El fiscal a cargo de la investigación por el homicidio de Lautaro Labbe dijo este lunes que en alrededor de 2 meses el caso podría llegar a juicio oral y público, con la imputación que pesa contra el policía Simón Cruz como principal imputado, para quien pedirá la prórroga de la prisión preventiva, en la audiencia de revisión prevista para el 19 de mayo.

Tras confirmar la imputación contra la oficial Eugenia Rosales, en la audiencia realizada este lunes, el fiscal Puentes señaló que los cargos contra la agente se basan en los presuntos delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica, agravada por el rol de funcionaria pública.

Dicha acusación se basa en que la citada funcionaria era la oficial de servicio la madrugada del 18 de abril del año pasado, cuando se produjo el hecho que derivó posteriormente en la muerte del adolescente Lautaro Labbe, de 16 años de edad. La imputación es por haber realizado un acta donde se falsearon los hechos, para eludir la responsabilidad de los agentes involucrados en el hecho:

“Ella ha prestado declaración y dijo que efectivamente labró ese acta policial, pero la elaboró en base a las comunicaciones que le habían hecho los otros funcionarios policiales -dijo el fiscal, en diálogo con Actualidad 2.0-. Dijo que desconocía, en ese momento, que el autor del disparo había sido uno de los agentes el que había afectado un disparo en contra de la humanidad de Labbe”.

Homicidio de Lautaro Labbe: el fiscal Puentes pedirá sostener la prisión preventiva del principal imputado

LA NUEVA IMPUTADA AFRONTA UNA PERSPECTIVA DE PENA EXCARCELABLE

De este modo, ya son 5 los agentes imputados en el hecho, con distintos grados de participación. Para la nueva involucrada, la expectativa de pena de los delitos encuadrados va desde los 3 años de prisión, en el caso de encubrimiento, hasta una máxima de 6 años, por la falsedad ideológica. “En realidad, al no tener antecedentes, este tipo de penas resultan excarcelables”, aclaró el fiscal.

El fiscal detalló además que a partir de la nueva imputación, solicitó la ampliación del plazo de investigación en 2 meses más, a la espera de una pericia caligráfica que se requirió para constatar el acta firmada por los 3 funcionarios intervinientes junto a Cruz en esa fatídica madrugada.

“Creo que en un mes puede esta resta pericia y también estamos esperando la pericia mecánica, para determinar cómo fue la situación en el lugar de los hechos. Después de eso, ya se estaría en condiciones de pedir la elevación a juicio”, indicó.

IMPUTACIÓN CONTRA CRUZ: A LA ESPERA DE UNA PERICIA CLAVE Y REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Puentes recordó que la imputación contra Simón Cruz se sostiene como homicidio agravado, lo que abre una expectativa de pena de prisión perpetua, al tiempo que reconoció que la defensa busca demostrar que en realidad el hecho ocurrió de forma accidental.

Homicidio de Lautaro Labbe: el fiscal Puentes pedirá sostener la prisión preventiva del principal imputado

“En principio, nosotros tenemos esa tesis de homicidio doblemente agravado, por la condición de funcionario policial y por abuso de sus funciones, o sea en forma dolosa. Eso es en principio. Ahora nos resta esta pericia mecánica, que la hace un perito en criminalística, que tiene la experticia para brindar una información que, si coincide con lo que nosotros consideramos, podríamos llegar a probar el homicidio doloso. En su defecto, si el perito considera que hay alguna hipótesis de que podría haber sido una muerte accidental, producto del mal accionar del del empleado policial, al momento de atención, podríamos llegar a ver una calificación alternativa, como homicidio culposo. Pero hasta no tener la pericia, no podemos cambiar la acusación”.

Finalmente, el fiscal recordó que Simón Cruz permanece con prisión preventiva, la que será sometida a revisión el próximo 19 de mayo. “Obviamente que el Ministerio Público fiscal va a solicitar la prórroga de esa medida de coerción -anticipó-, que es la más gravosa; y respecto de los otros imputados, salvo Rosales, tienen presentaciones mensuales en la Oficina Judicial”.

Para Rosales, en cambio, no se solicitó hasta el momento ninguna de esas medidas restrictivas, mientras continúe el proceso de investigación.

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