La Cámara de Diputados acompañó este jueves por amplia mayoría la adhesión enviada por el Ejecutivo a la Regularización de Activos, conocida como “blanqueo de capitales” aprobada a nivel nacional. Además, hubo un fuerte planteo contra la decisión judicial de autorizar un traslado “ilegal” de una jueza a Rawson.

Quien fundamentó la adhesión al blanqueo fue la diputada oficialista Jacqueline Caminoa, quien destacó “la importancia de que estos fondos se van a coparticipar y que se introduzcan recursos que hoy no están”.

Sostuvo que esto habilita a “los contribuyentes que omitieron declarar estos montos hoy pueden incorporarlo y hacerlos legales”, algo que “hasta 100 mil dólares no tiene costo y desde allí se paga un impuesto que se va a coparticipar”.

Imagen: Prensa de Legislatura

Indicó que según cálculos del gobierno, se espera que esto “recaude entre 1400 y 1600 millones de dólares, algo importante para la situación del país por lo que se invita a adherir a los municipios”.

Por su parte, el legislador capitalino Sergio González también destacó los beneficios de la adhesión a esta ley, que “a diferencia de blanqueos anteriores es coparticipable para la provincia y va a tener un impacto en los municipios”, ya que “la intención es motorizar la economía que está en estado crítico”.

Mencionó que si estos fondos “se utilizan para compra de inmuebles usados incentivara al mercado inmobiliario o en la industria de la vivienda y la construcción, o proyectos productivos estratégicos” y se busca “brindar seguridad jurídica a quienes adhieren con previsibilidad fiscal”.

En contra

Desde Arriba Chubut, el diputado Juan País aclaró que “es una ley nacional que está vigente, pero discutimos la forma de adhesión” y dijo “un camino es el que eligió el gobierno de Chubut y otro diferente es el que ha elegido Neuquén” que es el dictamen en minoría del justicialismo.

“¿Tan bien esta Chubut como para no cobrar ningún tributo a quienes blanquean?”, preguntó Pais, y dijo “hace tiempo que no vemos un plan productivo y ahora vemos que ni siquiera hay un plan recaudatorio”.

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Explicó que “Neuquén establece una alícuota del 5 por 1000 y nosotros en Chubut propiciamos condonar todo tipo de tributos” a lo que agregó “me pregunto la sensación de todos los chubutenses que han pagado en tiempo y forma sus impuestos”.

Sostuvo que “no debe existir condonación a aquellos que han evadido y los exime de la condena penal, pero sigue siendo una conducta moralmente reprochable”.

A su turno, Emanuel Coliñir, del mismo bloque, dijo que ante estas medidas “todos los gobiernos se encuentran con el paredón que se llama dólares”, y recordó que “el ex presidente Macri realizó uno de los blanqueos mas exitosos de la historia, ingresaron 116 mil millones y recaudó 9 mil millones, pero igualmente fue al FMI a pedir mas dólares”.

“Ahora planean recaudar 1600 millones, y vamos a tener otros inconvenientes, no va a alcanzar a resolver los problemas de nuestro país” dijo Coliñir, y señaló “la ley es mala, es barata, somos pasibles de ser sancionados por el G-7 por la falta de control de los activos ilícitos”.

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En el mismo sentido, Santiago Vasconcelos votó en contra y dijo que “este blanqueo tiene la mitad de la alícuota que en la época de Macri” y agregó que el mensaje es “para los empresarios todo, para el pueblo, el saqueo y el ajuste”. Añadió que “la gravedad del asunto es en relación a los activos ilícitos”.

Luego de dos horas de debate, el resultado fue de 20 votos a favor de Despierta Chubut, más el Pich, Familia Chubutense y nuevamente la madrynense Mariela Williams; y 7 en contra de Arriba Chubut y el FIT.

La ley

Según la ley sancionada en el artículo 1°, se establece “adhiérase al Régimen de Regularización de Activos, previsto en el Título II de la Ley Nacional N° 27.743, conforme lo dispuesto en su artículo 42”.

En el artículo 2°, dispone que “los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Dirección General de Rentas, que adhieran al Régimen establecido por el Título II de la Ley Nacional N° 27.743, presentarán los antecedentes y/o formalidades que la autoridad de aplicación determine”, y gozarán de una serie de beneficios.

Menciona por ejemplo: a) Liberación del pago de los tributos, intereses, multas y accesorios que correspondan en virtud de las disposiciones del Código Fiscal, que surjan de la declaración de tributos que hubieran omitido declarar; b) Liberación de toda acción civil y por delitos de la Ley Penal Tributaria Nacional N° 24.769 que correspondan por el incumplimiento de las obligaciones provinciales vinculadas o que tengan origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente, y en los ingresos y rentas que estos hayan generado.

El artículo 3° indica que “no están sujetas a regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria en el ámbito de la Provincia del Chubut las cuentas abiertas-conforme la normativa que dicte el Banco Central de la República Argentina y/o la Comisión Nacional de Valores-, con el fin de ser utilizadas, en forma exclusiva, para exteriorizar las tenencias de moneda nacional y/o extranjera en efectivo, en el marco de lo establecido por el Título II de la Ley Nacional N°

27.743”.

Por su parte, el artículo 4° dispone que “la pérdida de los beneficios previstos en el Título II de la Ley Nacional N° 27.743 por cualquiera de las circunstancias previstas en la misma o sus normas reglamentarias, provocará la pérdida automática de la totalidad de los beneficios aquí Regulados”.

El artículo 5° establece que “la Dirección General de Rentas del Chubut será la autoridad de aplicación del presente régimen, encontrándose facultada para dictar toda reglamentación y normas complementarias” y el 6° invita a los Municipios y Comisiones de Fomento a adoptar similares medidas.

Polémica con la justicia

Previo al orden del día, los legisladores de Despierta Chubut y Arriba Chubut aprobaron una resolución sobre tablas, en medio de una fuerte polémica con el Poder Judicial en torno a la jueza María Laura Martini, quien en los últimos días se conoció por su fallo a favor de autorizar una probation para que los acusados de los incendios en Casa de Gobierno en 2021 accedan a la suspensión de juicio a prueba.

El planteo surgió a raíz de un oficio elevado por el fiscal Omar Rodríguez, quien pidió tener en claro la situación de la jueza, una de las integrantes del tribunal que entenderá en el juicio de la causa Ñoquis Calientes contra la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola.

Los diputados coincidieron en plantear que el traslado autorizado por el Consejo de la Magistratura y validado por acordada por el STJ, que nombró a Martini como jueza de Rawson, violó el acuerdo legislativo original que la designaba como jueza de Comodoro Rivadavia.

Por ello, aprobaron una declaración respecto al Acta 331/24 del Consejo de la Magistratura y las acordadas posteriores, “resultan lesivas al interés público” por lo que instruyeron “al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes”.

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