“Por lo que hasta ahora escuché no tengo dudas, es más: tengo certezas de que cometieron irregularidades”, dijo el fiscal Cristian Olazábal, durante un receso en la tercera jornada del juicio por emergencia climática, que involucra a empresarios y ex funcionarios municipales, por los trabajos realizados en la inundación del año 2017. Y anticipó que pedirá penas de prisión de cumplimiento efectivo.

Cuando ya expusieron alrededor de 30 testigos y quedan otros 90 para declarar en función de las pruebas que apunta a presentar la fiscalía, para dar luego paso al turno de los testigos de la defensa, el fiscal a cargo del juicio marcó una fuerte diferencia con los fiscales que el mes pasado habían pedido sobreseer a los funcionarios involucrados.

En diálogo con radio Del Mar, durante un receso del extenso juicio que todavía llevará lo que queda de este mes y el próximo, Olazábal refirió lo expuso por uno de los testigos, que se desempeñaba como maquinista de la empresa Golfo San Jorge.

“El operario declaró que él no había manejado una de las máquinas en particular, que estaba facturada e incluso desconoció las firmas que figuraban en 30 partes que le exhibimos, en las que supuestamente había trabajado el mismo operario, pero tenía 3 firmas diferentes”, reseñó el fiscal, como ejemplo de las irregularidades que se están juzgando.

Además, indicó que el trabajador dijo que su horario de trabajo era desde las 8 hasta las 18 horas, como mucho y que “sólo en 2 ocasiones trabajó más de este horario, completando casi 24 horas, pero lo que pudimos ver es que son más los partes diarios donde figuraba que este operario había trabajado al menos 22 horas, cuando él dijo que ese no era su horario de trabajo”.

Detalló que los partes debían estar firmados por el operario, un representante de la empresa y un supervisor del municipio. Olazábal anticipó que en esta jornada terminarán de exponer testigos de Golfo San Jorge, mientras que mañana declararán, por vía remota, algunos testigos que ya no viven en la ciudad, mientras que en los días sucesivos lo harán empleados de otras empresas involucradas.

 “Todavía quedan 90 testigos por la fiscalía, entre los que hay empresarios que no están observados porque, en mi opinión, hicieron las cosas como correspondían y van a venir a informar al tribunal cómo era el procedimiento, para remarcar las irregularidades que tenemos con estas empresas”.

“TENGO CERTEZA DE QUE HUBO IRREGULARIDADES”

El fiscal Olazábal no dudó en afirmar que “por lo que escuché hasta ahora, no tengo ninguna duda de que hubo irregularidades; es más, tengo certezas y voy a tratar de demostrárselas al tribunal para llegar a la misma conclusión que la fiscalía. Tenemos también documentación respaldatoria, es lo que usamos para exhibir a los testigos y dar celeridad al juicio, sin perjuicio de otras pruebas que serán incorporadas por lectura directa”.

Comodoro sufrió una de las peores catástrofes climáticas en 2017.

Por el tipo de delito imputado, que es defraudación en perjuicio de una administración pública, en concurso con falsedad ideológica (por la presunta falsificación de instrumentos públicos) la expectativa de pena va desde 1 a 6 años.  

“Lo que puedo anticipar es que, en caso de una eventual sentencia de responsabilidad penal, voy a pedir penas de cumplimiento efectivo de prisión”, dijo el titular de la acusación pública, dando a entender que planteará penas por encima de los 3 años de prisión, ya que por debajo de ese monto pueden ser sentencias de cumplimiento condicional.

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