Destrucción de la Casa de Gobierno: Hay 4 personas identificadas, pero todavía no están imputados

Tras cumplirse el primer mes desde la noche del jueves 16 de diciembre, cuando manifestantes en contra de la minería marcharon por la capital provincial y un grupo del sector más radicalizado inició destrozos y luego prendió fuego a los edificios que representan el poder del Estado en la capital provincial, la investigación mantiene distintas líneas e hipótesis, algunas de ellas contrapuestas entre sí, particularmente en torno a si hubo instigación para cometer los hechos.

“Hay al menos cuatro personas individualizadas como participantes de los destrozos y que dieron inicio al fuego en la Casa de Gobierno –contaron fuentes cercanas a la investigación, en torno al hecho que provocó daños irreversibles en ese edificio-, se han hecho allanamientos en viviendas pero todavía no se dictaminaron las imputaciones concretas. Se está buscando identificar a otros participantes, con la idea de avanzar en la imputación de la mayoría de los involucrados al mismo tiempo”.

Ese avance se complementa con otros que se conocieron a fines de diciembre, cuando desde el grupo de fiscales a cargo de la investigación se habló de entre 10 y 12 personas individualizadas, en particular en relación al incendio provocado en el edificio de la Procuración General.

Uno de los puntos de la investigación que tiene líneas contrapuestas es en torno a si hubo instigadores o una organización externa a los atentados, como se dio en el incendio provocado en diario El Chubut, donde se ha imputado a cuatro integrantes del movimiento político que a nivel nacional conduce Juan Grabois.

“Hasta ahora no nos surge que haya personas organizadoras –indicaron las fuentes consultadas por ADNSUR, sobre los hechos específicamente ocurridos el día 16-. Hemos observado muchas horas de video y lo que se ve es un reflejo de lo que pasa con la masa cuando no hay presencia policial: primero rompen un vidrio y al ver que no pasa nada, se van animando a más destrozos. Lo realmente llamativo es la falta absoluta, en gran parte de las escenas donde se van dando los desmanes, de presencia policial. Estuvieron 45 minutos haciendo lo que querían”.

Sin embargo, ese testimonio, obtenido en fuentes reservadas, contradice los dichos de los investigadores en los días posteriores a los atentados, cuando se habló de un ataque direccionado a determinados sectores del Poder Judicial y de la Casa de Gobierno, además de los indicios de vinculaciones con sectores políticos que, por caso, aportaron ómnibus para la movilización de manifestantes.

Hipótesis contrapuestas: ¿Hubo o no instigadores?

En la causa por el ataque a la Casa de Gobierno y otros edificios no se ha detectado, hasta el momento, la presencia de elementos conocidos como ‘bombas molotov’ (lo que sí se constató en el ataque a El Chubut), sino que por lo observado en los videos registrados, en la Casa de Gobierno el fuego se inicia con los materiales que los manifestantes encontraban con facilidad a su paso, que son papeles de la burocracia estatal.

“Una hipótesis que va cobrando fuerza es que esto se dio por una negligencia en la organización de las fuerzas de prevención, no se podría hablar de zona liberada porque es difícil atribuir una conducta dolosa en ese sentido, pero sí pudo haber una impericia, una imprevisión ante algo que era obvio que podría ocurrir después de la aprobación de la ley de zonificación minera”, insistió uno de los investigadores.  

Uno de los hechos que llamó particularmente la atención es que cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a actuar, cerraron los caminos para que los manifestantes queden junto a una plaza que está desde hace un año en construcción:

“Ahí disponían de lajas rotas, era obvio que si había una planificación de seguridad lo primero que tendrían que haber evitado es que los manifestantes lleguen a ese lugar porque disponían de elementos para agredir. Son los restos de lajas que se ven en todas las calles de la ciudad en las horas posteriores”.

Más allá de esa actuación oficial, que es objeto de otra línea de investigación específica, para determinar si hubo o no responsabilidades de los funcionarios que debían prevenir que la escalada de violencia no llegara a la magnitud que finalmente alcanzó, el transcurso de las próximas semanas será vital para determinar cuál de las hipótesis termina adquiriendo mayor peso.

Es decir, se definirá si sólo se avanza en la imputación de los responsables materiales, para quienes podrían caber imputaciones de daños y destrucción de bienes públicos, con penas que pueden llegar hasta los 4 años de prisión.

Se sabrá, al cabo de unas semanas, si también se hallaron elementos para establecer responsabilidades de sectores políticos que pudieron actuar, por acción u omisión, en una serie de hechos tan graves como la destrucción total de la Casa de Gobierno o el incendio del edificio judicial donde se albergan expedientes cuya quema podría garantizar la impunidad, de un número todavía no establecido, de delitos que estaban en plena investigación.