Continúa la investigación por presuntas estafas a personas que entregaron una cuota de dinero para tener una casa en Comodoro Rivadavia. Hasta el momento, el fiscal Martín Cárcamo informó a ADNSUR que han recibido “alrededor de 180 denuncias por la misma maniobra defraudatoria”, y se encuentran en la instancia de una averiguación preliminar para poder reunir la evidencia suficiente y “concretar una imputación”.

Estiman que, en el término aproximadamente de unos 30 a 40 días, podrán concretar la imputación, en función de que “se viene obteniendo una cantidad importante de evidencia”, aseguró, no solamente de la maniobra que se llevó adelante, sino también "cómo se ha utilizado durante el período de tiempo -que ocurrió entre el mes de abril de 2023 y hasta los primeros días del mes de febrero de este año- el monto que alcanza al perjuicio por la totalidad de 30 millones de pesos”, detalló.

"El monto alcanza al perjuicio económico por la totalidad de 30 millones de pesos”.
"El monto alcanza al perjuicio económico por la totalidad de 30 millones de pesos”.

CÓMO FUE LA PRESUNTA ESTAFA

Cárcamo señaló que “hay una uniformidad en lo relatado por los damnificados: se contactaban vía WhatsApp ofreciendo la posibilidad de poder acceder a una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Se les requería una suma de $100.000".

Aquí vienen las particularidades, o donde se ha profundizado la investigación, “denunciándose diferentes cuentas bancarias y de billeteras virtuales para concretar el pago o la transferencia de ese dinero”, y luego de eso, se los incorporaba a un grupo de WhatsApp, “donde se les iban transmitiendo los supuestos avances o novedades que se iban generando, hasta que creció exponencialmente esta maniobra y se fueron formando siete grupos de WhatsApp con un número importante de personas”, explicó.

Frente a la demora en la concreción de la adjudicación de la vivienda, “comenzaron a cuestionar a estas personas y finalmente eso derivó en que se radicara la denuncia penal”, recordó.

CÓMO SIGUE LA CAUSA

El fiscal sostuvo que “se está avanzando en obtener distintas evidencias para poder llevar adelante tareas periciales, y en paralelo a ello, ultiman detalles para concretar la imputación contra las personas que están siendo sospechadas o investigadas en este caso”.

En principio, han podido determinar la participación de -al menos- cinco personas, sin perjuicio de que puedan llegar a incorporarse mayor cantidad de acusados. 

Cabe recordar que, en entrevistas previas con este medio, Cárcamo destacó que las sospechas recaen -entre otros- sobre Vanesa Fita, quien sería la persona que se comunicó con todos los damnificados haciendo el arreglo.

SOBRE LA IMPUTACIÓN

Se trata de atribuir un “delito de estafa de manera concursada en 180 casos”, explicó el fiscal. En definitiva, la posibilidad -en el caso de que se encuentren responsables a las personas que van a ser sometidas al proceso- eventualmente “crece exponencialmente la pena que pueda imponérsele, en función de la cantidad de casos de estafa que se puedan verificar”.

Y aclaró que, “hasta el momento la evidencia no nos ha permitido establecer vinculaciones con el Instituto Provincial de la Vivienda, aunque hay pendientes diferentes tipos de pericias, en función de los secuestros que se han realizado en los diferentes allanamientos. Estamos a la espera del resultado del tráfico y la utilización de esos teléfonos celulares que puedan consolidar esta situación, o por el contrario, modificarla drásticamente y encontrar evidencia que vincular algún integrante del IPV”, remarcó.

En base a las averiguaciones que hasta el momento se han llevado a cabo, estiman que “por el momento eventualmente existe esa posibilidad, no lo sería con algún integrante de la delegación local, sí a nivel general o central en la ciudad de Rawson”, concluyó.

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