Los antecedentes de la jueza sumariada por su vínculo con un preso: su destitución en 2013 y el enfrentamiento con Di Pierro

La jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, que protagonizó un escándalo por “conductas inapropiadas” con un preso condenado recientemente por homicidio, había sido destituida en su cargo en el año 2013, pero fue restablecida en sus funciones a partir de un recurso de amparo interpuesto contra la actuación que llevó adelante el Consejo de la Magistratura en su contra, lo que quedó oficializado dos años después. Había protagonizado un fuerte cruce con el ex intendente Néstor Di Pierro.

Los antecedentes de aquella época registran que Suárez había sido públicamente cuestionada por el entonces intendente Néstor Di Pierro, que la acusó de “liberar presos por teléfono”, luego de que trascendieran resoluciones de la magistrada durante la semana santa de aquel año, en relación a delincuentes que habían sido detenidos in fraganti por la policía en distintos hechos.

La jueza le envió una carta documento al jefe comunal para que se retractara de sus dichos, pero éste insistió en la acusación, en tanto uno de sus hombres cercanos, Alberto Parada, integraba por entonces el Consejo de la Magistratura.

Paralelamente, se iniciaba el proceso de evaluación de la magistrada luego de los tres años desde su nombramiento, que se había producido en el año 2009. El Consejo de la Magistratura votó por mayoría que el desempeño en ese lapso había resultado insatisfactorio, al tiempo que se sumó en su contra una denuncia que cuestionó su actuación en una causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad.

Como consecuencia, el Consejo de la Magistratura resolvió, en una decisión dividida, que motivó el voto de desempate de su entonces presidente, el envío de los antecedentes para que la jueza enfrentara un tribunal de enjuiciamiento, bajo la acusación de desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en su cargo.

Dicho tribunal se constituyó sobre fines de octubre de aquel año y resolvió la destitución de la jueza, sobre dos argumentos principales: el no cumplimiento de plazos procesales de acuerdo con el criterio que había propuesto el Superior Tribunal de Justicia, a fin de no afectar el servicio de justicia; y la actuación en el citado caso de abuso sexual de una niña, en la que liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente al momento de la declaración de la víctima, aunque posteriormente ese error fue subsanado y la medida se revirtió, según argumentó su defensora durante el juicio contra la magistrada.

Restitución en el cargo

Poco después, durante los primeros meses de 2014, Suárez interpuso un recurso de amparo contra la decisión del Consejo de la Magistratura, al considerar que la decisión de remitir su caso al Tribunal de Enjuiciamiento había sido arbitraria, convencida de que se trató de una acción política promovida por Di Pierro.

Bajo el argumento de que la decisión fue “arbitraria y extemporánea”, al señalar que en otros casos de evaluación insatisfactoria no se había promovido el juicio de destitución, sino una sanción administrativa desde el Superior Tribunal de Justicia, el amparo tuvo una consecuencia inmediata: primero, el entonces juez civil Gustavo Sanca la repuso en el cargo, del que había sido suspendida el 6 de junio de 2013.

Luego, el mismo juez falló en favor de Suárez y resolvió el amparo a su favor, al considerar fundados los argumentos en contra del proceso de evaluación y dejando sin efecto las consecuencias de aquella decisión de promover su destitución, lo que posteriormente sería ratificado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

En esa instancia, la jueza consideró que se había vulnerado su derecho a la defensa y las garantías constitucionales del debido proceso, además de cuestionar la validez legal de promover la destitución como consecuencia de una evaluación insatisfactoria.

Como consecuencia, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la reposición de la magistrada en el cargo, lo que fue oficializado el 9 de septiembre del año 2015. En aquel momento el caso generó fuertes controversias, ya que desde el Consejo de la Magistratura se cuestionó la revisión en ámbitos judiciales de la decisión adoptada por dicho órgano constitucional, lo que además había motivado fuertes críticas de la jueza hacia la actuación del cuerpo.