En un caso que mantiene en vilo a la comunidad de Cinco Saltos, la fiscalía imputó a un hombre y una mujer por el asesinato de Maximiliano Manuel Gallardo, de 30 años, quien desapareció el 17 de mayo. A pesar de la acusación, el cuerpo de Gallardo aún no fue encontrado, lo que añade un aire de misterio al caso.

Los acusados enfrentan cargos por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Según la fiscalía, una deuda por drogas sería el motivo detrás del presunto asesinato. La investigación se inició cuando se reportó la desaparición de Gallardo, siguiendo el protocolo habitual. Sin embargo, con el paso del tiempo y la ausencia de su paradero, la sospecha de un homicidio tomó fuerza.

La fiscalía basó su acusación en los testimonios de dos personas a quienes los acusados habrían confesado el crimen. Según estos testigos, la disputa por una deuda de drogas desencadenó la tragedia. La acusación sostiene que entre el 17 de mayo y el 22 de junio, los acusados habrían asesinado a Gallardo con un revólver calibre 22 en su propia vivienda y posteriormente ocultado el cuerpo.

Además de la acusación de homicidio, los acusados enfrentan cargos por resistencia a la autoridad y allanamiento ilegal. Testigos informaron que, tras realizar la denuncia, los imputados irrumpieron sin autorización en su domicilio en busca de un arma de fuego. Este incidente llevó a su detención cuando fueron interceptados por la policía mientras patrullaban los alrededores en un auto VW blanco.

La fiscalía solicitó prisión preventiva para los acusados, argumentando que podrían entorpecer la investigación o intimidar a los testigos si quedaran en libertad. El juez de garantías aceptó la solicitud, citando evidencia suficiente para iniciar la investigación, incluidos testimonios de confesión y la agresión previa a la víctima.

La defensa de los imputados argumentó la ausencia de pruebas concluyentes, principalmente la falta de un cuerpo, y solicitó medidas menos severas que la prisión preventiva. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos, apoyando la posición de la fiscalía de que los testimonios y las pruebas recolectadas hasta el momento justifican la medida cautelar.

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