Alquiler a la suegra, un incendio y una nota: los tres hechos por los que Iturrioz pide la destitución de Porras Hernández

Este lunes ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político, con la firma del ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, pidiendo la destitución del Procurador General Adjunto, Emilio Ricardo Porras Hernández, por las causales del mal desempeño, desconocimiento del derecho y falta de objetividad, por tres hechos concretos.

En la denuncia, Iturrioz aduce que el Procurador General Adjunto “ocupa el segundo cargo más importante jerárquicamente dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut” y que “las funciones que a este funcionario competen son entre otras, aquellas que le haya delegado el Procurador General, y las que este mismo superior le asigne”.

“Dentro de ese marco legal es que se dictó la Resolución 229/11 PG, mediante la cual se estableció que respecto del Laboratorio Regional de Investigación Forense, sería su Coordinador General el Procurador General Adjunto, Emilio Porras Hernández”, por lo que le corresponde “el ejercicio de las facultades de superintendencia", por lo que es el responsable directo del funcionamiento de aquella dependencia científico forense.

Así, en el primer hecho denunciado, sostiene Iturrioz que entre los deberes incluidos “se encontraba el de obtener en locación un inmueble en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a fin que en aquel funcione el Laboratorio Regional; ello pues la Procuración carece de inmuebles propios en aquella urbe”.

“Fue en ese contexto que dispuso se alquile a los fines antedichos el inmueble sito en la calle Vélez Sarsfield N°: 1520 finca de propiedad de Rosaura Álvarez Estrada y Amelia Isabel Álvarez”, explica el denunciante, y agrega que “lo escandaloso y que vulnera toda norma ética, es que la titular es la progenitora de la por entonces esposa de Porras Hernández Ana Karina Koroluk”.

Según el ministro, “la contratación (onerosa, por cierto), generó cuando menos la posibilidad de obtener un beneficio indirecto de aquel acuerdo negocial para el Procurador General Adjunto; violentado de tal forma los postulados contenidos en el art. 17 incisos 1o y 4o de la Ley de Ética en la Función Pública (Ley I N°: 231)”.

Asegura que esto “se enrola en las causales descriptas en la norma constitucional como constitutivas de mal desempeño de sus funciones y falta en el cumplimiento de los deberes a su cargo” ya que “nunca debió haber contratado con una persona que compone su grupo familiar nuclear”.

Esto es así, dice Iturrioz, ya que “para el supuesto que él no se hubiera beneficiado directamente con la contratación, si existió un beneficio económico para su cónyuge, el procurador adjunto no podía ignorar que su suegra era propietaria de dicho fundo urbano; la falta se presenta a las claras”.

Segundo Hecho

En un segundo punto de la denuncia, expresa que el 24 de abril de 2017 “tuvo lugar un principio de incendio en el inmueble sito en la calle Piedra Buena N°: 835 de la localidad de Rada Tilly; inmueble de propiedad del matrimonio conformado por Ana Karina Koroluk y Emilio Ricardo Porras Hernández”.

El siniestro “sólo causó daños materiales parciales merced a la rápida intervención de personal policial y bomberos voluntarios de aquella villa” pero “se iniciaron actuaciones penales por ante la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, pesquisa que quedó a cargo del Equipo conformado por la Fiscal General, Andrea Alejandra Rubio y el por entonces funcionario de Fiscalía (hoy Fiscal General) Cristian Adrián Olazábal”.

El resultado, luego de “una prolija, minuciosa y extensa investigación” fue que respecto a las causas "no existió conducta, activa u omisiva, imprudente o negligente que sea achacable a persona alguna, lo allí acontecido responde a un caso fortuito por lo que el hecho investigado es atípico", por cuanto desestimaron la causa por inexistencia de delito.

El informe de Policía Científica y el perito ígneo, “permitían inferir sin mayor esfuerzo que el foco ígneo se situaba en la heladera que se hallaba en la cocina, y que no se había afectado la red eléctrica que alimentaba al resto de la vivienda (de dos plantas), extremo que finalmente fue corroborado por la pericia realizada con la intervención de todas las partes interesadas (los damnificados y los representantes de la empresa por estos sindicada, la SCPL)”.

Sin embargo, dice la denuncia, “la resolución adoptada por la Fiscal General no satisfizo al Procurador General Adjunto, quien no dudó en peticionar la revisión judicial de la desestimación; petición escrita en la que descalificó sin dobleces la actuación de su subordinada”.

