Emergencia climática: se reanudó el juicio a ex funcionarios provinciales y comerciantes

Se reanudó la audiencia en el juicio oral y público por la causa denominada como “Emergencia Climática” en donde se encuentran doce imputados entre ex funcionarios públicos de la Provincia y comerciantes proveedores del Estado de la ciudad de Trelew. El tribunal de juicio está integrado por los jueces Fabio Monti, Jorge Novarino y Miguel Caviglia como presidente.

Los imputados son Diego Correa, Diego Lüters, Vanina Barale, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Cristian Orsi, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Cecilia Sadaba,  Guillermo Williams, Cesar Hugues y  Bruno Taurelli Chiribao.

Se investiga el acuerdo existente entre funcionarios provinciales y comerciantes de Trelew: Consistió en la emisión de remitos y facturas para la posterior confección de expedientes falsos por la compra de elementos que supuestamente iban a ser destinados para ayudar a los vecinos de Comodoro Rivadavia, afectados por una grave emergencia climática, entre marzo  y abril del año 2017. Muchos elementos nunca se compraron y otros fueron adquiridos por el Estado con marcados sobreprecios. Según los fiscales el daño causado al erario público ronda los 20 millones de pesos.

Los decretos por la emergencia

En la lectura de los hechos investigados y que ahora deberán ser probado por los testigos y la documentación reunida, los fiscales iniciaron su exposición mencionando los decretos firmados por el ex gobernador Mario Das Neves en donde se declaraba la emergencia climática.

En primer lugar fue solo para paliar la situación en Comodoro Rivadavia, pero luego se firmaron otros extensivos a toda la Provincia con el fin de disponer de inmediato de 20 millones de pesos sin necesidad de compulsa de precios ni mayores requisitos al momento del uso de los fondos, debido a la necesidad de urgencia para usar ese dinero en beneficio de los afectados.

Funcionarios 

Se necesitaba fraguar y simular la constatación que la mercadería había sido entregada, de allí la complicidad y participación de Marcelo Suárez y Vanina Barale a cargo de la administración. El primero, en su carácter de Subsecretario del Ministerio de Familia se encargaba de avalar administrativamente la compra.

Barale estaba a cargo del depósito del Ministerio de Familia y fraguaba los remitos haciendo aparentar que los elementos habían sido recibidos.

Los investigadores uno a uno fueron mencionando la creación de los expedientes truchos en donde Diego Correa y Diego Luters contactaban a los comerciantes imputados para que confeccionen las facturas por la compra de mercadería, dando origen del expediente y en pocos días salían los pagos para que el Banco del Chubut le pague a los proveedores.

“Los elementos nunca se entregaron a dependencia estatal alguna”, dijeron los fiscales. El expediente se armaba en la Unidad Gobernador a cargo de Correa y luego era enviado por un cadete para que sea entregado a Marcelo Suárez para disponer del pago.

Los dos primeros comerciantes

En el caso de las facturas facilitadas por Marta Fracasso (del comercio Blanqueria Matices) sirvieron para armar varios expedientes truchos por la venta de botas de goma, frazadas, colchones, impermeables, toallas, para el pago de casi 3 millones de pesos por esos elementos que nunca fueron entregados.

El comercio “La Agrícola” de Trelew, del imputado Bruno Taurelli Chiribao, también generó las facturas que permitieron la conformación de expedientes falsos por la falsa compra de verduras, leña, módulos de víveres, elementos de limpieza, entre otros, todo por más de 3 millones de pesos.

También mencionaron expedientes falsos, por ejemplo por la compra de fardos de pasto o leña pero que no se cobraron. “La maniobra quedó en estado de conato, aunque el objetivo era el mismo: hacerse de fondos públicos de manera indebida”, dijeron los fiscales.

Tras un cuarto intermedio, en el mediodía de este martes, los fiscales siguieron con la ronda de la mención de los expedientes en donde se repetían las maniobras originadas con las facturas de los comerciantes, el armado del expediente, la acreditación ficticia de que los elementos habían llegado al Ministerio de la Familia y finalmente el cobro inmediato del dinero.

Con información del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.