Este jueves, se procedió al secuestro de dos ambulancias y la clausura de una oficina de la empresa Vittal. Una firma que ya había recibido intimaciones en reiteradas oportunidades.

El operativo se dio después de que el pasado miércoles, uno de los vehículos de ambulancia que transportaba a un paciente, perdió a la persona asistida en plena calle cuando se abrieron las puertas en movimiento del móvil de emergencia, en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.

Los inspectores secuestraron dos ambulancias de Vittal. Foto: Marcelo Martínez
Los inspectores secuestraron dos ambulancias de Vittal. Foto: Marcelo Martínez

Personal de Fiscalización Sanitaria de Río Negro, junto a inspectores de tránsito, secuestraron dos ambulancias de la firma Vittal, en la calle Juan Manuel de Rosas al 500 esta jueves por la mañana. También se clausuró la oficina por falta de habilitación.

Según informaron, el paciente no sufrió lesiones producto del impacto y se encuentra en buen estado de salud.

Fuentes municipales y de la IV Zona Sanitaria reconocieron que Vittal no contaba con la habilitación de sus ambulancias ni de la oficina ubicada en la costanera de Bariloche.

Desde el área de Fiscalización Sanitaria se había intimado a la empresa a regularizar su situación en julio y ante la falta de respuestas, se envió una carta documento en septiembre. "Ellos habilitaron sus servicios pero deber ir renovando sus papeles. Ese plazo estaba vencido. Cuando se los intimó para que pusieran los papeles en condiciones, ni siquiera respondieron", manifestaron desde IV Zona Sanitaria.

Cristina Painefil, vocera de la Subsecretaría de Tránsito, aclaró que durante el procedimiento de esta mañana, los responsables de la empresa se negaron a mostrar la documentación. Por eso, los inspectores procedieron al secuestro de las dos ambulancias y a la clausura administrativa de la oficina que tampoco cuenta con habilitación comercial. Días atrás, el juez de Faltas, Gustavo Contín, había intimado a la firma.

Según informó RN, la firma tendrá un plazo de cinco días hábiles para regularizar su situación.

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