Porras sostuvo que la decisión fiscal fue consecuencia de una “inadecuada e infundada valoración de los elementos colectados, y de una prematura decisión de cerrar el caso", algo que -según Iturrioz- no existió, “toda vez que la investigación se extendió por más de 2 años, claramente un caso sin precedentes en aquella Circunscripción”.

“Al intentar cargar las culpas sobre la prestadora del servicio eléctrico (la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia) Porras Hernández no escatimó críticas a la labor de la Fiscal”, luego de lo cual, informa la denuncia, la jueza Arcuri hizo una medulosa inspección y concluyó que "los argumentos invocados por los damnificados para revertir la decisión fiscal no logran conmover las sólidas conclusiones a las que arriba, en tanto no se informó de ninguna discrepancia del consultor técnico con las conclusiones del perito” como tampoco “se aportó ninguna evidencia objetiva adicional o propuesta de medio probatorio que permita señalar un desenlace contrario”.

Agrega Iturrioz que a continuación, ante una nueva negativa, Porras Hernández “dedujo un recurso de revisión (inexistente en la arquitectura del código de formas vigente) por ante un tribunal conformado por dos Jueces Penales, tribunal horizontal colegiado”, que le propinó un nuevo revés, y luego “planteó una vez más una vía impugnativa inexistente, la que fue desechada sin más por el Superior Tribunal de Justicia”.

“Lo grotesco del asunto es que no existen precedentes en la Oficina Única de Comodoro Rivadavia (y dudo que los haya en el resto de la provincia) de una investigación preliminar a la que se haya dedicado tanto esfuerzo investigativo; y ello solo porque el pretenso damnificado era ni más ni menos que el Procurador General Adjunto”, sostiene en el pedido de juicio político.

La explicación para el denunciante es que “el funcionario tiene bajo su órbita la supervisión de todas las causas que se tramitan en aquel medio, la que ejerce sin la enjundia demostrada en esta, vale decir que desprecia el valor justicia y solo pretendió hacer valer su elevado rol jerárquico para intentar cambiar la suerte de la investigación, prevaliéndose de su posición de superioridad sobre el correcto accionar de su subordinada”.

Indica que “para lograr tal trato preferencial no dudó en "visitar" reiteradamente a los funcionarios que tenían a su cargo el trámite del Legajo” por lo que “con la actitud asumida el infractor claramente violentó los postulados contenidos en el artículo 15 de la Ley I N°: 231, que impone el deber de Objetividad, incurriendo en mal desempeño de sus funciones y demostrando un claro desconocimiento inexcusable del derecho”.

Tercer Hecho

Finalmente, el tercer hecho es más reciente y data del último 19 de junio, cuando se recibió en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut, una nota del procurador adjunto requiriendo un informe sobre las plazas para alojar detenidos en la “Zona Sur” de la provincia.

La nota fue suscripta digitalmente por María Cristina Abella, secretaria de la Procuración General Adjunta, quien aducía dirigirse al Procurador General "por disposición del Sr. Procurador General Adjunto, Emilio Porras Hernández". Vale decir, “la autoría material e intelectual de la glosa le pertenecía a Porras empero no tuvo ni tan siquiera la bonhomía de estampar su firma ológrafa o digital”, dice Iturrioz.

En la nota, el objetivo era “poner en conocimiento del Procurador General la situación de extrema gravedad por la que atraviesa la circunscripción de Comodoro Rivadavia en relación a las plazas disponibles en los depósitos de encausados”, a lo que agregaba “la situación colisiona con el discurso punitivo del gobierno provincial que propicia una política de persecución penal sustentado en el encarcelamiento por delitos menores mediante el dictado de medidas cautelares restrictivas de la libertad”.

Lo que objeta Iturrioz es que “ninguna política de persecución penal puede propiciarse desde el seno del Poder Ejecutivo provincial, antes bien cualquiera política de tal tenor está reservada por imperativo constitucional en cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano que integra el denunciado, siendo una carencia insalvable que desconozca tal extremo”.

La nota “demuestra a las claras un desconocimiento inexcusable del derecho. Tal conclusión se impone como irreductible. Igual o más claro aún en cuanto a demostrar que Porras confunde la vigencia de la forma republicana de gobierno y el sistema acusatorio/adversarial que impera en nuestro medio”, afirma Iturrioz.

Y se pregunta “¿Qué injerencia puede tener el Ejecutivo en la privación de libertad cautelar? Ninguna, pues tales medidas tuitivas del proceso son dictadas solo por los Jueces Penales y a requerimiento de los Fiscales, no existe otra forma. Lo contrario sería denunciar una intromisión del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial, extremo que si le consta como parece- debería denunciarlo sin cortapisas”, concluye la denuncia.