Chubut: médico forense continuó haciendo pericias sexuales a menores pese a estar denunciado por pornografía infantil

A pesar de que se emitió una alerta internacional el 2 de abril y se dio aviso a la fiscalía chubutense en el mes de mayo, un médico forense imputado por consumir material de una red de pornografía infantil recién fue apartado de su cargo en el mes de octubre, y durante todo ese tiempo continuó con su trabajo que incluyó pericias en el cuerpo de menores que eran víctimas de denuncias de abuso sexual.

La información fue confirmada de manera oficial a ADNSUR por fuentes del Poder Judicial, y agrega una nueva página al caso que conmocionó a la opinión pública, y por el cual está imputado el médico forense J.O.J., de 70 años, quien es funcionario judicial en la ciudad de Trelew.

De acuerdo a los datos chequeados de fuentes judiciales por esta agencia, en esos cinco meses, el médico realizó un total de 270 pericias generales, de las cuales 8 fueron por abuso sexual, y específicamente le asignaron 6 casos de abuso a menores. Es decir que, a pesar de ya estar sospechado de ser consumidor de una red de distribución de pornografía con niños, el hombre realizó la revisión ginecológica de varios menores, ante el desconocimiento de los empleadores sobre la situación.

La investigación tiene origen en la ONG de Estados Unidos, National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), que detectó el tráfico de material pornográfico el pasado 2 de abril en la IP de la computadora de J.O.J., quien es médico forense en el Poder Judicial de Chubut.

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito de Chubut, que conduce el fiscal Fernando Rivarola, recibió el aviso en mayo, pero ninguna autoridad judicial fue anoticiada de las sospechas contra el funcionario, cuyo domicilio en Trelew recién fue allanado el 8 de julio, así como el comercio de su esposa. Previamente, el 10 de junio, hubo varios allanamientos a otras personas sospechosas, que incluso terminaron con un individuo detenido.

En cambio, el médico y funcionario judicial no fue detenido en ninguna dependencia policial, a pesar de que partir del secuestro de su teléfono celular y su notebook el 8 de julio, se encontraron las pruebas que confirmaron la información de la ONG acerca de consumo de este material ilegal, algo que fue admitido totalmente por el imputado.

Pero recién tres meses después de secuestrar ese material, se dio aviso al Superior Tribunal de Justicia, que apartó a J.O.J. de su cargo. En todo ese lapso, es decir, desde mayo cuando se dio aviso a la fiscalía local, y octubre cuando fue apartado de su cargo, el médico realizó –según información documentada- no menos de 6 pericias en el cuerpo de menores víctimas de abuso, lo que generó indignación en varios de los padres que están ya están consultando por el tema, que hasta puede generar planteos judiciales para anular el resultado de esos informes.

El tema ya genera indignación en los principales despachos de la Justicia, y podría derivar en una denuncia para determinar responsabilidades, ante las siguientes preguntas: ¿por qué no se avisó con anticipación al empleador para que pudiera apartar de su cargo al médico o al menos no asignarle pericias con menores?; ¿por qué recién se conoció el dato en octubre, cuando ya estaba listo un acuerdo de partes entre el fiscal Rivarola y Fabián Gabalachis, abogado defensor del médico, para llegar a un juicio abreviado en secreto, con una condena mínima de un año?

LAS PRUEBAS

Hace una semana, la jueza María Tolomei dio vía libre a la apertura de la causa contra el médico, que quedó imputado por el delito de tenencia simple de material de abuso sexual infantil. Los fiscales Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez plantearon la posibilidad de un juicio abreviado, pero el asesor de menores Pablo Rey solicitó mayor tiempo de análisis de la investigación, por lo que la jueza le concedió 15 días para que esta parte conozca más en profundidad la investigación.

Incluso en los tribunales, los fiscales pidieron que la audiencia de apertura de investigación se realice de manera secreta, para impedir el acceso de la cobertura de los medios de prensa, algo que fue rechazado por la jueza. Esto obedece a que no hay fundamentos, ya que en este caso no se ventilan datos de menores que pudieran ser conocidos de la zona, sino que las víctimas no son del país y se desconoce su identidad.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder ADNSUR del pedido de apertura realizado por la fiscalía, los hechos por los que es investigado se originan el 2 de abril, cuando se disparó una alerta ante el reenvío de tres videos a través de su correo personal con contenido sexual explícito.

