Emergencia climática: “Es muy inhumano colocar una condena de cumplimiento efectivo en este caso”
Así lo dijo Fabian Gabalachis, abogado del empresario Roberto Monasterolo, para quien el fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión y la defensa propuso el mínimo de la pena, de sólo 2 años.
Tras concluir el juicio de cesura y mientras se espera el pronunciamiento del tribunal para el próximo 28 de agosto, el abogado del empresario Roberto Monasterolo, Fabian Gabalachis, confió en que su defendido obtendrá una pena en suspenso, al tiempo que puso en duda también el monto establecido por el tribunal, de 408.000 dólares, como valor total de la defraudación al municipio de Comodoro Rivadavia.
“Yo interpreto que el tribunal va a acoger los términos de la defensa", dijo el abogado en diálogo con Actualidad 2.0, al expresar su expectativa de cara a la sentencia definitiva. "Ha pasado mucho tiempo, es muy inhumano colocar una condena de cumplimiento efectivo en este caso y creo que la sanción va a ser de cumplimiento condicional. No estoy tan seguro de que me dará la razón en cuanto al monto, pero interpreto que no va a superar los 3 años”, agregó al recordar que él pidió el mínimo de sólo 2 años.
En su razonamiento, el abogado explicó que, si a su imputado no se le pudo probar la totalidad de los hechos por los que fue imputado inicialmente y el fiscal planteaba un máximo de pena de 4 años en la primera etapa de la investigación, hoy la lógica deducción implicaría una sentencia de 2 años, lo que significa prisión en suspenso.
“Cuando el fiscal, en la etapa previa, hizo un pronóstico de pena, propuso un máximo de 4 años para los imputados que no eran funcionarios públicos -explicó el abogado-. Ese criterio no puede cambiar en la etapa de juicio, salvo que se presenten pruebas por hechos más graves que en la primera etapa, algo que no ocurrió durante el juicio".
Por eso, analizó, a su criterio los jueces no podrán hacer cabida al pedido del fiscal Cristian Olazábal, al solicitar 5 años y medio de prisión, recordando que la jurisprudencia (es decir, fallos anteriores) refleja ese criterio en los tribunales de la provincia.
“EL TRIBUNAL NO ESTÁ HABILITADO PARA HACER EL CÁLCULO DE LA DEFRAUDACIÓN”
El abogado también cuestionó el monto que estableció el tribunal, en algo más de 408.000 dólares y afirmó que el monto debe ser establecido por una pericia posterior.
“El veredicto dio por probada una defraudación por una determinada cantidad de pesos entre los años 2017 y 2018, pero no sabemos cuánto dinero representa hoy esa cantidad de pesos. El tribunal hizo una estimación, pero a mi criterio no está habilitado para eso -afirmó-. La indexación del dinero al momento actual necesita pericias, pero acá de buenas a primeras se hizo una ecuación en base al valor del dólar y se llegó a una conclusión sin que nosotros lo controlemos".
El abogado anticipó que ese cálculo será impugnado, para que se establezca el monto mediante una pericia contable, a fin de establecer la eventual reparación, “cuando la sentencia adquiera firmeza.” En base a ese primer cálculo, el tribunal impuso al empresario Monasterolo una reparación del orden de los 108.000 dólares, lo que fue cuestionado por el abogado:
“Han pasado 8 años y hoy se dispone una medida cautelar, que para las sociedades anónimas tiene un perjuicio enorme, porque genera un bloqueo de cuentas que afecta al ejercicio comercial de la firma,” planteó Gabalachis.
En este sentido advirtió que el monto igualmente va a ser resguardado, para fundamentar su postura de que la reparación económica deberá establecerse en forma posterior, una vez que la sentencia quede firme y que se haga una pericia para tal fin.