Detuvieron a 14 prófugos que eran beneficiarios de una pensión por invalidez y buscan a otros 117
Los delincuentes tenían un importante prontuario por haber cometido delitos muy graves. En ese tenor, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "cayeron en su propia trampa".
En un operativo conjunto realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), liderada por Diego Spagnuolo, y el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Patricia Bullrich, se llevaron a cabo las detenciones de catorce individuos prófugos de la justicia, algunos de los cuales eran considerados peligrosos. Los mismos estaban recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral.
En un operativo reciente, se detuvo a varios beneficiarios en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, algunos de los cuales enfrentan graves acusaciones como robo agravado e intento de violación, destacándose uno de ellos con un total de ocho causas en su contra.
Las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad laboral, impulsadas por Spagnuolo, revelaron que algunos prófugos estaban cobrando este beneficio otorgado por el Ministerio de Salud a través de la ANDIS.
Los primeros distritos en ser auditados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías en curso dejaron a la vista un esquema de corrupción que podría desviar fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año, de acuerdo al análisis de Spagnuolo.
La ANDIS, respecto de lo ocurrido, afirmó que “ya se inició el procedimiento de baja inmediata de la pensión que percibían de parte del Estado Nacional”. En ese tenor, y de acuerdo a la iniciativa del Gobierno Nacional, puntualizaron que “el operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral”. El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, busca transparentar el sistema y optimizar los recursos públicos.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni, opinó del hecho y fue contundente donde los tildó de ‘parásitos’: “Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos”.
El funcionario denunció que los prófugos cobraban irregularmente una pensión no contributiva por discapacidad laboral de $171.024,39 mensuales, equivalente al 70% de una jubilación mínima.
Según la ANDIS, de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.
Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.
