La Legislatura sancionó los presupuestos judicial y legislativo, y prorrogó la emergencia en los servicios de anestesiología

En la última sesión ordinaria de 2023, la Legislatura aprobó con algunas reformas la ley que establece por un año y medio la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial y convirtió en ley los presupuestos del Poder Judicial y Legislativo. Además dio acuerdo al pliego para la nueva jueza de Rawson, y se dio ingreso a los tres pliegos del nuevo directorio de Petrominera. También la Cámara declaró admisible y derivó a la Sala de Acusar el pedido de juicio político a Daniel Báez, y dio ingreso a una nueva denuncia contra el mismo magistrado; y prorrogó la emergencia en los servicios de anestesiología y de cuidados intensivos pediátricos en hospitales de Chubut.

Respecto a este último punto, fueron dos proyectos del Ejecutivo: uno establece la prórroga a partir del 6 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, la emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de los efectores del Subsector Estatal de salud del Hospital Zonal de Trelew.

El otro prorroga a partir del 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, la emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los efectores del Subsector Estatal de la Provincia.

Por otra parte, se abrogó -a propuesta del gobierno- la Ley XVIII N° 105, que establece el Régimen de Abstención del Débito Laboral para los agentes de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada y los Poderes Legislativo y Judicial.

La Cámara aprobó además el pliego de Eve Anahí Ponce propuesta por el Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de Jueza Penal de Rawson, y giró a la Sala de Acusar, la denuncia formulada por Gastón Alejandro Martín y Alfredo Pérez Galimberti, por la cual solicitan se dé inicio al procedimiento de Juicio Político contra el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Esteban Báez, por considerar que la misma es “formalmente admisible”.

Debate sobre Báez

Previo al dictamen de Asuntos Cosntuticvonales, que fue votado por el bloque oficialista y el Pich, se adjuntó un informe de la comisión que fue leído por el diputado Daniel Hollman con los motivos para que el trámite avance y que motivó un debate con la oposición.

Juan Pais (Arriba Chubut) dijo que “la presentación parecía de los mismos denunciantes” y señaló que “el pedido de juicio político es un acto de importancia y gravedad institucional que requiere un tratamiento serio. Nunca vi que se tratara con tanta premura y tanta liviandad”.

Cuestionó que “el dictamen no lo pueden sostener oralmente porque no es de ellos. Lo mas grave es el desapego a la Constitución que establece los procedimientos. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Recordó que “yo voté el pliego de Bpaez y la denuncia por lo de Pirámides se consideró y había sido archivada por el Consejo de la Magistratura”.

Afirmó que “esto que están haciendo es escandaloso. Hay otro de los hechos donde la responsabilidad parece que fuera del procurador y de otro fiscal, pero denuncian al padre de un ingresante al poder judicial sin cumplir los procedimientos”.

Y finalmente “pretenden que se sancione a un juez por un voto en disidencia. Estamos entrando en un pantano institucional. Pareciera que se lo juzga por su voto en el Tribunal de Enjuiciamiento, cuando el tribunal decidió por unanimidad de los cinco miembros. Quieren imponer la tiranía de las mayorías, no hay problema”.

Por su parte, Santiago Vasconcelos (FIT) acompañó el dictamen según dijo “por los antecedentes de Báez como fiscal” e hizo hincapié en cómo fue votado el pliego de Báez en la misma sesión en la que se votó la zonificación, “producto de un pacto entre oficialismo y oposición, sin tener en cuenta todas las denuncias contra Báez”.

Planteó que la Legislatura no designe más a los ministros, sino que sea por votación popular y que sean revocables.

A su turno, Andrea Aguilera (Arriba Chubut) dijo que el argumento de Pais fue “con desprecio y destrato respecto al trabajo de la comisión y la capacidad para hacer dictámenes”, algo que “nos tenía habituado, cada vez que algo no le gusta ataca a quien lo hizo, a su capacidad profesional. Pareciera que ha estudiado en una universidad en la que aprendió mucho más que todos”.

“El dictamen lo hizo la comisión, estudió, le dedicó muchas horas, y sus diputados de su bloque no fueron, y mal pueden saber cómo se resolvió. El dictamen es una admisión formal. En la Legislatura anterior no se podía dar avance a los trámites, que es una situación injusta para denunciantes y denunciados”, concluyó.

Presupuestos y emergencia

Los tres últimos puntos del Orden del Día versaron sobre temas económicos. Concretamente, se aprobó el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial para el Ejercicio del año 2024, que fue modificado a pedido del nuevo gobierno, y que finalmente quedó establecido en $ 67.808.497.730.

