La fiscalía de Delitos Económicos puso en marcha una investigación que involucra a un psicólogo de la ciudad de Andacollo, sospechoso de haber emitido más de 800 certificados de licencias psicológicas fraudulentas. Estos certificados fueron presentados por empleados de la administración pública en varias ciudades de la provincia, incluyendo Neuquén, Zapala, Chos Malal, Centenario, Añelo, Loncopué, Plottier, Picún Leufú y Andacollo.
Este jueves por la mañana, la Policía de Neuquén, bajo la dirección del fiscal jefe Pablo Vignaroli, llevó a cabo un allanamiento en un inmueble relacionado con el psicólogo involucrado. El procedimiento, autorizado por el juez de garantías Lucas Yancarelli, fue ejecutado por el Departamento de Seguridad Personal de la Policía. Durante el allanamiento, se incautaron certificados con fechas posdatadas, una notebook y un teléfono celular. El profesional fue demorado, identificado y se le informó que debía designar un abogado para su defensa.
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Según Vignaroli, los certificados fraudulentos fueron emitidos durante la primera parte del año en curso y presentados principalmente ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la administración central. “De acuerdo a la investigación que iniciamos en el Ministerio Público Fiscal, este profesional habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y otros 63 presentados en la administración central”, precisó el fiscal jefe.
El presunto delito en cuestión es fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con la expedición y el uso de certificados médicos falsos. La investigación determinará si procede la formulación de cargos contra el psicólogo y otras personas involucradas.
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La investigación se desencadenó tras una denuncia de la Fiscalía de Estado de la provincia, que señaló que las licencias irregulares emitidas por el psicólogo han generado un gasto significativo para el Estado debido a la naturaleza fraudulenta de estas licencias. Vignaroli destacó la gravedad del asunto: “Hemos recibido una denuncia de la Fiscalía de Estado de la provincia sobre este caso, en la cual se nos planteó que como consecuencia de estas licencias que serían irregulares, el Estado debe pagar una importante suma de dinero por una causa falsa”.