Fraude: el ex intendente de Río Pico fue condenado a tres años de prisión
Marcos Machado fue hallado culpable del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública. Además, el ex técnico municipal recibió una pena de dos años y seis meses. Es por la contratación y ejecución de una obra de limpieza de los arroyos Azocar y Montiel en 2015.
El juez José Luis Ennis leyó el fallo en el que dispuso el monto de las penas impuestas al ex intendente de Río Pico, Marcos Gustavo Machado y al ex técnico municipal, Marcelo Javier Rago, declarados coautores penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Se trata del hecho ocurrido en 2015 vinculado a la contratación y ejecución de la obra de limpieza, de los arroyos Azocar y Montiel. La resolución judicial fue de acuerdo al pedido formulado por la Dra. María Bottini.
Marcos Gustavo Machado resultó condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos electivos y todo otro cargo público que implique manejo de fondos públicos en el ámbito de los tres Poderes de la Provincia del Chubut y de todos los Municipios y Comunas de esa provincia.
Marcelo Javier Rago fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para prestar servicios laborales en su condición de maestro mayor de obra en el ámbito de los tres Poderes de la provincia y de todos los municipios y comunas de la provincia por cualquier modalidad de contratación
La sentencia de responsabilidad se conoció a mediados de este mes. Ennis tuvo por probado un “desorden administrativo, ineficacia o desidia en la ejecución y control de las obras e, incluso la existencia de una maniobra puntual y concreta que constituye una defraudación en perjuicio de la administración pública afirmado por la acusadora —generada por un abuso de confianza durante la ejecución de un negocio jurídico puntual-, mas ello no permite inferir la existencia de una planificación previa, dirigida a engañar a las autoridades provinciales para obtener un desprendimiento patrimonial que se traduciría en una ventaja de esa naturaleza para los acusados, en la modalidad de la estafa propiamente dicha que supone esa estructura característica de engaño-disposición patrimonial-perjuicio”. Dijo que se trató de una defraudación por abuso de confianza.
