Un hombre de 70 años arrojó materia fecal contra un edificio de la justicia en la Patagonia en tres ocasiones. Sus acciones ocasionaron que las actividades no pudieran realizarse normalmente, y el anciano fue imputado. En las últimas horas, se conocieron las razones que tuvo para realizar el ataque.
El episodio ocurrió en el edificio del Juzgado de Paz de San Martín de los Andes, donde el hombre mayor fue imputado por la fiscal Inés Gérez tras arrojar excremento durante un enojo. Según trascendió, actuó de esta forma ya que desestimaron una serie de denuncias que presentó anteriormente.
Según publicó Mejor Informado, el hombre de 70 años presentó diferentes denuncias en la Justicia luego de que el dueño de la casa donde alquilaba le cortara los servicios de luz y agua, ya que él no podía pagar las facturas. La fiscal del caso sostiene que el imputado decidió “vengarse” y arrojar excremento de gato en las oficinas, ya que las denuncias fueron desestimadas en el área judicial.
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El ataque ocurrió el 17 de mayo por la mañana temprano, cuando el hombre preparó un líquido con materia fecal y lo arrojó en el frente del edificio del Ministerio Público Fiscal, ubicado en Roca al 950 de San Martín de los Andes.
La filtración de la sustancia ocasionó daños en el interior de las oficina, lo que impidió el normal funcionamiento de la fiscalía durante la jornada. Después de cinco días, derramó excremento sobre el frente del Juzgado de Paz, ubicado en San Martín y Drury, que tuvo que interrumpir la atención al público.
Tras esperar varios días más y ante la falta de una respuesta a sus denuncias, el 15 de julio volvió a cometer el mismo ataque en el Ministerio Público Fiscal, ensuciando paredes, la puerta de acceso y ventanas, lo cual afectó la atención al público en áreas del organismo. Seis días después, a las 19.20, volvió a atacar en el mismo edificio.
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La fiscal del caso le atribuyó el delito de daño agravado en concurso ideal con impedimento de un acto funcional y estorbo de un acto funcional (dos hechos). Además se le impuso la prohibición de acercarse a ambos edificios y de ejercer cualquier acto de perturbación hacia el personal que trabaja en las dependencias judiciales.