Crimen Rafael Nahuel: condenaron a cinco prefectos imputados por el asesinato del joven mapuche
El activista mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda durante una persecución con armas de fuego de la Agrupación Albatros de la Prefectura, el 25 de noviembre de 2017. Dos días después del desalojo de su comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en el marco de una causa iniciada por Parques Nacionales por usurpación.
Rafael Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre de 2017, y a seis años del crimen, condenaron a cinco prefectos implicados en el homicidio del joven mapuche. El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca dispuso condenas de entre cuatro años y medio y los cinco años de prisión efectiva.
Fue el prefecto Sergio Cavia, el que recibió la mayor pena entre todos los implicados: el tribunal lo condenó a cinco años de prisión, después de considerar que se trató de un “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”.
Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, los otros cuatro prefectos imputados en el caso, fueron condenados a cuatro años y medio de prisión por ser partícipes necesarios del homicidio.
PROCESO JUDICIAL
Durante el juicio, las tres querellas participantes habían solicitado una condena de prisión perpetua para los cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
En tanto, la Fiscalía había requerido cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de “exceso en legítima defensa”, ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
Finalmente, las dos defensas que representan a los Albatros pidieron al Tribunal la absolución de los cinco procesados por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.
Según la declaración del abogado Marcelo Hugo Rocchetti -defensor de Cavia, Pintos y Sosa, y exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo. “Lo hicieron racional y proporcionalmente”, sostuvo.
El veredicto del tribunal integrado por Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, llegó luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio. La última audiencia comenzó a las 9 de la mañana con las palabras finales de los procesados.
De la audiencia participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuya cartera es querellante en la causa, y los familiares de víctimas de violencia institucional como Alberto Santillán, padre de Darío Santillán.
EL ASESINATO DE RAFAEL NAHUEL
El 25 de noviembre de 2017, dos días después de que se emitiera la orden judicial de desalojo de la comunidad Winkul Mapu del predio que ocupaba en la localidad de Villa Mascardi, departamento Bariloche, en Río Negro, el grupo Albatros de la Prefectura regresó al lugar para que no fuera usurpado nuevamente.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que los prefectos fueron “sorprendidos” montaña arriba por un grupo de jóvenes mapuches que los atacaron con piedras. En circunstancias que serán develadas en este debate, Nahuel, de 21 años, que participaba del reclamo junto con su tía, María Nahuel, y su prima, Micaela Johana Colhuan, fue baleado por la espalda, lo que le causó la muerte.
Según una pericia del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, el proyectil que mató por la espalda al joven mapuche salió de una pistola marca Pietro Beretta, modelo 92FS, número de serie 05-P83332Z, arma asignada al cabo primero Guillermo Cavia.
Cabe mencionar que los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó “todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida”.
Se espera que el juicio dure un mes aproximadamente y termine en diciembre. Deberán declarar policías, peritos, miembros de la comunidad mapuche y prefectos. En total, son 90 testigos los que brindarán su testimonio en el debate que se desarrollará los martes y miércoles en semanas consecutivas hasta su finalización.
