Incidentes en el Congreso: ¿Cuáles fueron los argumentos de la jueza que liberó a los 114 detenidos?

La decisión de la jueza penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, tomó revuelo en las últimas horas tras liberar a las 114 personas que habían sido detenidas el día anterior durante la marcha en el Congreso de la Nación, donde se generaron incidentes con las fuerzas de seguridad y hubo personas que resultaron heridas.

“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria”, fue lo primero que aseguró, al cuestionar que las fuerzas de seguridad no aportaron la información necesaria sobre los hechos.

 Y a continuación, amplió: "No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a 'los hechos del Congreso de la Nación'. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en 'flagrancia', no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle", sostuvo en la resolución a la que accedió Infobae.

La decisión de la jueza causó gran revuelo dentro del gobierno de Javier Milei. Y así lo dio cuenta Guillermo Francos, jefe de gabinete, quien cuestionó esta mañana que “si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”.

La magistrada manifestó en su fallo que a medida que recibía información sobre las detenciones “se volvía más imprecisa”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, relató.

La resolución señala que el delito que más se informó por la policía fue el de atentado y resistencia a la autoridad. Y no hubo detenidos por delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos, pese a la viralización de imágenes de contenedores y un patrullero incendiado.

La magistrada  además destacó que no solo fue deficiente la información que aportó la Policía sino que también fue tardía. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, explicó.

“Se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”. “No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico”, manifestó.

Editada y redactada por un periodista de ADNSUR