Comenzaron las primeras indagatorias a ocho imputados por el naufragio del buque "Repunte"

En el marco de la investigación, caratulada desde el inicio como "averiguación de delito", el titular del Juzgado Federal 2 de la capital chubutense, Gustavo Lleral, dispuso la declaración de ocho imputados, entre ellos responsables de la firma propietaria del buque y autoridades de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Armada Argentina.

En la primera audiencia, fue indagado el ingeniero civil Osvaldo Unzué, profesional contratado por la empresa armadora del barco para realizar los cálculos del Manual de Estabilidad, uno de los aspectos cuestionados por la querella que representa a los familiares de las víctimas, nucleados en el colectivo "Ningún hundimiento más".

Las indagatorias continuarán el próximo jueves, con las declaraciones del prefecto Antonio Amat, que fue quien presuntamente revisó y aprobó ese manual por parte de la PNA.

En la misma jornada, está prevista la declaración de Emilio Peyrot, piloto de búsqueda de la fuerza de seguridad naval, y jefe de la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia al momento del hundimiento, el 17 de junio de 2017, y el prefecto Humerto Haunau, que entonces era jefe de la PNA en esa localidad.

El 24 de mayo próximo será el turno de tres miembros de la familia Caputo, armadora del buque, siniestrado mientras participaba de la campaña de pesca de langostino, en medio de un temporal.

Y el 14 de junio está citado el capitán de navío José Marti Garro, entonces jefe de coordinación en Puerto Belgrano, responsable del operativo de búsqueda y rescate desplegado por la Armada.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que, a partir de estas indagatorias, el juez podría disponer los primeros procesamientos y el cambio de carátula de la causa, un reclamo sostenido por casi cinco años por parte de los familiares de los marinos, que en el caso de algunos imputados reclaman que se investigue si existió "estrago doloso".

"Desde la recopilación de pruebas, testimonios, pericias en la profundidad del océano hasta el cotejo documental, se logró probar que hubo una cadena de responsables que por acción u omisión, según su rol, llevaron al fondo del mar la vida de 10 marineros", señalaron los allegados de las víctimas en un comunicado, tras notificarse de las primeras indagatorias.

Según expresaron, el "anhelo" de la querella, encabezada por la abogada Lorena Arias, hija a su vez de uno de los tripulantes fallecidos, es "que no se repita otro hundimiento".

"No fue fácil, fuimos víctimas del miedo que generaba meternos con sectores de poder involucrados en la pesca", señalaron, y recordaron que sufrieron "espionaje ilegal", de acuerdo a las denuncias realizadas en septiembre de 2020 por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Según expresó la abogada Valeria Carreras, al frente de la querella junto a Arias, esta instancia "marca un antes y un después, porque por primera vez se investiga sin culpar al capitán o la tripulación, y no se habla de un accidente sino de una sumatoria de desidia, mala praxis y falta de controles con responsables concretos".

El inicio de las indagatorias se dio pocas horas después de que la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo descentralizado del Ministerio de Transporte, presentara en Mar del Plata los resultados de su investigación sobre el naufragio.

Esta entidad, creada por el ex ministro del área Mario Meoni a partir de un pedido de los familiares, determinó tras dos años de trabajo no vinculante con la investigación penal, que el Manual de Estabilidad de la embarcación discrepaba del estado y la operatoria real del "Repunte", construido en 1966 para la pesca de merluza, y modificado en distintas oportunidades para adaptarlo a la captura de langostino.