La fiscal Gómez apelará el beneficio para anti mineros imputados por graves daños en edificios públicos

La fiscal Florencia Gómez anticipó que apelará la decisión de la jueza María Laura Martini, que benefició con la suspensión del juicio a prueba de los 8 imputados por daños a edificios públicos, durante las manifestaciones anti mineras en diciembre de 2021. Los acusados ofrecieron sumas de dinero, trabajos comunitarios y donaciones de fideos como parte de la reparación, en hechos que derivaron en la destrucción de la Casa de Gobierno y la Procuración General, entre otros bienes del Estado.

“La jueza tenía dos opciones y se quedó planteada por la defensa, que es exactamente lo contrario a a mi posición, por lo que voy a hacer la correspondiente apelación ante el Superior Tribunal de Justicia”, anticipó la fiscal del caso, en diálogo con Actualidad 2.0.

Se trata de 8 imputados por delitos como hurto y daños agravados por tratarse de bienes del Estado, en algunos casos con participación en varios hechos, por lo que las penas que pretende imponer Gómez parten desde un mínimo de 3 años y pueden llegar hasta los 6 años de prisión.

Sin embargo, al descartarse, al menos por esta primera resolución, la posibilidad de un juicio oral y público, evitarían la posible penalización.

Los hechos imputados forman parte de las manifestaciones producidas el 15 de diciembre de 2021, tras la aprobación de la ley de zonificación minera. La fiscal aclaró que ninguno de los acusados se vincula directamente con el incendio devastador de la Casa de Gobierno, que todavía está en obras de reconstrucción a un costo millonario, ya que no hay indicios sobre el origen de ese ataque.

PLATA, TRABAJO COMUNITARIO Y BOLSONES DE FIDEOS

La defensa de todos los imputados, fue ejercida por los abogados Miguel Moyano y Pablo Sánchez, quien presentó los ofrecimientos de reparación. En el caso de Lurdes Ariadna y Nicole Molina Leguiza (imputada de daño agravado), propuso reparación mediante la donación de seis bolsones de fideos para entidades de bien público, en el plazo de ocho meses, dos años de prisión en suspenso y presentarse en la Oficina Judicial.

En el caso de Brian Osvaldo Díaz (imputado de daño agravado con un pedido de pena de tres años y ocho meses de prisión), produjo daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson. Ofreció una reparación 250.000 pesos en el plazo de un mes para reparar edificios públicos, o para ser donados a una entidad de bien público.

Asimismo, con Gastón Velázquez imputado por daño y hurto agravados. Dañó a pedradas el frente del Superior Tribunal de Justicia y robó un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General. La defensa pidió la suspensión de juicio a prueba por dos años. La fiscalía pidió cuatro años de prisión.  Ofreció una reparación de 200.000 pesos para la reparación de los edificios o donados a una entidad de bien público.

Otro de los acusados es Lucas Alexis Espinoza Andrade, imputado por daño agravado. Arrojó y dañó los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, aledaño a la Comisaría de Rawson. El defensor pidió la suspensión de juicio a prueba por seis años. Se trata de un estibador en el Puerto de Rawson y ofreció hacer 200 horas de trabajo comunitario.

Y por último, Nicolás Alejandro Díaz (imputado por hurto agravado). Durante los desmanes hurtó un bidón de 20 litros de un dispensador de agua. Hace changas de limpieza de patios y ofreció 100 horas de trabajo comunitario. Tiene antecedentes penales y una pena en carácter de condicional.

“PARA QUE HAYA SUSPENSIÓN DE JUICIO, DEBE HABER ACUERDO DE LA FISCALÍA”

“Todos sabemos que los imputados tienen derecho a una suspensión de juicio a prueba, porque es parte del Código, pero no es menos cierto que uno de los requisitos es que la fiscalía acepte esa propuesta -precisó Gómez-, pero en este caso no sólo se ha opuesto la fiscalía, sino también lo ha rechazado la Fiscalía de Estado, representando a los bienes públicos afectados”.

La fiscal enfatizó su rechazo a la propuesta de reparación, “porque no estamos hablando de un hecho aislado de una persona que rompió circunstancialmente un bien público, sino que eran grupos, que se pusieron de acuerdo para realizar estas tareas y trabajaron en grupo. La sociedad no quiere una reparación, quiere un juicio y los ministerios públicos fiscales, representando los intereses de la sociedad, vamos a seguir solicitando que se transite por el debate público”.

Recordó que los daños afectaron a todos los edificios públicos, no solamente Casa de Gobierno, ya que varias de las personas imputadas cometieron también roturas y hurtos en el superior Tribunal de Justicia, en la propia Fiscalía de Rawson y en la legislatura.

SERÁ DIFÍCIL DAR CON LOS INICIADOS DE LOS DEVASTADORES INCENDIOS

Sobre el inicio de los incendios, Gómez recordó que hasta ahora hay sólo una persona, que ya fue condenada en un juicio abreviado, a 3 años de prisión en suspenso, por su participación en el incendio que ya estaba declarado y arrasaba con las instalaciones de la Casa de Gobierno y fue sindicada arrojando una rama encendida.

“Se probó esa participación, pero no es la persona que inició el incendio”, precisó la fiscal. “No tuve la suerte de poder individualizar a quienes iniciaron los incendios, porque en ese caso estaríamos hablando de penas de 10 años de prisión -aclaró-, porque la destrucción del edificio fue total”.

La fiscal recordó que ella tomó la investigación 2 años después de producidos los hechos y lamentó que al principio “hubo cosas que no se realizaron, como identificaciones o material que no sé por qué no se trabajó en su momento y que se nos fue con el tiempo. Y cuando el tiempo pasa, es cada vez más difícil poder identificar a los autores, porque es esencial hacerlo a pocas horas del hecho”.

Por eso, reconoció que será muy difícil detectar a quienes originaron el fuego que terminó destruyendo la Casa de Gobierno, en el Superior Tribunal y en la Procuración General, donde se perdió una gran cantidad de expedientes judiciales.

Además, recordó que entre los imputados actuales, hay dos personas que no se presentaron en la audiencia y fueron declaradas en rebeldía, además de que una de las imputadas llegó una hora tarde a la audiencia, además de otro imputado que aún no se presentó. También detalló que, entre los acusados, hay uno que participó en el incendio del Superior Tribunal de Justicia.