En relación a los imputados, en el juicio todavía resta que se realice la audiencia de imposición de pena, que será el próximo 21 de junio. Como resultado de esa última etapa, los sentenciados recibirán penas que van desde un mínimo 2 hasta un máximo de 6 años.
Sin embargo, este primer juicio dejó abierta la posibilidad, a partir de un pedido expreso planteado en la sentencia, para que la Procuración General de la provincia reabra una investigación para establecer responsabilidades sobre la presunta falsificación de documentos que fueron utilizados como prueba en el proceso.
En esa nueva investigación, según el contenido de la sentencia que revelaron fuentes cercanas al caso ante la consulta de ADNSUR, se involucraría directamente a agentes policiales y del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en la primera etapa de la investigación, si es que la Procuración hace el lugar al requerimiento planteado por la sentencia.
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En concreto, según se indicó, en el tribunal quedaron sospechas en torno a la posible adulteración de documentos que hacen “al modo en que se consiguieron evidencias importantes para el caso”, según se indicó. “Esto lo plantearon defensores de los acusados, quienes habían solicitado que se excluyera ese material probatorio, vinculado con videos en los que se registraron las acciones de los vecinos al momento del ataque”.
Si bien el tribunal consideró las pruebas como válidas, es decir rechazando el planteo de las defensas, lo que permitió probar la participación de los acusados en los hechos que terminaron con la muerte de Oviedo, lo que dispara el pedido de una nueva investigación es la duda en torno al modo en que se incorporó a la causa.
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En concreto, el pedido de investigación parte de la base de que agentes de policía y funcionarios de fiscalía no incorporaron esa prueba del modo en que lo dejaron plasmado en el acta oficial en el inicio de la investigación, de allí que el pedido de investigación es sobre los presuntos delitos de ‘falsedad ideológica de instrumento público’ e ‘incumplimientos de deberes de funcionario público’.
Sobre esos elementos, se remitieron las actuaciones para que la Procuración General decida si hace lugar a una nueva investigación, que involucraría no sólo a los policías que trabajaron en caso, sino también a la fiscalía.