Investigación por fraude: allanan cooperativas vinculadas a organizaciones sociales
Operativos en Neuquén y Fernández Oro buscan evidencia en el marco de una investigación por presunto fraude a la administración pública, en la que se cuestiona el uso de fondos de programas de empleo.
En una investigación encabezada por la Fiscalía de Delitos Económicos, la justicia de Neuquén realiza en la mañana de este viernes allanamientos en tres propiedades: dos en Neuquén capital y uno en Fernández Oro. La acción judicial responde a una investigación por fraude a la administración pública en el marco del “Programa sistema de promoción de empleo neuquino”, en el cual están implicadas varias organizaciones sociales.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Juan Manuel Narváez y autorizados por el juez Lucas Yancarelli. Entre los elementos secuestrados en estos operativos, que se desarrollan con el apoyo de la Policía de Neuquén, se incluyen documentación financiera, dispositivos electrónicos, facturas y documentos de compra-venta de terrenos en Junín de los Andes. Diego Mauro, dirigente social, tendría residencia en uno de los inmuebles allanados en la zona de chacras de Fernández Oro.
La investigación, impulsada a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado, señala que la cooperativa Viento Sur recibió más de 1.183.438 pesos entre enero y diciembre de 2023 por parte de la provincia de Neuquén, bajo el compromiso de generar empleos. Sin embargo, según la denuncia, la cooperativa no cumplió con las rendiciones de cuenta establecidas en la Ley de Administración Financiera, generando sospechas de mal manejo de los fondos.
Una de las cooperativas involucradas en la causa es Cae Babylon, que nació en 2007 como un emprendimiento autogestionado de producción de panes rellenos para estudiantes universitarios. Este negocio, según sus integrantes, surgió ante la falta de oportunidades laborales y con los años fue ampliando su alcance hasta llegar a abrir un local en la calle Buenos Aires, mudándose más tarde a Santiago del Estero 16, donde actualmente funciona como bodegón.
El caso pone en la mira el manejo de recursos destinados a programas de empleo, que buscan generar oportunidades en sectores vulnerables pero que, según los fiscales, podrían estar siendo mal utilizados por cooperativas u organizaciones sociales. La falta de rendición de cuentas adecuada refuerza las sospechas de defraudación agravada, un delito que implica una fuerte sanción si se confirma que hubo fraude a la administración pública.
Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.
