La Legislatura sancionó por 24 a 2 le reforma al Código Procesal Penal

La Legislatura aprobó este jueves la reforma de 26 artículos del Código Procesal Penal impulsada desde el Poder Ejecutivo en sintonía con el Ministerio Público Fiscal y consensuada con gran parte del sistema de justicia, en la búsqueda de agilizar los procesos y la realización de mayor cantidad de juicios y de manera más rápida.

Quien fundamentó la iniciativa fue la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Andrea Aguilera, enumerando los puntos más salientes. En ese sentido, destacó que “en el caso de juicios rápidos con penas menores a 6 años o de flagrancia, va a ser mas justo y mas dinámico, los procesos serán más agiles y habrá mayor número de sentencias”.

También resaltó que “los menores de 18 años víctimas de abuso sexual que declaren en cámara Gesell será válido como anticipo de prueba, para evitar la revictimización”. En otro punto, señaló que “se modifica la suspensión del juicio a prueba, que se podrá pedir hasta la audiencia preliminar, y ese será el límite”.

Otro aspecto fue “la competencia de tribunales unipersonales, que será para delitos de penas de hasta 12 años, con lo que se busca multiplicar la realización de juicios, incrementar la capacidad de respuesta del poder judicial”, dijo Aguilera.

Respecto al proceso penal, dijo que ahora “el plazo total de 3 años no incluye etapa recursiva posterior al juicio, sino que se cuenta desde la apertura de investigación hasta sentencia de tribunal de juicio”. En otro punto, destacó que “ahora el fiscal puede pedir aplazamiento de horario de audiencia de control de detención dentro de las 48 horas”.

Puso de relieve que “se introduce la perspectiva de género en la prisión preventiva”, y “se modifica el juicio abreviado, incluyendo una pena estimada de hasta 12 años, el juez puede rechazar el acuerdo”. Concluyó que esta ley “va a dar agilidad en el trámite penal, y va a ser una respuesta eficiente al ciudadano”.

También desde el oficialismo, hicieron uso de la palabra Paulina Ogalde y Daniel Hollman, quienes destacaron el proceso participativo y abierto de debate, así como Luis Juncos, quien afirmó “es una oportunidad única a partir de la decisión política del gobernador que puso el tema en tratamiento de esta casa”.

Indicó que en la Legislatura “tenemos la responsabilidad de generar herramientas y si bien esto no va a solucionar el problema de la inseguridad, será el tiempo el que dirá si las reformas fueron suficientes”.

Acompañamiento

Por el bloque Arriba Chubut, 6 de 7 diputados votaron a favor de la reforma. Emanuel Coliñir aclaró que si bien “este tratamiento no resuelve la inseguridad”, reconoció “la presencia de actores del sistema judicial en una jornada enriquecedora, con el reconocimiento del orgullo de que el sistema acusatorio funciona bien, pero es necesario actualizarlo”.

“Creemos que hay problemas en el sistema, y Chubut no escapa al reproche constante de vecinos, de desconfianza en torno a la denuncia hace que terminen evitando hacerla”, reconoció, y dijo que es peor aún “la sensación de impunidad entre los delincuentes, acostumbrados a la puerta giratoria”.

Destacó los artículos de juicios rápidos en flagrancia, y de los tribunales unipersonales, y agregó “puede ser eficiente, es lo que queremos todos, demostrar a la sociedad que estamos atentos a lo que está pasando”.

Por su parte, Juan Pais, advirtió “hay que tener cuidado con generar falsas expectativas, porque mediáticamente se ha presentado esta reforma como una solución a los problemas de seguridad, y no habrá mejoras en la seguridad, porque se actúa ex post”.

Sin embargo, destacó que “se apunta a un mejor sistema de justicia penal, y quizás la gente de a poco comience a recuperar un poco de confianza y el sistema obtenga mayor credibilidad”. Resaltó el trabajo realizado y revindicó “a la política como transformadora de instituciones, no fue desde el Legislativo que se redactó, pero sí se gestó un ámbito de discusión conjunto y mancomunado para lograr una síntesis”.

“La mayoría de nuestro bloque va a acompañar, con algunas dudas, pero vamos a dar la oportunidad”, resumió.

Objeciones

Desde el Pich, Andrea Toro manifestó el acompañamiento, porque “creemos necesaria esta reforma y que se agilicen los procesos judiciales, aunque con esto no va a haber más seguridad en la provincia”.

Aunque advirtió “no vamos a acompañar el articulo 392 que hace referencia a la ejecución de las sentencias, porque estaríamos frente a la violación al principio de inocencia establecido en la Constitución Nacional, y en este caso se habla de adelanto de la ejecución en la pena”.

En contra votó Tatiana Goic, quien por un lado incorporó la opinión técnica de su equipo de abogados, y como “ciudadana de a pie”, explicó las razones para no acompañar porque “atenta contra derechos de los ciudadanos, y eso no es calidad jurídica”.

Mencionó que “la sentencia que caiga en un solo juez sin debate entre magistrados, que una sola persona tome una decisión tan importante, atrasa. Y que la sentencia se comience a ejecutar de manera anticipada, lesiona derechos fundamentales, si esto se retrotrae, teniendo en cuenta la situación carcelaria, esto afecta a terceros, como a los familiares”.

Dijo que se trata de “proyectos demagógicos que no van a solucionar nada”, y se refirió a la baja en la edad de imputabilidad, diciendo “castigar a los chicos sin darles soluciones de fondo, en el contexto de una muerte tan dolorosa como la que ocurrió en Comodoro, es agarrarse para estas declaraciones demagógicas”.

Finalmente, desde el FIT, Santiago Vasconcelos advirtió que el anuncio de más presos indica que “se puede estar legislando para el show, posar para las cámaras por parte de los ministros de seguridad, no hay una correlación entre el aumento de la población carcelaria, e incluso a veces puede agravarlo”.