El caso del adolescente de 16 años acusado de asesinar al periodista Juan Caliani durante un robo puso de relieve las complejidades del sistema legal cuando se trata de menores de edad. La detención del presunto autor desen una serie de procedimientos marcados por la protección y resociabilización del adolescente, en lugar de un enfoque punitivo directo.

De acuerdo con la ley 2302 de protección del niño y adolescente, el nombre y rostro del joven no pueden ser divulgados, y se deben respetar una serie de medidas destinadas a su bienestar y resocialización. Aunque el fiscal anunció que será acusado por homicidio en ocasión de robo, el adolescente se encuentra amparado por la presunción de inocencia y las disposiciones de esta ley.

Se espera que se dicte una medida cautelar debido al riesgo de fuga, que implicará un arresto excepcional de hasta 30 días en un hogar del que no se revelará la ubicación. Durante este tiempo, el joven recibirá asistencia psicológica y social como parte del programa de libertad asistida, supervisado por la jueza de menores.

Una vez transcurridos los plazos investigativos, la fiscalía de delitos juveniles deberá solicitar la elevación a juicio de la causa. Durante el juicio, que será a puertas cerradas, se determinará la responsabilidad penal del joven. Sin embargo, la ley 2302 prevé un período de tratamiento de hasta dos años, durante el cual se busca su reinserción social y su rehabilitación.

Si el adolescente demuestra voluntad de cambio y se reintegra satisfactoriamente a la sociedad, es posible que no se le imponga una pena al cumplir los 18 años. Por otro lado, si no cumple con el tratamiento adecuadamente, la fiscalía podría solicitar una pena de prisión de 10 a 25 años.

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