ARA San Juan: "La jueza hizo un prejuzgamiento y ocultó información"

CAPITAL FEDERAL - "La jueza (Marta Yañez) hizo un prejuzgamiento y ocultó información" en la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan, aseguró en diálogo con La Nación el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, imputado en el expediente en su carácter de máximo responsable de las operaciones navales cuando ocurrió el accidente.

Junto a otros cinco marinos, el contraalmirante enfrentará este jueves una audiencia clave en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en la que se definirá si continuarán procesados como principales responsables por la muerte de 44 tripulantes del submarino.

En su primera entrevista con un medio nacional, López Mazzeo defendió la actuación de la Armada: "Todas las pericias y la opinión de 50 técnicos concuerdan con que el submarino estaba en condiciones" para navegar, enfatizó. Y deslizó, entre otras, la hipótesis de lo que podría haber ocurrido con el ARA San Juan: "Pudo haber sido incluso consecuencia de un error humano derivado del incidente" reportado por la tripulación poco antes de que perdiera contacto con tierra, sostuvo, entre otras "5 o 6 hipótesis".

Consideró, además, que en las dudas en torno de las condiciones de navegabilidad del ARA San Juan "hay algo subyacente y perverso" que sería suponer que los "informes de la propia tripulación eran falsos".

Hoy se realizará en Comodoro Rivadavia la audiencia para definir si seguirán procesados los jefes de la Armada, en el marco de las actuaciones que buscan establecer las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes del buque. Será con modalidad remota y también con algunos partícipes de modo presencial.

La audiencia estará presidida por Javier Leal de Ibarra, mientras que el cuerpo colegiado está integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman. En estas actuaciones se deberá dilucidar sobre la nulidad del procesamiento de los marinos, medida judicial impuesta por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, y cuestionada tanto por las defensas de los imputados como por la parte querellante.

En el expediente judicial se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el día 15 de noviembre del año 2017 y que ocasionó la pérdida de la unidad submarina y costó la vida de sus 44 tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina.

Junto al de López Mazzeo, se revisará el procesamiento del capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, exjefe del departamento Logística de la fuerza submarina.

Cuando ocurrió el hundimiento del ARA San Juan, López Mazzeo era en segundo en la jerarquía naval y candidato a suceder al entonces jefe de la Armada Argentina, Marcelo Srur, destituido por el expresidente Mauricio Macri en diciembre de 2017. En el momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el principal puesto operativo de la Armada, con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano

López Mazzeo, en su carácter de máximo responsable de las operaciones navales cuando ocurrió en hundimiento, consideró que "los procesamientos dictados van en contra de cinco informes periciales y la declaración de 50 submarinistas. Todos los informes dicen que el submarino estaba en condiciones de navegar. Además hay algo subyacente y perverso en creer que hasta los informes de la propia tripulación eran falsos".

La navegabilidad del submarino "se habilita en base a los informes de la propia tripulación que ha pasado por capacitaciones y cursos para determinarlo. El que habilita el buque va a bordo. Esto le da transparencia y honestidad al proceso. Es impensado suponer entonces que no estaba en condiciones" de salir al mar. Y remató: "Decir que el submarino no estaba bien es suponer que la tripulación mentía".

Relató que "hubo 890 horas hombre para informar que el submarino estaba en condiciones". Apuntó a Yañez asegurando que la jueza les transmitió a los propios abogados en el inicio de la investigación la frase "yo ya tengo dos cabezas y quiero saber si hay alguien más". Y añadió: "Esto fue en diciembre de 2017. Claramente hubo un prejuzgamiento".

López Mazzeo repasó los últimos días de contacto del ARA San Juan con las bases de la Armada en tierra. Dijo que el submarino reportó un incidente. El 14 a las 23:42 llamaron a Operaciones para informar que habían tenido un principio de incendio, para lo que "entran en contacto con Villamide. El comandante avisa poco después que el fuego cesó, que lograron controlar el problema y que seguirán (su curso) con rumbo este".

Sobre las hipótesis en torno a las posibles causas del hundimiento, dijo que "podría haber habido un error humano derivado del incidente inicial", sostuvo que "hay 5 o 6 hipótesis que van desde una explosión de hidrógeno hasta otro incendio" y que lo que "falta es otra pericia" tras el hallazgo del casco en el fondo del mar. "El casco estaba en condiciones. Si no, se hubiera inundado sin deformarse. No hubiera habido una implosión".

La audiencia había sido diferida para hoy como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada frente a la pandemia por Covid-19 "y se realizará con un formato o modalidad mixta, es decir, algunos comparecientes asistirán de manera presencial y otros de manera remota", informó la Cámara Federal.

La audiencia corresponde al trámite en segunda instancia de los recursos de apelación tanto de las defensas particulares como del defensor público oficial en representación de los imputados, todos oficiales de alto rango de la Armada Argentina.

A todos se los considera autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal. Los procesamientos dictados en primera instancia también fueron recurridos por los abogados querellantes en representación de los familiares de las víctimas, quienes impugnaron las calificaciones penales atribuidas y la desvinculación de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional a la época del naufragio y de los Jefes del Fuerza Armada respectiva.

La disconformidad con la decisión de Yañez se explica desde los extremos. Por un lado, para los familiares de las víctimas del ARA San Juan el tipo de delito imputado no es suficientemente grave frente a la magnitud del daño producido, además de que se cuestiona la desvinculación de los funcionarios políticos que tenían a su cargo el control de la fuerza, es decir el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa Oscar Aguad.

Para la defensa de los imputados, entre otras razones, se señala que si el capitán de la nave calificó a la misma en condiciones altas de navegabilidad, esto eximiría de responsabilidades a sus defendidos.

Fuente: La Nación / Ana Tronfi