Estafas en adjudicación de viviendas del IPV: una de las imputadas quedó libre

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este martes se concretó la la audiencia de prórroga de la etapa preparatoria y revisión en relación a los coimputados Maximiliano González y Griselda Fanny Jonás en la denominada “causa IPV II”.

El fiscal Héctor Iturrioz solicitó la extensión del plazo de investigación por tres meses más, ya que se va a ampliar el número de imputados, que va a pasar de dos a once personas, no solo de víctimas que ya llegan a 184 con denuncia formal. Asimismo, solicitó la extensión del arresto domiciliario con tobillera electrónica que cumple González por igual plazo.

Finalmente, el juez penal resolvió conceder la extensión del plazo de investigación solicitado por el fiscal, por tres meses; al igual que extender el arresto domiciliario de González por tres meses y establecer la libertad con presentaciones periódicas ante la autoridad Judicial a la coimputada Jonás.

El hecho investigado data al menos del mes de mayo del año 2.019, cuando un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante el IPV) con sede en Comodoro Rivadavia; identificado como Maximiliano González, e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas; obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos.

Los delitos, indeterminados en su cuantía y en cuanto a las conductas ilícitas a desplegar, giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.

Entre los ilícitos ideados por el clan criminal se incluían la comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo, suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones; la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando para ello no solo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.

El éxito económico obtenido por los integrantes del ente delictual durante sus primeros meses de vigencia, motivó que su Jefe, González decida cambios en el reparto de tareas, por cuanto se incorporaron nuevos miembros al colectivo preexistente, a fin de optimizar la operatoria venal al tiempo que le permitía permanecer al margen del contacto personal con los nuevos miembros y con los adquirentes de sus servicios.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, en dicho contexto a fines del año 2.019, se incorporó a la empresa criminal, Griselda Fanny Jonás. Repartidos los nuevos roles Jonás comenzó con su labor de ofrecer a distintas personas “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes todas ellas a distintos planes de viviendas –sociales- que el organismo construyó y construye en la zona norte de esta ciudad, más precisamente en el Barrio Kilómetro 12.

Dichas carpetas implicaban que el adquirente de los favores del clan, mediante el pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000; se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.

Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás fue sumando integrantes a la sociedad venal, los que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás quien concluía la operación.

Recibida la documentación –y el dinero- por parte del funcionario público dependientes del IPV, este se encargaban de confeccionar las Resoluciones –apócrifas-  donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.

La sociedad delictual mantuvo su giro comercial irregular, al menos hasta el día 10/09/20 fecha en que merced a las medidas intrusivas dispuesta en estos rótulos fue desbaratada, y se ha podido establecer que mientras los planes de la banda estuvieron vigentes, se concretaron al menos doscientas operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.

Respecto de la calificación legal, existen dos hechos que concurren en forma material al principal (asociación ilícita) calificado el primero como “estelionato, falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público, y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión”, en carácter de coautor y autor; y el segundo como “exacciones ilegales bajo la modalidad concusión” como autor para González.

La audiencia fue presidida por Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Héctor Iturrioz, fiscal general (ambos por videoconferencia); la defensa de la imputada Jonás fue ejercida por Cristina Sadino, defensora pública; en tanto que la de González por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo (los cuatro en la sala de audiencia).