El terrible incendio en Legislatura y el antecedente de la condena a un sindicalista por atentar contra un edificio público

Este lunes reinicia la segunda etapa del juicio por el atentado contra el edificio de la Legislatura del Chubut, por el que ya hay una condena firme, y que marcó un antecedente importante en el que la Justicia dejó en claro que la protesta social y sindical tiene límites.

El año pasado, en agosto, la jueza de garantías María Tolomei condenó a Santiago Goodman a la pena de tres años  de prisión por el delito de incendio, como corolario del juicio oral y público, tras ser hallado culpable por lo ocurrido en la Legislatura provincial entre los días 18 y 19 de septiembre del año 2019.

También el ex sindicalista fue condenado a cumplir pautas de conducta, hacer un curso de derechos humanos y realizar cincuenta horas de tareas comunitarias en una biblioteca.

Se trató de lo ocurrido en una jornada negra en la que también se prendió fuego parte de la Casa de Gobierno. Eran momentos de pago escalonado y dificultades salariales en Chubut: horas antes, los manifestantes habían conocido la triste noticia de la muerte de dos maestras de Comodoro Rivadavia en un accidente vial sobre ruta 3.

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en pedir la culpabilidad de los tres imputados Santiago Goodman, ex dirigente de ATECh y las gremialistas Mariana Castro y Marcela Ancaleo, luego de pruebas aportadas por imágenes y testimonios.

Pero para la jueza Tolomei, no se pudo probar en casos de Castro y Ancaleo, aunque sí de Goodman, a quien no le dio la pena de 5 años pedida por fiscalía. En el fallo, la jueza dijo que Goodman “sabía lo que quería, la producción conjunta del fuego. Además, era consciente y su actuación fue espontánea y personal. Sabía que el fuego era incontrolable, con indiferencia del resultado, un fuego peligroso con posibilidades de propagación para personas y bienes”. También destacó “la prueba independiente que reunió la Fiscalía” y “el reconocimiento de lo que el mismo imputado hizo al pedir declarar en el Juicio”.

Para la magistrada “el derecho a manifestarse no fue justificación”. Lo dijo en su introducción, al destacar la participación de la Justicia en el caso que “no significó la criminalización de las manifestaciones gremiales”.

La jueza Tolomei consideró también que la condición de docente y de gremialista, además de su grado intelectual, constituyeron un agravante para la conducta que se juzgó.

La investigación, la estrategia y el seguimiento procesal, estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez, el procurador de fiscalía Leonardo Cheuquemán y el funcionario de fiscalía Jeremías Regueira. Por el incendio en la puerta dos de Casa de Gobierno, todos fueron absueltos.

En su momento fue llevado a proceso Matías Schierloh, quien pidió acceder a la suspensión del juicio a prueba mediante el ofrecimiento de dinero y trabajos comunitarios, cuestión que fue aceptada por el juez que garantizó el proceso, aunque luego apelada por la fiscal general Gómez.

Finalmente Schierloh será juzgado a partir de hoy, en un proceso que se sustanciará en Rawson y tiene convocados a casi 50 testigos.