Causa Revelación: el primer testigo declaró 5 horas y habló de los cheques encontrados para pagar "retornos" a funcionarios públicos
En su declaración durante la tercer jornada del juicio que investiga hechos de corrupción durante la gestión del exgobernador Mario Das Neves, el testigo también indicó que la cantidad de documentación y pruebas encontradas en los primeros allanamientos dio origen a nuevas causas judiciales, como "Embrujo".
RAWSON (ADNSUR) - El primer testigo del juicio oral que se lleva adelante por la causa “Revelación” fue Juan Carlos Núñez que contó ante el tribunal respecto de todos los secuestros que se realizaron apenas iniciada la investigación y se produjeran las primeras detenciones, en marzo del año 2018, y que dieran lugar a la apertura de otras causas judiciales.
El testigo es uno de los integrantes de las acciones operativas de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut que previo a esas diligencias, creó el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena.
Las primeras pesquisas dieron origen a la causa “Embrujo” ( que investiga a distintos funcionarios por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y defraudación al Estado a partir de la contratación de ciertas empresas) y de allí se desprendió otra investigación sobre la base de los negociados con la obra pública dando origen a la causa “Revelación”, que investiga el pago de retornos y coimas por parte de empresarios a funcionarios provinciales para la adjudicación de obras públicas.
La causa Revelación tiene como imputados a siete ex altos funcionarios provinciales y a un empresario de la construcción, acusados de asociación Ilícita; exacciones ilegales bajo la modalidad de concusión; cohecho pasivo; cohecho activo; enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos.
Los fiscales general Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz fueron quienes se hicieron cargo de estas pesquisas, a la vez que se incorporó para el trabajo investigativo de campo a Brian Elías, un ex oficial de la Policía del Chubut y el fiscal general Gustavo Nuñez.
El testigo dio detalles allanamientos realizados que resultaron claves para ambas investigaciones y de otras, que también debieron independizarse, a tal punto que varias de ellas también se encuentran en etapa de juicio oral y público previsto para este año.
Los allanamientos efectuados muy pocas semanas después de las detenciones, se realizaron en un domicilio de la calle Lezana de Playa Unión y en Marconi al 300 de la ciudad de Trelew. En ambos casos se secuestró profusa documentación que daba cuenta de la contabilidad de los negociados. Entre los elementos secuestrados se hallaron fotocopias de cheques de los cuales luego se obtuvieron los originales en el Banco del Chubut. Para los investigadores los cheques fueron claros indicativos de los pagos a los empresarios por las obras públicas ejecutadas, además de los mecanismos de retorno.
A partir de allí se comenzaron a citar a los empresarios que en su momento estuvieron procesados y que en sus declaraciones se mostraron como víctimas de un sistema de corrupción orquestado por altos funcionarios del Estado.
Núñez comenzó a declarar pasadas las 14 horas del jueves pasado. Lo hizo ese día hasta las 17 en que por problemas conexión, la audiencia debió ser suspendida. Su declaración continuó este viernes a las 9 y se extendió hasta las 10,30, para que comience luego a declarar en carácter de testigo, el empresario de Rawson Carlos Papaiani.
La extensa jornada del día jueves, dejo a la vista los distintos planteos de nulidad efectuado por los defensores de cada uno de los ocho imputados.
Cabe destacar que el tribunal integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana Gonzalez y Alejandro Rosales, resolvió rechazar los planteos de nulidades tras escuchar las teorías del caso que delinearon los defensores de los imputados.
También se dispuso, con el consentimiento de las partes, que en la etapa de prueba testimonial del juicio no sea trasmitido en vivo, en relación a lo dispuesto por el art. 323 del Código Procesal Penal de Chubut que dice textualmente que “antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia”
Desde el Ministerio Público Fiscal se procura demostrar la participación de cada uno de los ocho imputados en distintos delitos. En la organización de la asociación ilícita en concurso real con exacciones ilegales en modalidad de delito continuado se ubica al contador Víctor Hugo Cisterna; continuando con Diego Miguel Correa se lo acusó como organizador de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado. Por su parte, a doctor Gonzalo Carpintero se le imputó por cuatro cargos, definidos como organizador de asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito y dos hechos de omisión maliciosa de información.
Al contador Pablo Oca, también se lo acusó de organizar la asociación ilícita, en concurso real, con cohecho pasivo bajo modalidad de delito continuado, la misma figura fue elegida para el caso de Alejandro Pagani. Siguiendo con el listado de imputados, se encuentra a Juan Martín Bortagaray, que se lo acusó de miembro de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado, mientras que a Diego Lüters se lo acusó como miembro de asociación ilícita. Y por último, al empresario Martín Castillo se lo acusó como autor de cohecho activo.
La tercera jornada de debate se realizó conforme lo establecido en el protocolo sanitario por la pandemia de covid 19.
Los querellantes de la causa revelación, la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción, adhirieron en todos sus términos a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.