COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El 6 de febrero de 2018 a las 10, en la Sala de Audiencias del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, comenzará el juicio oral y público contra el exrector de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Hugo Luis Bersán, Roque Cambareri y Marcelo Fabián Gómez, acusados de malversación de caudales públicos, de acuerdo a lo informado en una resolución a la que tuvo acceso ADNSUR.

Para el 7 de febrero a las 10 fueron citados los testigos Carlos Eduardo Padin, Héctor Baztan, Héctor de Orta, Luis Eduardo Barrios, Nancy Cárdenas, Claudia Alejandra Castro, Rita Durán y Marcos Poblete.

El 8 de febrero a las 10 deberán declarar Sonia Liliana Ivanoff, Marta María Rizzo, Víctor Leonforti, Judith Garrido, Omar Jaramillo, Fabiana Chaile, Marta Zaghini y Víctor Gerardo Gariboldi.

En tanto, para el 9 de febrero a las 10 el TOF citó a Aldo Francisco Ferrari Valente, Mario Oscar Argota, Alejandro Sawady, Alberto Gerome, Lucía Inés Sulle, y Jorge Luis Sosa.

La decisión la firmaron los jueces Nora Cabrera de Monella y Enrique Guanziroli y está fechada el 22 de setiembre. En rigor se trata de dos causas que el TOF decidió acumular ya que el denunciado principal, los episodios a juzgar y la institución damnificada son similares. Un expediente involucra a Bersán y a Cambareri; la otra, al exrector y a Gómez.

“Ambas causas se encuentran en idéntico estado procesal para fijar el debate y por elementales razones de celeridad procesal es propicia la acumulación”, explicaron. “Mantener un trámite separado en procesos que reconocerían una misma víctima y eventuales involucrados de su propio ámbito en la época conspira contra la rapidez procesal que actualmente permiten ambos expedientes y resulta contradictorio con la solución que propone”.

Una de las causas se basa en episodios denunciados a fines de 2005 por el entonces el auditor de la casa de altos estudios, el contador Carlos Padín, quien reveló que entre 2003 y 2005 hubo contrataciones ilegales, generación de endeudamiento público y pago de gastos personales con fondos públicos. El segundo caso trata de anticipos sin rendir de 1998, 1999, 2000 y 2003.

Aunque los hechos por los que se requirió la elevación a juicio a un procesado parecieran diferentes, se trataría para todos de la misma especie de delito, durante un semejante lapso temporal, coincidiendo entonces el tipo penal, los sujetos exempleados públicos, la presunta víctima y el factor temporal tornan aconsejable el mismo trámite judicial”, argumentaron los magistrados. “En virtud de los principios de economía y celeridad procesal y porque es el momento oportuno, resulta conveniente acumular ambos expedientes en un solo trámite para el debate oral y público del juicio”.

La acumulación de las causas favorecerá “una única valoración” de las pruebas y “una visión global de los hechos sometidos a su consideración, la vista simultánea de las partes letradas y un único dictamen del Ministerio Público Fiscal y obviamente una única sentencia judicial”,

La idea del TOF es “desarrollar en forma unificada la audiencia en un solo sitio y un razonable cronograma evitando dispendio jurisdiccional, y garantizando de manera más acabada el derecho de defensa en juicio, ayudarán a una mejor captación y recreación de la realidad que deberá merituarse en el debate”.

Hasta ahora ambas causas se tramitaban separadas “teniendo en cuenta que los hechos en examen requirieron pruebas contables específicas de complejidad en su producción, que pudieron en algún caso poner en riesgo los tiempos procesales”.

Si hubo demoras debido a planteos de las defensas, “fueron sorteadas y habiendo regresado las actuaciones al mismo estadio procesal es oportuna su acumulación preservando la cronología histórica y particularidad de los acontecimientos”.

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