Sebastián De la Vallina, secretario de Planificación de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Trelew, fue golpeado dentro del edificio municipal por parte de Gustavo Cardozo, esposo de la diputada provincial, Leyla Lloyd Jones, quien le reclamó unos dichos en su contra.

Tras lo sucedido, el funcionario habló sobre el brutal ataque ocurrido el jueves: “Yo salía del despacho del intendente, estaba con el periodista y el fotógrafo de la municipalidad cuando veo ingresar a esta persona por la puerta principal y se paró al lado mío”, comenzó detallando.

“Me empezó a prepotear y me decía vos estuviste hablando de mí, a lo que yo le respondí ‘yo no tengo nada que hablar con vos porque no existís para mí’. Ahí directamente me pegó y no recuerdo que me caí”, reveló.

De la Vallina calificó de una “aberración” el violento ataque: “ingresó a una institución pública y me agredió a mí que estoy a cargo de la Secretaría pero mañana le puede pasar a cualquiera”, alertó.

El funcionario trelewense sufrió un golpe en el ojo. Foto: ADNSUR

“Fue un golpe con la mano derecha y no me agarró preparado. Estaba trabajando en el hall central de la municipalidad de Trelew con otras personas y me agarró desprevenido”, reconoció. 

Vallina reconoció a Radio Chubut que no casi no tuvo relación con el agresor , ya que solo una vez coincidió en una reunión con él pero donde habían 50 personas más y  también, "caminamos juntos  en la campaña política.  La única referencia es que es el marido o la pareja de la diputada Leyla Lloyd Jones. No tengo relación con esa persona”, aclaró.

¿CUÁL ES EL CONFLICTO?

En su momento, la diputada (esposa del agresor Gustavo Cardozo)  denunció que el costo para la demolición del edificio era ‘excesivo’ y que había ‘negociados’ en la municipalidad en general. Por su parte, Sebastián De la Vallina fue a la justicia para vindicarse.

En tal sentido, el funcionario explicó que  “hubo un expediente que salió del Tribunal de Faltas con un dictamen. Se dio un valor aproximado del costo de derribar un lugar. Era un expediente que tenía un dictamen pero no se había hecho una contratación. El Tribunal de Faltas decía que si el propietario no lo derrumba, la municipalidad se tendrá que hacer cargo y derrumbarlo”, explicó.

“Todo comenzó sobre una denuncia de los vecinos para que actuemos sobre ese edificio, que hagamos un acta de inspección, se intimó a los propietarios y se mandaron las actuaciones al Tribunal de Faltas. En ese sentido, hablamos del costo de la demolición. González estuvo en el sector empresario y no puede desconocer el valor de las demoliciones”, indicó.

Finalmente el funcionario reconoció que será necesario revisar la seguridad dentro del edificio municipal , porque “fue un acto aberrante que me tocó vivirlo a mí pero es grave que haya sucedido dentro de la municipalidad”, sentenció.

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