Ese monto está distribuido en $ 39.536.825.935 para la judicatura, $ 13.973.371.795 para el Ministerio de la Defensa Pública, y $ 14.298.300.00 para el Ministerio Público Fiscal. El informante Sergio González, destacó que “sólo tiene un incremento del 102 %”, y fue votado por amplia mayoría.

También se aprobó la ley que fija el Presupuesto General de gastos y recursos del Poder Legislativo, para el Ejercicio del año 2024. Nunca se leyó en Cámara, ya que se votó a libro cerrado, pero según pudo establecer ADNSUR, el monto final es de $ 18.859.887.062,00, fijando la planta de empleados en 474 cargos.

Y el debate más extenso fue en el tratamiento de la declaración del estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial, argumentada por Jacqueline Caminoa, quien dijo “es una ley que ha venido tratándose a lo largo de tres mandatos de gobernadores, no se ha podido llegar a un equilibrio fiscal que garantice los servicios de educación y salud, y ha habido abandonos reiterados al interior. Tiene mucho de proyectos anteriores y pedimos su acompañamiento”.

A su turno, Emanuel Coliñir dijo “me preocupa el decreto que deja a trabajadores en la calle, a pesar de que los quiera estigmatizar como militantes. El gobernador quiere que paguen justos por pecadores, nos parece inconsistente festejar que dejen a 1700 trabajadores en la calle”.

Pidió “saquen la emergencia administrativa de este proyecto, porque sabían que iban a encontrar, y el articulado esta mal redactado, tiene inconsistencias e incongruencias. Necesitamos nivel en serio a esta Cámara entre todos, y para eso necesitamos más argumentación”.

Lamentó que desde la Legislatura “no paramos de delegar facultades, y no vaya a ser cosa que en un año estemos sólo para aprobar resoluciones, y acostumbrarnos a levantar la mano a lo que dice el ejecutivo. El gobernador no puede querer concentrar tanto poder. La intervención del instituto es otra manera de seguir concentrando poder. Tiene 15 días gobernando y no le gusta que lo critiquemos”.

Aseguró que “a mi me está dando vergüenza ajena, todavía no se entiende que este es un poder del estado y se tiene que hacer respetar. No se votó a un gerente que le hable al Poder Legislativo como si fuera el padre, nos habla en tono agresivo, violento. No vaya a ser cosa que este pedido de juicio político a un ministro sea con la intención de disciplinar. En esta provincia, la emergencia es política”.

Debate de emergencia

Siguió luego el debate de la emergencia, y Arriba Chubut pidió agregar reformas a varios artículos, pero esto no fue acompañado. Juan País planteó que “Chubut en materia de asignaciones familiares se ha caracterizado por no aplicar cortes de ningún tipo. Puede discutirse si es justo o no, porque hay remuneraciones elevadas que quizás no ameriten el pago de esta ayuda por parte del estado. Pero el tope no pueden ser cinco salarios minimos”.

Explicó que “el tope es tres veces inferior al nacional. Es un ajuste que no debe pesar sobre los trabajadores. El salario no es ganancia, y vemos que hay una pauta justa a nivel nacional, que el tope es el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, 15 salarios minimos”.

Santiago Vasconcelos (FIT) expresó que desde su bloque “no vamos a acompañar, porque estos artículos no resuelven la emergencia, ya que sigue postergando una ley que no ha resuelto nada, solo permitir mayor discrecionalidad en el manejo del presupuesto”. Y advirtió “se están allanando los caminos para convertir a esta Legislatura en una escribanía”.

Luego Jacqueline Caminoa cuestionó “hay diputados que parece que han bajado de un ovni, hace 20 años que gobiernan los mismos, y ahora se sorprenden de que hay que tratar una ley de emergencia, porque la situación que se tomó requiere medidas urgentes”.

El debate fue extenso e intervinieron además diputados como Sergio Ongarato, Gustavo Fita y Sergio González, Andrea Aguilera, Leticia Magaldi, Mariela Williams y Vanesa Abril.

Más asuntos

En el inicio de la sesión, la Legislatura dio ingreso a tres pliegos enviados por el gobernador Ignacio Torres, para la integración del Directorio de Petrominera Chubut, Sociedad del Estado: Héctor Manuel Millar, fue propuesto para ocupar el cargo de Presidente; Marcos Eduardo Gallardo, fue propuesto para ocupar el cargo de Director Titular, en representación del sector gremial; e Irene Carrizo, fue propuesta para ocupar el cargo de Síndico Titular en esa empresa estatal.

Por otra parte, la Cámara dio ingreso a la nota de Héctor Resnik, con la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura contra el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Esteban Báez.