El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó este lunes a prisión perpetua a cuatro exoficiales del aeródromo militar de Campo de Mayo, dentro del juicio en el que se investigaban los “vuelos de la muerte”, donde se tenía en la mira el rol que había tenido la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983.

El Tribunal decidió de forma unánime condenar a Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza y Eduardo Lance, quienes integraron el Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo, a prisión perpetua.

En su resolución, los jueces señalaron que la Fuerza Aérea utilizó el aeródromo de Campo de Mayo para llevar adelante una práctica criminal. El modus operandis consistía en llevar a las personas que estaban detenidas de forma clandestina en aviones de la fuerza y tirarlos vivos al Río de la Plata o al Mar Argentino.

Los cuatro condenados fueron jefes del Batallón de Aviación 601 entre 1976 y 1977, y para el Tribunal son responsables penales de las personas que fueron tiradas al mar. Uno de los puntos que se destaca del fallo de hoy es que la Justicia reconoció a los vuelos de la muerte como una operación de exterminio que se aplicó durante la última dictadura militar.

El relato de uno de los sobrevivientes

El juicio contó con la presencia de Juan Carlos Scarpati, uno de los sobrevivientes de estos vuelos. Pudo contar cómo se vivía en la detención clandestina de personas y cómo seleccionaban a las personas que subían a estos vuelos.

La investigación se centró en cuatro víctimas: Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia. Estos cuerpos aparecieron arrastrados por las aguas en la costa de la provincia de Buenos Aires. Aparecieron en Magdalena, Punta Indio y Las Toninas, y pese a haber sido enterrados como NN, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF).

Los principales testigos del juicio, que se extendió por dos años, fueron soldados que cumplían con el Servicio Militar Obligatorio y relataron lo que vieron que ocurría en la guarnición castrense. Los fiscales Marcelo García Berro y Mercedes Soiza Reilly, al igual que las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, la provincia de Buenos Aires y familiares de las cuatro víctimas, coincidieron en pedir para todos los imputados la pena de prisión perpetua.

Con información de Perfil

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