Chubut una de las provincias más allanadas por trata de personas
Lo indican las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación,
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, indican que Chubut es una de las dos provincias donde se realizan más allanamientos por trata de personas. Así lo indica un informe que realizó Infobae con datos del organismo que dirige Patricia Bullrich.
El trabajo asegura que la otra provincia con mayor cantidad de allanamientos es Buenos Aires y luego la lista continúa con Chubut, Salta, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego.
A través de diversas causas judiciales e informes del Ministerio de Seguridad, Infobae pudo reconstruir el mapa de la explotación sexual, laboral y de tráfico de personas en Argentina. También establecer el "perfil de las víctimas", El modo de "captación", y las principales regiones donde ocurre el "reclutamiento".
Según informó, sobresalen dos zonas bien delimitadas de captación, el NOA y el NEA: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Formosa y Corrientes. De esas provincias, las víctimas, en su mayor porcentaje, son trasladadas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Según los expedientes de la justicia federal, estos son los "principales nodos de conexión con los puntos de destino, como la Patagonia.
CÓMO Y A QUIÉNES RECLUTAN
Una vez reclutada la "mercancía" por las bandas criminales –algunas de las cuales tienen ramificaciones internacionales, son trasportadas utilizando micros de pasajeros de media y larga distancia, vehículos particulares y en menor medida aerolíneas comerciales.
Los viajes hacia los lugares que ya están determinados, como por ejemplo talleres clandestinos o prostíbulos -solo para dar dos de los ejemplos más conocidos- se realizan a través de rutas nacionales que conectan especialmente el NEA con el Centro del país y la Patagonia.
De esos documentos se desprende que el perfil de las víctimas, responden a un "rango etario de entre 12 y 40 años" pero principalmente son "personas mayores de edad, de género femenino, de nacionalidad argentina, paraguaya, boliviana, china y dominicana".
Para la captación de las personas que serán sometidas a la explotación laboral o sexual, los delincuentes trazan un perfil. Eligen a las que denominan "personas blandas" y se realiza a través de falsas promesas laborales a través de sencillos avisos en de volantes, sitos web, mediante el boca a boca y en la actualidad, muy especialmente a través de las redes sociales.
Los jueces y funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), al mando de Rodrigo Bonini, lograron determinar que estas organizaciones criminales también están compuestas por "marcadores", que trabajan a comisión según el perfil y la potencialidad futura de la víctima captada.
En los casos de la explotación laboral, se reconoce que "la captación suele ser por parte de connacionales especialmente bolivianos".
Sobre estos casos de explotación, sobre todo laboral, se llegó a registrar a familias enteras como víctimas, incluyendo a los menores de edad, y en los cuales, quien ostentaba el "rol de explotador" no solo compartía la nacionalidad, sino que además tenía con ellos "vínculo de sangre".
También llamó la atención de los investigadores el involucramiento en estas redes de tráfico de personas de "ciudadanos bolivianos en el tráfico o ingreso irregular al país de ciudadanos chinos" que ingresaron al país de manera clandestina y que habrían arribado a Sudamérica a través de Perú y Ecuador y que desde esos países bajarían hacia Bolivia utilizando pasos no habilitados en el NOA y que "contarían con la complicidad de organizaciones entre las que se encuentran argentinos y bolivianos que facilitarían su traslado a cambio de dinero".
Este tipo de investigaciones desarrolladas en la Argentina, y que terminó, por ejemplo, con el desbaratamiento de una organización mafiosa que traficaba jóvenes travestis engañados en el norte del país, trasladados a una clínica del Oeste del Conurbano Bonaerense, donde se los operaba, e ingresados a Francia con documentación falsa, entre otros casos, posibilitó que el Departamento de Estado recalificara al país ubicándolo entre las naciones que más y mejor combaten este tipo de crimen organizado.
DATOS QUE ALARMAN
Los informes revelan que a nivel internacional se destacan Bolivia y Paraguay como puntos de origen para el intercambio de víctimas hacia la Argentina. Pero eso no es todo, en los últimos años se registró también que Chile es un punto de destino de víctimas de nacionalidad argentina.
Las cifras sobre cantidad de víctimas rescatadas y detenidos por parte de las fuerzas de seguridad federales, abruma. Entre los años 2016 y 2017 fueron liberadas de las organizaciones de explotación sexual y laboral 2125 personas y fueron detenidos 436 integrantes de estas bandas.
Ante Infobae, Rodrigo Bonini, explicó que el círculo de rescate se termina de completar cuando se logra "resocializar" a las víctimas tanto de trata laboral como de explotación sexual.
EL TRABAJO, UN LUGAR DE EXPLOTACIÓN
Entre los años 2016 y 2017, la cantidad de detenidos por el delito de explotación laboral aumentó un 192% (se pasó de 38 a 111), y la mayoría de ellos fueron capturados en la Ciudad de Buenos Aires, seguido por las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Río Negro.
La explotación laboral, en nuestro país se da fundamentalmente a través de talleres clandestinos, en comercios como pequeños supermercados barriales; y hasta huertas dónde se cultivan verduras y hortalizas que después son comercializadas en las grandes ciudades desconociendo que detrás de esas prolijas bandejas de zanahorias, lechuga y brotes de soja, se esconden verdaderas redes de explotación laboral, por ejemplo de ciudadanos chinos que esclavizan a ciudadanos bolivianos.
En un caso hubo 16 víctimas y 3 detenidos en una huerta de Virrey del Pino, en el partido Bonaerense de La Matanza, lugar donde desarrollaban su tarea ilegal una red criminal liderada por personas de origen Chino/Taiwanés, quienes habían crearon una empresa de apariencia legítima.
Mediante engaños, desplazaron personas de bajos recursos provenientes en su mayoría del sur de la provincia de Santa Fe, quienes trabajaban en condiciones de explotación para la cosecha de hortalizas.
La cosecha era transportada para su empaque y posterior comercialización en una fábrica ubicada en Villa Celina y los productos ya en las bandejas eran comercializados en pequeños supermercados y verdulerías.
Durante los allanamientos, la policía decomisó, entre otros elementos, armas y municiones.
La explotación sexual, en cambio, ocurre en locales nocturnos, bares, pools, whiskerías, "spa de masajes", hoteles y en departamentos "privados" de todas las regiones del país.
En la Argentina, aún existe una gran cantidad de prostíbulos, algunos con hoteles lindantes o habitaciones precarias para concretar los "pases" y rotar a las víctimas con el fin de "invisivilizarlas en caso de allanamientos y variar la "oferta sexual".
Los trabajos judiciales demuestran que la "retención de las víctimas son la privación de la libertad, el suministro de drogas, el secuestro de documentos y la inducción de deuda".
En cuanto al Tráfico de personas, los informes reservados aseguran que las rutas más destacadas son desde Bolivia y Brasil hacia Buenos Aires por vía terrestre, siendo "trasladada la persona por un 'pasero' mediante la retención del documento, con el fin de incluirlas en la mecánica de explotación tanto laboral como sexual".
Infobae pudo establecer que actualmente se investiga una organización criminal dedicada al tráfico de personas de origen chino que opera en el norte del país, con ramificaciones en Buenos Aires y CABA utilizando a las ciudades de San Salvador de Jujuy y La Quica (Jujuy); General Güemes en Salta y San Martín de Tucumán, como nodos de trasbordo.
