La Justicia investiga un posible "enriquecimiento ilícito" de Torres Otarola

RAWSON (ADNSUR) - La próxima semana el Ministerio Público Fiscal podría estar presentando el pedido de apertura de investigación contra al menos 10 personas por presunto fraude al Estado, cuya principal imputada será la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, y en carácter de partícipes otras 9 personas -hasta el momento-, entre ellas la ex subsecretaria de Desarrollo Social, Jacqueline Rodera, la niñera y secretaria de Otarola, Silvana Cañumil, y distintos funcionarios designados en esa área.

Se sospecha que estas personas contratadas, no sólo no cumplían ninguna tarea al Estado, sino que además supuestamente le habrían “retornado” –como requisito obligatorio- una importante cantidad de su sueldo a la jefa del ministerio. La novedad a la que accedió ADNSUR es que también se están chequeando fechas y montos de escrituras de compras de propiedades que Otarola habría realizado en Esquel, además de la compra en efectivo de un vehículo, para determinar si amerita sumar otra imputación por presunto “enriquecimiento ilícito”.

La investigación judicial por el desempeño de la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola, está en pleno desarrollo, y no para de arrojar datos que podrían convertirla en un nuevo caso escandaloso de corrupción dentro del Estado, que ya tiene el sugestivo título de “Ñoquis Calientes”.

Luego de haber tomado distintas entrevistas, y de los requerimientos a las áreas de liquidación de sueldos de la Legislatura y el Ejecutivo hace dos semanas, este miércoles se produjeron una serie de allanamientos en Rawson y Trelew, que terminaron con el secuestro de teléfonos móviles y documentación. El fiscal Omar Rodríguez tiene ahora que sopesar toda la prueba recolectada para redactar un pedido de apertura de investigación, que en principio tendría unos 10 imputados, aunque podrían ser más.

Todo parece indicar que -según apunta la prueba hasta el momento- la fiscalía calificaría de manera provisoria el modus operandi de Torres Otarola como presunta autora de fraude contra el Estado, por la posible designación de “ñoquis” –como se conoce a las personas que cobran sin prestar ninguna función pública- y además por la supuesta recaudación de una caja personal a partir de la “devolución” que buena parte del personal a su cargo –asesores en le Legislatura, contratados en Familia- debían hacerle de al menos la mitad de su sueldo.

Precisamente los investigadores miran hoy con mucho detalle a todos los integrantes de la lista que figura como anexo en el Decreto 73, publicado en el Boletín Oficial 13.344, publicado el 3 de febrero de 2020. Allí se designa a todo el personal fuera de nivel del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, unas 24 personas, que según se detalla, tienen un rango equivalente a directores y directores generales, y sólo una persona tiene el rango de subsecretaria con un sueldo equivalente hoy a 165 mil pesos: Silvana Cañumil, la niñera de Otarola. Precisamente allí figura también, entre otros, el jardinero peruano con residencia en Buenos Aires, Miguel Reto.

PROPIEDADES

Otro dato comienza a sonar fuerte a medida que avanza la investigación, y es una posible imputación a futuro contra Torres Otarola por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien está aún en una etapa preliminar, ADNSUR pudo comprobar que hay fuertes sospechas de los responsables de la investigación del Ministerio Público Fiscal, en torno al crecimiento del patrimonio de la ex ministra y ex diputada, desde que comenzó a desempeñarse como funcionaria pública.

Estas sospechas estarían basadas en la compra de al menos tres propiedades en Esquel, casas que hoy Otarola tendría en alquiler, y que habría que determinar en qué momento fueron adquiridas, para exigir luego a la funcionaria que explique de dónde obtuvo los fondos para una inversión millonaria con el sueldo de diputada y luego de ministra, durante sólo 4 años y medio.

La misma situación sucede en el caso de la compra de la camioneta Chevrolet 4x4 que hoy maneja Otarola, que según los investigadores, habría sido adquirida a partir de la venta de otro vehículo y la cancelación en efectivo de la diferencia con el nuevo modelo.

Lo concreto es que la causa ya se convirtió en un escándalo de relevancia nacional, y viene de provocar una crisis interna en el gabinete provincial, ante la negativa de Torres Otarola a dejar su cargo, tal como quedó demostrado en el allanamiento del último miércoles, cuando la policía judicial la encontró aún trabajando en su oficina. La lectura de los hechos que hará el fiscal Omar Rodríguez en los próximos días, cuando se fije la audiencia de apertura de investigación, arrojará más luz sobre lo que parece ser un nuevo caso de corrupción en Chubut.