Chubut: decretaron por un año la Emergencia en Seguridad Pública
Incluye desde la creación del Sistema Penitenciario Provincial hasta la incorporación de empresas de seguridad privada como auxiliares de la Policía.
RAWSON (ADNSUR) - Con el Decreto 1.353/18 publicado ayer en el Boletín Oficial de Chubut, el Gobierno Provincial declaró por un año la Emergencia en Seguridad Pública. Incluye desde la creación del Sistema Penitenciario Provincial hasta la incorporación de empresas de seguridad privada como auxiliares de la Policía. También dotar de mayores recursos a las áreas de abigeato y convocar al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior con el fin de abordar, entre otros aspectos, la actividad de Resistencia Ancestral Mapuche.
El ministro de Gobierno, Federico Massoni, dijo a Jornada que la medida obedece a contar con herramientas para abordar de manera rápida y contundente la lucha contra el crimen, especialmente en narcotráfico o los delitos rurales. “Apunta a que podamos tener los reflejos suficientes en el combate narco, donde necesitamos dotar a la fuerza de equipamiento técnico como movilidad y logística, porque si no, no podemos dar respuesta rápida al problema”.
El ministro planteó que “la Policía necesita equipamiento específico y en función de eso establecer prioridades, pero eso lo tengo que resolver urgente y de ahí que la emergencia nos permita acelerar los procesos”. El ministro impulsará una serie de medidas para dar respuesta a delitos contra la propiedad, pero por otro lado garantizar que los gastos que efectúe el Estado para ese servicio no termine siendo en beneficio de aquellos privados que ofrecen servicios de seguridad pasiva o activa, pero no invierten en esa materia.
"NOS NOS GUSTA LO QUE PASA"
Massoni sostuvo que se vienen fuertes controles en el registro y capacitación de las personas que cumplen tareas de seguridad en lugares nocturnos. “No nos gusta lo que está pasando en algunos lugares, vamos a ser muy cuidadosos con ese tema”.
El objetivo de la declaración es “garantizar la defensa de la integridad física y el patrimonio de sus habitantes, amenazada de modo no excluyente por el delito complejo, el crimen organizado, el abigeato, el robo en despoblado y el delito violento contra las personas.
El Ministerio de Gobierno “entiende necesario convocar a las entidades que prestan servicios de seguridad, tanto personal como de tecnología, en el sector privado con motivo de integrarlos de forma homologada y como auxiliares al sistema de seguridad en una función subsidiaria a la Policía”.
SISTEMA PENITENCIARIO
Un punto central a concretar es del Sistema Penitenciario. Y se indica como tema de “recurrente preocupación para nuestra provincia el accionar de la RAM, a cuyos integrantes se les imputan delitos contra la propiedad, la seguridad y el orden público, razón por la cual, con el fin de atender, entre otros, la materia de delitos federales producidos por las actividades de esa organización y en el marco de la planificación desarrollada por el Comando Unificado Patagonia, se convoca al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior”.
Una vez formuladas las recomendaciones en materia de políticas relativas al control de las actividades delictivas surgidas del Consejo “se autoriza al ministro de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su efectiva implementación”.
Gobierno y Policía deben presentar en un plazo de 60 días “un relevamiento de necesidades materiales y plan de inversión sobre los siguientes aspectos: equipamiento informático para las áreas dependientes de la Policía Judicial, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Seguridad y las áreas de ella dependientes, especialmente Abigeato (Policía Montada)”.
Se evaluarán las condiciones de rehabilitaciones del parque automotor y adquisición de nuevas unidades, como así también un informe sobre el “mantenimiento de las dependencias policiales propiedad el Estado Provincial y deudas sobre bienes inmuebles alquilados destinados a igual fin”.
También solicita “recursos materiales para la capacitación laboral y educativa de personas alojadas en centros de detención provinciales”, además de “recursos para optimizar las medidas de seguridad y prácticas requisitorias” dentro de los establecimientos de detención penal.
El decreto autoriza a la Dirección General de Administración a adquirir y contratar bienes, recursos y suministros de servicios declarados “necesarios para atender la situación extraordinaria”. Por otra parte encomienda a la Policía a presentar un plan “de reformulación de la División de Seguridad Rural a los fines de revertir el delito de abigeato”.
REVISIÓN CURRICULAR
En materia de formación policial, habilita una revisión del Diseño Curricular de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, como así también a que el Ministerio suscriba acuerdos con establecimientos universitarios públicos de gestión estatal que permitan concluir de manera presencial o a distancia con la carrera de grado de los oficiales egresados del Instituto Superior de Formación Policial N° 811.
Un punto inédito del decreto es que pide a la Jefatura de Policía que “elabore y presente un informe sobre las personas físicas o jurídicas habilitadas a prestar servicios particulares de seguridad con el propósito de elaborar un protocolo de actuación a los fines de proporcionar un marco procedimental que eficientice y encuadre legalmente el desempeño de aquellas agencias y de su personal en carácter de auxiliares de las fuerzas de seguridad pública u organismos de persecución penal, cuando se evalúe que la situación conlleve peligro para la integridad física de las personas o la seguridad de los bienes”. Aprobado el protocolo, se integrará al plan de estudios de los cursos de capacitación y formación profesional dictados por los centros autorizados.
El Ministerio de Gobierno deberá convocar de inmediato “a todos aquellos prestadores del Servicio de Alarmas Particulares comprendidos por la Ley XIX - N° 45, y que de conformidad con la misma Ley se encuentran bajo su órbita, a los fines de analizar vulnerabilidades que pudieran presentarse en los servicios prestados como resultado de la aplicación de dispositivos inhibidores de alarmas domiciliarias como vehiculares y toda otra intrusión en comunicaciones de seguridad sobre los bienes”.
PERSONAL DE SEGURIDAD
Se obligará a la Secretaría de Trabajo a “un informe de situación” sobre el Registro Público Provincial de Empresas y Personal de Control de Admisión y Permanencia de empresas que poseen o brindan servicios en eventos nocturnos, como “espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de entretenimiento de público en general”.
Con ese informe en su poder, Gobierno y Policía “podrán implementar una guía de procedimiento para la intervención del personal de seguridad de boliches y espectáculos públicos como auxiliares de las fuerzas de seguridad”, según el decreto publicado en el Boletín ayer.