Según se detalla entre el material secuestrado como prueba, hay tres videos: en un caso correspondiente a un niño de aproximadamente 10 años de edad junto a una adolescente, en otro, de un niño de aproximadamente 4 años con una adolescente, y el restante, de un niño de unos 10 años con una mujer adulta. En los tres, se trata de sexo explícito que involucra a menores de 13 años.

De acuerdo al material que fue encontrado en poder del médico, uno de estos videos estaba también en la memoria interna del teléfono celular de su propiedad, donde además se encontró otro video en formato MP4 cuyo contenido fue catalogado como abuso sexual infantil, de una mujer adulta hacia un menor de edad.

Por otra parte, en el allanamiento realizado en el domicilio del médico en Trelew, se secuestró una notebook que tenía instalada la aplicación TOR!, que es utilizada mayormente para poder adquirir material con contenido de abuso sexual infantil garantizando el anonimato de los usuarios.

Por todo lo anterior, la fiscalía concluyó que se pudo corroborar que J.O.J. “tenía en su poder desde el 2 de abril material que involucraba a menores de 13 años de edad en actividades sexuales explicitas”. En ese sentido, se planteó la calificación legal provisoria de “tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años en carácter de autor, tipificado en el art. 128 1er y 3er párrafo y 45 del CP”.

La imputación en contra del médico forense es una conducta ilegal que es delito desde el año 2018 con la incorporación del artículo 128 de la Ley 27.436. Si bien contempla penas que van desde los cuatro meses a un año de prisión, esto es más grave si se comprueba que la tenencia de ese material afecta a menores de 13 años, que es el caso en cuestión.

SITUACIÓN LABORAL

El caso del médico forense generó una fuerte polémica entre el ministro del STJ, Mario Vivas, y el Ministerio Público Fiscal, ya que la postura del miembro de la corte fue salir a despegarse del acuerdo para un juicio abreviado que incluía la renuncia del médico a su trabajo, cuando en realidad fue sumariado y aún se debe investigar su conducta.

En declaraciones radiales, Vivas sostuvo que "lo raro, al menos para mí, es que se hablaba de un acuerdo, como si fuera un tema menor. Yo lo que hice fue designar a un instructor y de inmediato este señor fue suspendido de sus actividades por 45 días".

Según los dichos de Vivas sobre los términos del acuerdo entre el imputado y la fiscalía, "tengo entendido que el acusado habría comprometido su renuncia. Pero si esto se comprueba, acá no hay renuncia posible, acá hay que esperar los resultados del sumario que iniciamos en el Superior, de ninguna manera se va a aceptar una renuncia de comprobarse los hechos".

Luego detalló que "primero me entero del trámite del inicio de la investigación y luego el Procurador (Jorge Miquelarena) me cursa una copia de juicio abreviado, donde hablaba de una renuncia. Yo le comuniqué al Procurador que la renuncia excede el acuerdo en ese tipo de cuestiones. Nosotros desde el punto de vista administrativo habíamos puesto en marcha un sumario. Y que la eventual desvinculación del mismo no quedaba supeditada a la renuncia sino al resultado del sumario”, aclaró.

Para Vivas, no se puede permitir cerrar el caso con un juicio abreviado que incluyera una renuncia sin sanciones dentro del Poder Judicial: "No podemos permitir eso. Luego, en ese acuerdo no nos metemos porque depende de la homologación del juez. Pero la cuestión administrativa es la que objetamos”.

Además de esta polémica entre el Superior Tribunal y el Ministerio Público Fiscal por la manera en que se manejó el caso, el hecho de que no se haya avisado con anticipación para separar al médico de su cargo y el posterior acuerdo de partes entre el fiscal Rivarola y el defensor, es lo que generó una fuerte bronca en determinados despachos incluso de colegas de la fiscalía, y no se descarta que pueda derivar en alguna denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

Fernando Rivarola fue el fiscal cuyo apellido tuvo repercusión nacional por su participación en la causa de La Manada, al trascender el contenido del acuerdo de partes con los imputados de abusar de una menor en 2012, y la polémica por la utilización del término “desahogo sexual” por parte del fiscal. El acuerdo luego no fue homologado por el juez Nieto Di Biase, y la causa está elevada a juicio oral. Por otra parte, el fiscal Rivarola acaba de ser denunciado por una de las integrantes de su equipo, la fiscal Florencia Gómez, quien le reprocha supuesto maltrato y violencia de género hacia su persona.