Escándalo en Neuquén: allanaron la Legislatura y la Casa de las Leyes
El MPF lleva adelante operativos en la Legislatura, la Casa de las Leyes y una vivienda particular, en el marco de una causa que apunta al coordinador Pablo Ruiz por el manejo irregular de fondos públicos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó este viernes allanamientos simultáneos en la Legislatura de Neuquén, en la Casa de las Leyes y en una vivienda en Plottier. Los procedimientos se enmarcan en una investigación por supuestos delitos de peculado y fraude a la administración pública, con el foco puesto en Pablo Antonio Ruiz, coordinador de la Casa de las Leyes y hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz.
La causa se inició a partir de una publicación del DiarioRN que denunció maniobras sospechosas relacionadas con la designación de personal en la Legislatura. A esto se sumó una denuncia formal del Banco Provincia de Neuquén (BPN), que detectó movimientos financieros irregulares en la cuenta personal de Ruiz.
Según el reporte del área de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del banco, Ruiz recibió acreditaciones por $29.854.350 provenientes de la Legislatura, además de realizar extracciones en efectivo por $20.600.000 y constituir plazos fijos que hoy suman $51 millones.
Cuando el banco advirtió a Ruiz sobre estas operaciones, él respondió que se trataba de "viáticos y programas". Sin embargo, desde agosto de 2024, tras una notificación interna, la Legislatura dejó de realizar transferencias adicionales a su cuenta.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez de garantías Juan Manuel Kees y llevados adelante por los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, con apoyo de la Policía provincial. El objetivo es recolectar evidencias, incluyendo facturas, remitos, rendiciones de gastos y dispositivos electrónicos como computadoras y celulares.
En sus argumentos, los fiscales señalaron que "más allá de la confusión entre fondos públicos y privados", Ruiz utilizó los recursos para generar réditos financieros mediante plazos fijos, lo que podría configurar una violación al artículo 261 del Código Penal, que penaliza la sustracción de caudales públicos confiados a un funcionario.
La denuncia detalla que Ruiz incrementó notablemente su patrimonio gracias a los fondos que recibió de manera cuestionable. Estas operaciones, según el MPF, habrían generado un enriquecimiento indebido, ya que gran parte de los recursos utilizados tenían un origen público.
Con información del MPF, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR
