Allanaron oficinas del Grupo Indalo y de OP Investiment

CAPITAL FEDERAL - El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi libró órdenes de allanamientos sobre el Grupo Indalo a pedido del fiscal Ramiro González, en el marco de la causa donde se investiga la venta que Cristóbal López intentó realizar a favor de OP Investiment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatore. La causa ya se encuentra bajo secreto de sumario.

Uno de los motivos por los cuales Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa terminaron detenidos (después de ser procesados por el juez Julián Ercolini por administración fraudulenta al no pagar $ 8.000 millones a la AFIP del impuesto a los Combustibles) fue por buscar eludir a la Justicia con la venta de su holding a OP Investiment.

Todos fueron imputados por el fiscal Ramiro González que consideró que se debe investigarse si la operación corresponde a una acción fraudulenta.

Es así que en ​el marco de dicha causa, la fiscalía de Ramiro González solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas el secuestro de una cantidad importante de documentación para comenzar a analizar la operación que nunca se concretó porque la rechazó Ercolini.

Además, se pidió el allanamientos a los que dio lugar el juez Martínez De Giorgi, sobre el domicilio legal de Santiago Dellatorre e Ignacio Rosner, en avenida Libertador al 600 y sobre la cede principal del Grupo Indalo, en la Avenida Alem 855 de Capital Federal.

El fiscal González solicitó el expediente de Oil que se encuentra con su concurso preventivo de acreedores abierto. La empresa cuenta con interventores coadministradores hasta el 10 de agosto de 2018.

Todas las medidas adoptadas por el juez comercial Javier Cosentino, se respaldaron en la "firme presunción de que durante el período post concursal, la concursada habría continuado incumpliendo con el Impuesto a la Transferencia de Combustibles –ITC- con la finalidad de asistir a otras sociedades del grupo como lo venía haciendo con antelación, al menos hasta diciembre de 2017".

El juez Cosentino señaló que los administradores Rosner y Dellatorre, retiraron "fuertes sumas de dinero, sin que de modo alguno se hubiera justificado en ese expediente, entre otras cuestiones propias del giro de las empresas".

Por todo esto, la fiscalía consideró que debían levarse a cabo medidas que "serían de utilidad a esta investigación".

Lo que parecía ser un acuerdo entre privados, terminó judicializado. Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención de los dueños del Grupo Indalo -hoy excarcelados-, el juez Julián Ercolini concluyó que sus dueños cometieron acciones "dirigidas a obstruir la labor de la Justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López realizó a Op Investiment, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir "una inhibición de bienes que lo impedía".

El juez indicó que la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada por posible fraude. En este sentido, se señaló que la medida cautelar estaba vinculada directamente al pago de la deuda con la AFIP (que a la fecha supera los $ 21.000 millones) y que de los escritos presentados por López y De Sousa "no surgía cómo se iría a abonar; como así tampoco se observó cómo harían frente a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado nacional”.

Tanto López como De Sousa -según el juez- desplegaron “diversas conductas tendientes a impedir la conservación" del patrimonio del Grupo que sería la garantía de pago al Estado.

Fueron ellos mismos quienes manifestaron “haber vendido sus tenencias accionarias -cuando les estaba vedado conforme ya fue expuesto- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”.

Por tal motivo, pidió que se investigue si la operación no se trataba de una maniobra fraudulenta. Esto abrió un nuevo expediente en la justicia federal que recayó en el juzgado del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Fue el fiscal Ramiro González quien se pronunció en un dictamen de nueve páginas, al que accedió Clarín: decidió abrir la investigación e imputar a los cuatro involucrados en la compraventa.

El fiscal Ramiro González busca determinar si la venta al fondo de Inversión de Rosner responde a un "presunto incumplimiento de la inhibición general de bienes" y considerar que, a raíz de los escritos firmados por López y los dueños de OP Investiment, "se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso".

Así, Cristóbal y su socio sumaron una causa más, mientras que por primera vez los dueños de OP Investiment, quedaron bajo investigación judicial. Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre están imputados junto al empresario K.

Son 170 las empresas que constituyen el conglomerado económico de López y De Sousa, que durante el kirchnerismo creció exponencialmente: hacia 2003, cuando los K llegaron a la Rosada, no existía el Grupo Indalo como tal y Cristóbal sólo tenía una decena de sociedades.

Sobre el holding aún recae una inhibición de bienes y no hay operación posible si no cuenta con autorización judicial. Ya hubo un rechazo por parte de Ercolini a la venta, después de la oposición del fiscal Gerardo Pollicita, los veedores y la AFIP.

La investigación avanza en medio de días claves para el empresario K, donde la Sala I de la Cámara de Casación decidirá si vuelve o no a la cárcel. Además, la principal empresa del Grupo, Oil Combustibles está bajo análisis para ver si el juez comercial Javier Cosentino dictamina su quiebra o acepta alguna de las dos empresas que pretenden comprar la petrolera.

Fuente: Clarín