios. 

“Remarqué en distintas circunstancias que el acuerdo no puede ser válido. Uno, porque considero que por los hechos relatados por la Fiscalía, la calificación debe ser otra. En este caso considero abuso sexual doblemente ultrajante por la participación de dos o más personas, con una mínima de ocho años y una máxima de 20. Hace falta mayor conocimiento de los hechos porque habría elementos posiblemente desarrollados en el juicio que la propia fiscalía cita, que se requiere sean ventilados en un juicio oral. Son las dos posibilidades que permite el Código Penal para que un juez no homologue un acuerdo”, señaló en contacto con TN.

A criterio del juez, el acuerdo pretendía imponer una pena de tres años en suspenso, “mínima para la escala elegida por las partes”, según un comunicado del Poder Judicial de Chubut. Pero el juez Nieto Di Biase fue más allá y apuntó directamente contra la fiscalía de Rivarola. Incluso, denunció una situación irregular antes de emitir su fallo.

“En la audiencia se me hace saber una circunstancia que no puedo obviar: hubo un acuerdo privado entre los imputados y la víctima. No me hicieron saber el monto ni en qué consistía porque había un pacto de confidencialidad. Pero me dice la Fiscalía en el marco de todo esto ‘mire, le hacemos saber que hubo un acuerdo reparatorio de forma independiente y le pedimos que lo sepa pero que no lo vuelque en la sentencia’. Me pareció totalmente inadmisible”, reveló el magistrado.

Y agregó: “Lo sentí como un agravio personal porque me estaba diciendo ‘usted no cumpla con su función’. Me resulta repugnante, que fue el término que utilicé en mi resolución, que haya una justicia que dependa de la capacidad económica de los imputados. O sea, tenemos justicia para ricos y justicia para pobres”.

Sin embargo, antes de que el juez resuelva en contra, la joven le relató al magistrado los motivos por los que estaba de acuerdo con lo solicitado por Rivarola. En una audiencia que se llevó a cabo el lunes pasado, le manifestó estar totalmente conforme con lo acordado y dijo que fue aliviador, porque le permitió dar un cierre definitivo a este hecho. “Necesito cerrarlo porque necesito seguir viviendo”, sostuvo.

Además, contó que cuando comenzó la causa el fiscal Rivarola le explicó que iba a investigar hasta donde ella aceptara y que cuando no quisiera seguir se lo informara. “El Fiscal siempre me mantuvo al tanto de cada una de las pruebas que se iban recolectando y me explicaba cuán valiosas eran o no. Nunca me sentí presionada”, dijo la chica ante el juez.

De acuerdo con su terapeuta, quien la atiende desde 2015, la joven se encontró en posición de “sujeto activo” capaz de tomar decisiones en torno a este proceso judicial. “Tiene un fuerte deseo de sanar a partir de que los imputados reconozcan que este hecho sucedió y que ellos fueron partícipes”, explicó la licenciada en Psicología. Y contó que, tras el acuerdo de juicio abreviado, su paciente sintió “una inmensa tranquilidad” y “empezó a retomar su vida cotidiana”.

La trama judicial comenzó en enero del año pasado cuando la joven denunció por Facebook que en septiembre de 2012, cuando tenía 16 años, fue violada por un grupo de varones en una casa de Playa Unión. La acusación tomó gran repercusión en la provincia y la Justicia abrió una investigación de oficio, por lo que cinco de los seis jóvenes acusados fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

Entonces, el fiscal avanzó en la investigación y en su dictamen, Rivarola modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”. Asimismo, argumentó el pedido de juicio abreviado utilizando la definición “accionar doloso de desahogo sexual”.

Según se explicó, la modificación de la calificación legal se debió a la falta de pruebas en el expediente, la dificultad de probar una violación siete años después y la decisión de la adolescente a no “exponerse” en un juicio oral. Tras aquel cambió de tipificación penal, en conjunto con las palabras “desahogo sexual”, el caso cobró una gran notoriedad y se abrió una polémica, tanto a nivel político como en la sociedad en su conjunto.